Pe?a Nieto exige que las autodefensas se sometan a un examen para ser legales

El presidente Pe?a Nieto ha aplaudido el acuerdo alcanzado este lunes entre su Gobierno, el Ejecutivo michoacano y los grupos de autodefensa -civiles armados- de la entidad para que estos se legalicen, pero con condiciones.

A pocos minutos de aterrizar en La Habana para participar en la cumbre de la CELAC, el mandatario mexicano expres¨® a los periodistas que hab¨ªa sido informado del pacto y abog¨® por que estos grupos tengan un cauce institucional, siempre y cuando antes realicen las llamadas pruebas de confianza. En M¨¦xico, este sistema de evaluaci¨®n, previsto en el reglamento de la ley org¨¢nica de la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica, comprende una serie de ex¨¢menes para detectar vulnerabilidades en el personal:?evaluaci¨®n m¨¦dica, toxicol¨®gica, de aptitudes f¨ªsicas, psicol¨®gica, del entorno social y situaci¨®n patrimonial,? poligr¨¢fica (el detector de mentiras) y del desempe?o. "Quienes quieran integrarse deber¨¢n aprobar ex¨¢menes de confianza y podr¨¢n formar parte de las guardias rurales", manifest¨®.

Unas horas antes de las declaraciones del presidente, representantes de las autodefensas de Michoac¨¢n, al suroeste de M¨¦xico, y de los gobiernos federal y estatal hab¨ªan llegado a un acuerdo para permitir la incorporaci¨®n de los grupos de civiles armados a la "vida institucional".

Pese a la firma del pacto, en la ma?ana del martes un grupo de hombres armados comenz¨® a patrullar en el municipio de Yur¨¦cuaro, de unos 30.000 habitantes, en los l¨ªmites de Michoac¨¢n y Jalisco. Algunos miembros de las autodefensas han se?alado que no dejar¨¢n las armas ni los planes de avance. "Hay personas que no est¨¢n satisfechas, pero nosotros queremos legalizarnos, que no piensen que somos un c¨¢rtel", aseguraba este martes Arturo Barrag¨¢n, portavoz de las guardias comunitarias de Tepalcatepec.

El documento, sellado tan solo dos semanas despu¨¦s de que el Ejecutivo de Pe?a Nieto y el Gobierno de Michoac¨¢n acordaran una intervenci¨®n de las fuerzas de seguridad en la entidad para frenar la escalada de violencia, se present¨® el mismo d¨ªa en que la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n anunciaba la captura de uno de los principales l¨ªderes de c¨¢rtel de Los Caballeros Templarios, Dionisio Loya Plancarte, conocido como El T¨ªo. El texto, que contempla la integraci¨®n de los civiles a los cuerpos de defensa rurales,?supone un punto de inflexi¨®n en la batalla librada durante los ¨²ltimos once meses en una entidad azotada por la violencia del narcotr¨¢fico.

El 24 de febrero de 2013, vecinos de varios municipios de la regi¨®n econ¨®mica de Tierra Caliente, una zona pobre dedicada fundamentalmente al cultivo del lim¨®n, decidieron levantarse en armas contra los abusos de los Templarios, una escisi¨®n de la Familia Michoacana que domina la zona desde 2011. Tras a?os de extorsiones, secuestros y asesinatos, en junio pasado, Jos¨¦ Manuel Mireles, uno de los portavoces del movimiento de autodefensas, denunci¨® en los medios que la situaci¨®n estall¨® cuando el crimen organizado empez¨® a llevarse a sus mujeres. Despu¨¦s de echar a los Templarios y a los presidentes municipales de las poblaciones organizadas, en el ¨²ltimo trimestre del a?o, las guardias comunitarias hab¨ªan tratado de avanzar hacia territorios bajo el dominio del narco. La toma de varios municipios provoc¨® el rechazo de las autoridades, que aseguraron ya en noviembre que no permitir¨ªan que las autodefensas siguieran tomando la justicia por su mano.?

"El acuerdo es un primer paso, pero resulta decisivo para el cumplimiento de la estrategia en favor de la seguridad y el desarrollo de Michoac¨¢n; ya que permitir¨¢ devolver progresivamente la normalidad a la entidad", asegur¨® el lunes en un comunicado Alfredo Castillo, comisionado?para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoac¨¢n, un cargo creado hace apenas 15 d¨ªas con la misi¨®n expresa de negociar la paz en el Estado.?

El texto enviado por el Gobierno contempla ocho puntos para hacer efectiva la legalizaci¨®n de las guardias comunitarias:

1. Las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales. Para este fin, los l¨ªderes de las autodefensas presentar¨¢n una lista con todos los nombres de sus integrantes, los cuales ser¨¢n validados con la formaci¨®n del expediente respectivo, controlado por la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional. Estos cuerpos ser¨¢n temporales y estar¨¢n bajo el mando de la autoridad en los t¨¦rminos de las disposiciones aplicables.

2. Para la protecci¨®n de sus comunidades, personal de las autodefensas podr¨¢ formar parte de la Polic¨ªa Municipal siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del Cabildo de su Ayuntamiento para ser propuesto para formar parte de dicha polic¨ªa.

3. Las autodefensas se obligan a registrar las armas que actualmente poseen o portan ante la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P¨²blica o, en su caso, la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional, se comprometen a dotarlos de las herramientas necesarias para su comunicaci¨®n, traslado y operaci¨®n.

4. Se acuerda que en los municipios en conflicto se llevar¨¢ a cabo una auditor¨ªa del uso de los recursos p¨²blicos, conforme a las disposiciones legales aplicables.

5. Se establece la rotaci¨®n de los Agentes del Ministerio P¨²blico Federal y Local, as¨ª como la instrumentaci¨®n de unidades m¨®viles de Ministerio P¨²blico.

6. La Comisi¨®n para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoac¨¢n se compromete a mantener comunicaci¨®n permanente con las autoridades municipales de la zona para ofrecerles el apoyo conforme a las facultades que tiene dicha Comisi¨®n.

7. Para el caso de las personas que fueron detenidas por portaci¨®n de arma de fuego y que se encuentran en libertad provisional bajo cauci¨®n, se har¨¢n las gestiones pertinentes para que puedan firmar en el estado de Michoac¨¢n, sin tener que trasladarse a otras entidades federativas.

8. En el caso de los servidores p¨²blicos municipales y estatales que tengan responsabilidad penal o administrativa, y que se encuentre totalmente acreditada, se les aplicar¨¢ todo el peso de la ley.