El pr¨ªncipe Carlos trata de evitar que se publiquen 27 cartas comprometedoras

Carlos de Inglaterra cada vez est¨¢ m¨¢s cerca de protagonizar una pol¨¦mica que tiene el potencial de cuestionar la neutralidad que le exige para ser rey. Ya solo el Tribunal Supremo, ¨²ltima instancia del sistema judicial brit¨¢nico desde que se cre¨® en 2009 para separar esa funci¨®n de la C¨¢mara de los Lores, puede impedir que se publiquen 27 cartas personales enviadas por el pr¨ªncipe a siete departamentos ministeriales entre 2004 y 2005, en las que expresa sus puntos de vista con tal franqueza que algunos creen que puede estar faltando a la exigencia de neutralidad pol¨ªtica que pesa sobre la monarqu¨ªa brit¨¢nica.

El Gobierno lleva ya muchos a?os intentando que esas cartas no lleguen a ser publicadas por el diario The Guardian, que las pidi¨® en su d¨ªa en base a la ley de Libertad de Informaci¨®n (FOI en sus siglas en ingl¨¦s). Pero el ejecutivo, primero los laboristas y luego la coalici¨®n de conservadores y liberales-dem¨®cratas, se opone con el argumento de que las fuertes opiniones que muestra el pr¨ªncipe en esas misivas podr¨ªan dar la impresi¨®n de que rompe la neutralidad pol¨ªtica que se le exigir¨¢ cuando sea monarca. Esa es, precisamente, la raz¨®n por la que las cartas deben ser publicadas, responden quienes est¨¢n a favor de que la gente sepa qu¨¦ le ha dicho el pr¨ªncipe a qu¨¦ ministro sobre qu¨¦ tema y cu¨¢ndo.

En estos d¨ªas, un tribunal de apelaci¨®n formado por tres magistrados y encabezado por el jefe de la judicatura en Inglaterra y Gales, lord Dyson, ha rechazado la apelaci¨®n presentada en su d¨ªa por el fiscal general del reino, Dominic Grieve, que intentaba as¨ª revocar la sentencia a favor de la publicaci¨®n de las cartas dictada en septiembre de 2012 por un tribunal independiente. Ese tribunal hab¨ªa a su vez tumbado el veto a la publicaci¨®n de las cartas impuesto por Grieve en 2010 despu¨¦s de que la C¨¢mara Administrativa de Apelaciones. que decide si se han de publicar o no documentos que el Gobierno intenta evitar que se publiquen a trav¨¦s de la Ley de Libertad de Informaci¨®n, se pronunciara a favor.

La insistencia de ambas partes en conseguir su objetivo no se basa en una curiosidad morbosa por desvelar chascarrillos, sino para evaluar, o impedir que se pueda evaluar, hasta qu¨¦ punto el pr¨ªncipe Carlos ha traspasado o no las l¨ªneas rojas de la neutralidad pol¨ªtica de la corona y si eso puede ensombrecer su reinado cuando herede el trono que desde hace m¨¢s de 60 a?os ocupa se madre, la reina Isabel II.

El soberano tiene derecho a opinar. Al menos hasta cierto punto. La convenci¨®n del sistema constitucional brit¨¢nico se?ala que el monarca tiene el derecho a ser consultado, el derecho de aconsejar y el derecho de advertir. Esa formulaci¨®n se confirm¨® a mediados de los a?os 1980 de manera algo m¨¢s precisa: el monarca tiene el derecho y tambi¨¦n la obligaci¨®n de expresar al primer ministro sus opiniones sobre la pol¨ªtica del Gobierno, pero al mismo tiempo est¨¢ obligado a actuar bajo el asesoramiento de los ministros sean cuales sean sus propias opiniones. Lo que no puede de ninguna manera es mostrar partidismo pol¨ªtico.

?Han mostrado ese partidismo las opiniones expresadas por el pr¨ªncipe Carlos en esas 27 cartas que los jueces creen que tienen inter¨¦s p¨²blico como para ser publicadas? ?Han alterado de forma partidista la pol¨ªtica del Gobierno? De momento hay informaci¨®n de que fueron enviadas entre septiembre de 2004 y abril de 2005 a los departamentos responsables de Negocios, Sanidad, Educaci¨®n, Medio Ambiente, Cultura e Irlanda del Norte y al Cabinet Office. Tambi¨¦n sabemos que en ellas el heredero expresa ¡°sus m¨¢s profundos puntos de vista y creencias¡± y que en algunos casos lo hace ¡°con particular franqueza¡±. Tambi¨¦n sabemos que, de publicarse, no ser¨ªa el principio de una larga lista de cartas de Carlos, sino m¨¢s el canto del cisne. El Gobierno modific¨® en 2010 la ley de Libertad de Informaci¨®n para excluir de ella todas las cartas de la familia real, incluso las que, como estas 27, pueden ser del inter¨¦s p¨²blico. Tras la aprobaci¨®n de esa enmienda, la correspondencia del heredero se pude acoger a una exenci¨®n de 20 a?os o cinco a?os desde la muerte del afectado antes de que pueda ver la luz.