Berl¨ªn planea echar a los comunitarios que no logren empleo en seis meses

Con el objetivo de limitar la ¡°inmigraci¨®n de la pobreza¡±, el Gobierno de coalici¨®n alem¨¢n ha puesto en marcha un delicado y controvertido proceso con el objetivo de expulsar del pa¨ªs a los inmigrantes comunitarios que no encuentren trabajo en un plazo de tres o seis meses. Est¨¢ previsto que las medidas, que se concretar¨¢n a partir de junio, afecten a los inmigrantes de todos los pa¨ªses de la UE.

Con la vista puesta en los trabajadores rumanos y b¨²lgaros ¡ªsobre todo, de etnia gitana¡ª y para evitar que utilicen la libre circulaci¨®n que garantiza la Uni¨®n Europea para beneficiarse del generoso sistema social que impera en el territorio germano, el Ejecutivo de Angela Merkel dio ayer un paso al frente m¨¢s amplio. Aprob¨® un informe de 133 p¨¢ginas ¡ªelaborado por un panel de expertos de varios ministerios¡ª donde se propone conceder un plazo de entre tres y seis meses para que cualquier inmigrante comunitario pueda encontrar un trabajo en Alemania. Si al cabo de ese tiempo no ha logrado empleo, deber¨¢ regresar a su pa¨ªs.

El ministro del Interior, Thomas de Maizi¨¨re, y su colega de Trabajo, Andrea Nahles, presentaron ante la prensa el documento, titulado Cuestiones jur¨ªdicas y desaf¨ªos en el uso de los sistemas de seguridad social por parte de los nacionales de los Estados miembros de la UE. ¡°El n¨²mero de inmigrantes procedentes de Bulgaria y Ruman¨ªa y los problemas sociales que est¨¢n parcialmente asociados a la inmigraci¨®n son manejables y controlables a nivel nacional, pero representan un problema en varias ciudades espec¨ªficas que tienen bolsones de pobreza¡±, dijo el ministro de Maizi¨¨re. Calific¨® el aumento de la inmigraci¨®n en Alemania (un 5,8% m¨¢s en 2013, hasta sumar 7,6 millones de personas) como una ¡°buena noticia¡±. ¡°Los inmigrantes aportan bienestar a nuestro pa¨ªs¡±, dijo.

El texto pone ¨¦nfasis en la lucha contra el fraude que, seg¨²n las autoridades alemanas, realizan numerosos inmigrantes comunitarios que llegan desde Europa del Sur y del Este. Los expertos recomiendan que quienes cometan el delito de fraude social deben ser expulsados y castigados con una prohibici¨®n temporal para poder volver a Alemania.

Para evitar el abuso, las autoridades pedir¨¢n a los inmigrantes de la UE que soliciten las ayudas sociales un n¨²mero de identificaci¨®n fiscal, una medida que puede garantizar, por ejemplo, el n¨²mero de personas que integran la familia del solicitante.

La idea de endurecer el control de la llegada al pa¨ªs de los inmigrantes pobres, que tambi¨¦n han sido bautizados como ¡°turistas sociales¡±, naci¨® a fines del a?o pasado en Baviera. El estado federado m¨¢s rico de Alemania decidi¨® rescatar de su arsenal pol¨ªtico las peligrosas armas del populismo de derecha para impedir que miles de rumanos y b¨²lgaros puedan viajar a Alemania para buscar trabajo y, al mismo tiempo, disfrutar del generoso sistema social que ofrece el pa¨ªs a sus trabajadores.

Las autoridades alemanas creen que unos 200.000 trabajadores rumanos y b¨²lgaros llegar¨¢n al pa¨ªs este a?o, atra¨ªdos por la prosperidad econ¨®mica, pero tambi¨¦n por las generosas ayudas sociales que reciben todas las personas con un contrato de trabajo. Ahora viven en Alemania unos 267.398 rumanos y 146.828 b¨²lgaros y solo un 7% est¨¢ sin trabajo.

La pol¨¦mica la desat¨® a finales del a?o pasado el jefe del Gobierno b¨¢varo, Horst Seehofer, quien calific¨® a los futuros inmigrantes como ¡°peligrosos turistas sociales¡±. Bajo el lema ¡°el que enga?a vuela¡±, la CSU propuso eliminar las prestaciones sociales en los primeros tres meses de estancia y hacer posible la expulsi¨®n del pa¨ªs de todas las personas que hayan enga?ado, por ejemplo, con documentos falsos a las autoridades para obtener un empleo o las prestaciones sociales.

El documento de la CSU provoc¨® una crisis en el seno del Gobierno de Merkel el pasado enero. Para impedir un da?o mayor a la unidad del Ejecutivo ¡ªque ayer cumpli¨® 100 d¨ªas¡ª la canciller Angela Merkel y el vicecanciller y ministro de Econom¨ªa, el socialdem¨®crata Sigmar Gabriel, acordaron crear una comisi¨®n de expertos para que analizaran el problema y buscaran soluciones destinadas a impedir ¡°el fraude a las prestaciones sociales¡±.

El resultado es el informe de ayer. ¡°Esta medida no es compatible con el derecho de la Uni¨®n¡±, dijo a este diario Volker Beck, portavoz de Los Verdes. Sin embargo, la norma europea reconoce el derecho de residencia para los trabajadores, pero no de forma ilimitada. La mayor parte de las propuestas del informe son compatibles con la literalidad de la directiva de libre circulaci¨®n, aunque habr¨¢ que ver c¨®mo se trasladan a la legislaci¨®n alemana.

El peri¨®dico conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung resumi¨® el contenido del informe con un t¨ªtulo sugerente: ¡°El que no encuentre trabajo, tiene que irse¡±.