La comisar¨ªa que vigila a periodistas y medios en Ecuador aplica la mano dura

El periodista Carlos Ochoa acaba de cumplir seis meses como titular de la nov¨ªsima Superintendencia de la Informaci¨®n y la Comunicaci¨®n, creada para ejecutar la Ley de Comunicaci¨®n. Este periodista fue elegido en octubre pasado de una terna propuesta por el presidente Rafael Correa? y dej¨® los plat¨®s de televisi¨®n para convertirse en un juez de los medios de comunicaci¨®n y de sus colegas. Su designaci¨®n fue pol¨¦mica por su apego al Gobierno pues ven¨ªa de dirigir el noticiero en uno de los canales de televisi¨®n incautados por el Estado y antes estuvo en el canal p¨²blico.

Su rechazo a los medios de comunicaci¨®n privada era notario, en las columnas de opini¨®n que escrib¨ªa para el diario cercano al Gobierno PP?El Verdadero, Ochoa se refer¨ªa a la prensa privada con calificativos como: dependientes del poder, representantes o defensores de un sistema excluyente y generador de miseria, agoreros del desastre y miserables.

Aquella parcialidad ha quedado en evidencia durante el poco tiempo que lleva al frente de la Superintendencia de la Informaci¨®n y la Comunicaci¨®n. Las sanciones que ha impuesto, y que se han hecho p¨²blicas gracias a los demandados, han afectado solamente a periodistas de los medios privados y las primeras multas han reca¨ªdo en los diarios El Universo y Extra, condenados a pagar el 10% del promedio de su facturaci¨®n trimestral. El primero fue sancionado por no haber dado informaci¨®n veraz y contrastada en una caricatura, y el segundo por negarse a rectificar un par de titulares tachados de morbosos.

?l ¨²ltimo caso que pas¨® por el tribunal de Ochoa fue el pedido de sancionar al periodista veterano Diego Oquendo (vapuleado constantemente por el presidente Rafael Correa), por supuestamente haber instigado el linchamiento medi¨¢tico de nuevo a una exministra de Educaci¨®n, que fue desprestigiada en los a?os noventa por copiar su tesis doctoral. Al final este caso no fue a m¨¢s, pero analistas de la comunicaci¨®n como C¨¦sar Ricaurte, director de la ONG Fundamedios, opina fue "un llamado de atenci¨®n".

Los medios de comunicaci¨®n del Estado no han recibido ninguna sanci¨®n, al menos no se ha conocido p¨²blicamente. La ¨²nica queja contra los medios del oficialismo que trascendi¨® fue descartada en pocos d¨ªas. La denunciante fue la activista pol¨ªtica de centroizquierda Martha Rold¨®s que reclam¨® por haber sufrido linchamiento medi¨¢tico de parte del peri¨®dico p¨²blico El Tel¨¦grafo y el concierto de medios gobiernistas que durante diez d¨ªas replicaron como noticia su iniciativa de buscar financiamiento en Estados Unidos para crear una agencia de noticias. "Hicieron una interpretaci¨®n novelesca de mis correos electr¨®nicos, que adem¨¢s fueron hackeados, e iniciaron un linchamiento medi¨¢tico, no fue una menci¨®n, fue el diario El Tel¨¦grafo, m¨¢s la Agencia Andes, m¨¢s la radio p¨²blica y hasta hubo un especial de tres partes en los canales incautados por el Estado, en horario prime-time, todos reflejaban esa visi¨®n delirante y paranoica de que un peque?o proyecto realizado por ciudadanos ecuatorianos pretend¨ªa desestabilizar a los gobiernos progresistas de la regi¨®n y esto se hizo eco hasta en las sabatinas (rendici¨®n de cuentas semanal de Rafael Correa)", cuenta Rold¨®s.

La denuncia de Rold¨®s fue archivada con el ¨²nico argumento de que no se hab¨ªa adjuntado la copia del documento de identidad de la demandante. "Esto es un tecnicismo, me pod¨ªan haber comunicado que faltaba esto para completar la denuncia que present¨¦ personalmente, pero nada, ni siquiera nos comunicaron del archivo de la queja, yo me enter¨¦ por una periodista, por eso digo que yo mismo comprob¨¦ que la Ley de Comunicaci¨®n a m¨¢s de inconstitucional, tambi¨¦n es discrecional en su aplicaci¨®n", dice la afectada.

La Superintendencia de la Informaci¨®n y la Comunicaci¨®n se ha negado a dar detalles de los procesos que ha conocido en estos seis meses. En su sitio web solo ha publicado datos generales sobre el casi centenar de denuncias que ha recibido hasta marzo pasado. En el bolet¨ªn se?ala que 36% de los reclamos tiene relaci¨®n con pedidos de rectificaci¨®n de noticias difundidas por los medios de comunicaci¨®n y que la mayor¨ªa de las quejas involucra a medios audiovisuales (42%), seguido en un menor porcentaje por medios impresos (33%), radiales (20%) y digitales (5%). De esas denuncias se han resuelto 77; 14 cuentan con resoluci¨®n sancionatoria, tres han sido archivadas y otros 60 no han terminado el tr¨¢mite por desistimiento de una de las partes, falta de documentaci¨®n, entre otras razones.

Este peri¨®dico, particularmente, hizo un pedido para entrevistar a Carlos Ochoa en febrero y reci¨¦n en esta semana recibi¨® un correo electr¨®nico para remitir los temas a tratar durante el encuentro y la disculpa fue que el departamento de Coordinaci¨®n General de Imagen y Comunicaci¨®n de la Superintendencia est¨¢ en proceso de conformaci¨®n. La ONG Fundamedios ha apelado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica para obtener m¨¢s detalles de los procesos, pero ya ha recibido dos negativas porque no se ha explicado para qu¨¦ se usar¨¢ esa informaci¨®n. Para su director, C¨¦sar Ricaurte, hay "una voluntad deliberada de ocultar los procesos de juzgamiento a los medios de comunicaci¨®n, eso deber¨ªa ser p¨²blico, no hay ning¨²n art¨ªculo en la Ley que diga que eso es informaci¨®n reservada".

Ricaurte tambi¨¦n habla de la implementaci¨®n de la censura previa. "La Ley se ha convertido en una herramienta para castigar l¨ªneas editoriales y para amedrentar a los periodistas cr¨ªticos al Gobierno", se?ala. "Si uno ve el castigo contra diario El Universo lo que le dicen es que si usted no censura las caricaturas, los contenidos, incluso de sus editorialistas, usted puede ser castigado. Eso es censura previa".

Fundamedios tiene reportes de que ya existen abogados trabajando codo a codo con los periodistas en las redacciones. "Los abogados revisan las p¨¢ginas, las notas, para buscar una situaci¨®n de riesgo que podr¨ªa conducir a la apertura de un proceso contra el medio y esa nota se la descarta o se la rehace, algunos medios han adoptado esta pr¨¢ctica y es natural, los medios no quieren someterse a procesos que conduzcan a multas millonarias", dice Ricaurte

Vicente Ordo?ez, presidente de la Uni¨®n Nacional de Periodistas, considera que con tantas restricciones al final pierde la sociedad. "Esta instituci¨®n (la Superintendencia de la Informaci¨®n y la Comunicaci¨®n) se ha convertido en una especie de comisar¨ªa que vigila el trabajo de periodistas y los medios de comunicaci¨®n y se denota una clara intenci¨®n de poner miedos a los medios y periodistas y eso afecta a la fluidez de la informaci¨®n".

El caricaturista Xavier Bonilla (Bonil), que tuvo que rectificar una de sus vi?etas, por la que El Universo tuvo que pagar en torno a 90.000 d¨®lares, dice que ha habido suficientes indicios de que la Superintendencia se hace "eco de las acciones de revanchismo del r¨¦gimen" y le preocupa que este organismo siga trabajando al margen de la demanda de inconstitucional que se plante¨® en contra de la Ley de Comunicaci¨®n hace siete meses en la Corte Constitucional.

La legitimidad de la Superintendencia de la Informaci¨®n tambi¨¦n est¨¢ en duda porque su creaci¨®n no fue discutida en la Asamblea Nacional. La creaci¨®n de este organismo simplemente apareci¨® de la noche a la ma?ana dentro de ese conjunto de art¨ªculos de la Ley de Comunicaci¨®n que no fueron debatidos por los legisladores.

Para el investigador Christian Oquendo, que elabor¨® un informe sobre la gesti¨®n de Ochoa, es muy dif¨ªcil justificar dede la Academia las acciones de la Superintendencia de la Informaci¨®n y la Comunicaci¨®n tomando en cuenta par¨¢metros ¨¦ticos, deontol¨®gicos o incluso teor¨ªas de la comunicaci¨®n. "Se ha organizado una suerte de tenaza que opera al nivel institucional, judicial y medi¨¢tico para acallar y limitar las opiniones de los cr¨ªticos y opositores al Gobierno", concluye en un escrito.