Inicia en Per¨² el juicio por la matanza de la Curva del diablo

Este mi¨¦rcoles 14 comienza el juicio por los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en Bagua, peque?a ciudad de la Amazonia norte de Per¨² en un trecho de la carretera conocido como Curva del diablo. Con los a?os, las pruebas de lo ocurrido ese d¨ªa muestran lo inoportuno del operativo policial que termin¨® con 33 muertes y un desaparecido. Era el fin de un paro en la Amazonia que se hab¨ªa levantado en contra de decretos legislativos aprobados por el Gobierno de Alan Garc¨ªa?sin consulta y que modificaron el r¨¦gimen de uso de la tierra y la extracci¨®n de recursos en la selva. Es el primer proceso judicial acerca del conflicto social y medioambiental m¨¢s grave que ha tenido Per¨².?

Dos organizaciones de la Amazonia peruana representan hace tres d¨¦cadas a todas las federaciones ind¨ªgenas de la selva. Una de ellas lider¨® las movilizaciones de agosto de 2008 contra los decretos legislativos que cambiaban el r¨¦gimen del uso del agua y de la tierra ¨Cpor ejemplo, disminu¨ªan el n¨²mero de comuneros necesarios en una asamblea para decidir sobre un territorio comunal ante el inter¨¦s de un privado-. Como los acuerdos con el Gobierno no se cumplieron, el paro amaz¨®nico empez¨® nuevamente en abril de 2009, mediante el bloqueo de carreteras en la selva norte y luego con la toma pac¨ªfica de una estaci¨®n petrolera.

Antes del paro, el Tribunal Constitucional, luego de una demanda interpuesta por la Defensor¨ªa del Pueblo, hab¨ªa emitido una sentencia que declaraba la inconstitucionalidad de varios de los decretos en controversia. El presidente de la organizaci¨®n Aidesep, Alberto Pizango, inici¨® un di¨¢logo con el entonces primer ministro Yehude Simon, para abordar la cuesti¨®n; sin embargo Simon ped¨ªa que le detallaran qu¨¦ fragmentos de las normas quer¨ªan corregir, mientras que el mandato que ten¨ªa Pizango de sus representados era la derogatoria de las normas.

El 4 de junio de 2009 el Congreso deb¨ªa votar la derogatoria, pero el presidente del Legislativo suspendi¨® r¨¢pidamente por falta de cu¨®rum la sesi¨®n. En la carretera, miles de manifestantes ind¨ªgenas esperaban los resultados, pero sufrieron una decepci¨®n. Seg¨²n los relatos del apu (jefe) Santiago Manuin, expremio Reina Sof¨ªa, y de la religiosa Mar¨ªa del Carmen G¨®mez, varios hombres estaban cansados y enfermos en la carretera y comunicaron a la polic¨ªa y otras autoridades que estaban organizando el retorno al d¨ªa siguiente, el 5 de junio.

¡°La movilizaci¨®n de los comit¨¦s comunales a la carretera implic¨® el traslado y estad¨ªa de entre 1500 y 2.000 manifestantes expuestos a la inclemencia del tiempo y el alojamiento precario empezaron a presentarse molestias de salud por las condiciones locales y el exceso de calor¡±, indica La verdad de Bagua, el informe en minor¨ªa elaborado por G¨®mez Calleja y Jes¨²s Manac¨¦s, una de las siete investigaciones de los hechos desde 2009.

Pese a las pruebas de las coordinaciones log¨ªsticas y de transporte para que los miles de manifestantes volvieran a sus comunidades desde el 5 de junio, la orden desde Lima se mantuvo y el viernes 5 empez¨® a las 5:30 con disparos desde helic¨®pteros y desde lo alto de un cerro en la Curva del Diablo. El informe de G¨®mez y Manac¨¦s indica que un grupo de manifestantes, hombres y mujeres, sin armas se acercaron a subir al cerro.

Uno de ellos, Manuin, hizo se?ales para pedir el cese del fuego y recibi¨® varios disparos en el abdomen. La principal radio de noticias de Lima inform¨® posteriormente de que hab¨ªa muerto. Los polic¨ªas no ten¨ªan equipos de comunicaci¨®n efectivos, no hab¨ªan hecho un reconocimiento completo de la zona antes de subir y un grupo fue rodeado por los manifestantes, quienes les arrebataron los fusiles AKM. M¨¢s tarde, en otro punto cercano a la Estaci¨®n petrolera tomada por otros ind¨ªgenas, un grupo radical se organiz¨® para ir a cobrar venganza con los polic¨ªas que permanec¨ªan en esa instalaci¨®n y los asesinaron con disparos de perdig¨®n, a golpes o con arma blanca. La mayor cantidad de manifestantes que estaban desde el inicio de la toma de dicha instalaci¨®n huyeron al ver la intenci¨®n de ese grupo. Esta versi¨®n la ha confirmado el ingeniero jefe de la estaci¨®n en el documental La Espera y en la entrevista con la religiosa espa?ola G¨®mez Calleja.

Sin embargo, el juicio que empieza este mi¨¦rcoles en Bagua, es solo por los hechos de la carretera y la fiscal¨ªa ha acusado a 52 personas, la mayor¨ªa ind¨ªgenas o l¨ªderes de organizaciones awaj¨²n y wamp¨ªs. En abril, la Defensor¨ªa del Pueblo solicit¨® al Poder Judicial disponga ciertas condiciones para que el proceso asegure justicia, como la contrataci¨®n de int¨¦rpretes y traductores.

La Defensor¨ªa y tres ONG de Lima que defienden los derechos de los acusados han pedido adem¨¢s que el tribunal se encargue preferiblemente de este caso para que las audiencias no sean tan espaciadas, debido a que los citados viven en comunidades muy alejadas de Bagua.

La Comisi¨®n Episcopal de Acci¨®n Social (CEAS) refiri¨® el viernes a EL PA?S que de los 53 acusados, dos tienen detenci¨®n domiciliaria, uno est¨¢ preso en el penal de Huancas (Amazonas), 20 permanecen en comparecencia restringida (deben firmar un cuaderno) y 27 en comparecencia simple, es decir, libres. CEAS defender¨¢ a 29 personas.

En una conferencia de prensa organizada por instituciones que exigen un juicio justo, debido a que las acusaciones carecen de pruebas, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, Roc¨ªo Silva Santisteban, detall¨® la condici¨®n de uno de los citados a juicio: Danny L¨®pez Shawit, a quien la justicia le impidi¨® volver a su casa, en su comunidad, alegando que de all¨ª pod¨ªa fugar. ¡°Est¨¢ acompa?ado por su esposa e hijos, sin poder trabajar, en un espacio alquilado en Bagua, pagado por instituciones que le ayudan, donde los polic¨ªas incluso lo acechaban cuando sal¨ªa a tender la ropa lavada¡±.

Feliciano Cahuasa, el ¨²nico ind¨ªgena que permanece en prisi¨®n, ha sido retenido cuando por el caso Curva del Diablo le cambiaron la orden detenci¨®n por comparecencia. Ese d¨ªa lo involucraron en otro proceso judicial, por la desaparici¨®n del mayor de la polic¨ªa, Felipe Baz¨¢n: en la ¨²ltima fotograf¨ªa del oficial durante el operativo aparece caminando sujetado por hombres de la misma comunidad de Cahuasa. La pertenencia geogr¨¢fica fue el motivo por el cual ordenaron su requisitoria y prisi¨®n, inform¨® Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, que patrocina a seis personas.

Ismael Vega, representante del Centro Amaz¨®nico de Antropolog¨ªa y Aplicaci¨®n Pr¨¢ctica (CAAAP), coment¨® que este juicio ¡°es una oportunidad para que las relaciones -entre el Gobierno y los ind¨ªgenas- marcadas por el conflicto y la exclusi¨®n y la relaci¨®n sim¨¦trica, comiencen a cambiar¡±.

El Poder Judicial levanta este lunes una huelga de 46 d¨ªas y la Sala Penal Liquidadora de Bagua se har¨¢ cargo de un proceso que durante un a?o y medio pugn¨® por trasladar a Lima. Hace un par de a?os Santiago Manuin -hoy consejero regional de Amazonas, en representaci¨®n de su provincia, Condorcanqui,-dijo que era injusto que tantos ind¨ªgenas y wamp¨ªs estuvieran detenidos, sin juicio. El abogado Rivera ha indicado que pedir¨¢n que el tribunal cite como testigos a exministros que tuvieron responsabilidad pol¨ªtica en el origen del conflicto y jefes policiales que estuvieron a cargo del operativo.