La violencia contra mujeres y menores lastra la inclusi¨®n social en Latinoam¨¦rica

Violencia, marginaci¨®n, pobreza, discriminaci¨®n por g¨¦nero y raza, abandono escolar y escasez de puestos de trabajo con garant¨ªas en Honduras, el Salvador y Guatemala constituyen el combustible "t¨®xico" del ¨¦xodo de decenas de miles de menores solos e indocumentados hacia Estados Unidos. Esta es una de las conclusiones del tercer ?ndice sobre Inclusi¨®n Social en Am¨¦rica que hoy publica la organizaci¨®n Americas Society/Council of the Americas (AS/COA). Los tres pa¨ªses citados est¨¢n en la cola de una clasificaci¨®n que mide a 17 Estados a trav¨¦s de 21 variables que determinan la capacidad de sus ciudadanos para acceder a determinados bienes y servicios. Uruguay, Argentina y Costa Rica encabezan, por este orden, la clasificaci¨®n en un continente que, pese a sus indudables avances y crecimiento econ¨®mico en la ¨²ltima d¨¦cada, no ha logrado erradicar grav¨ªsimos problemas de exclusi¨®n social. La lamentable situaci¨®n de la mujer en cuanto a derechos y oportunidades en muchos pa¨ªses y la inseguridad producto de la marginaci¨®n de los m¨¢s j¨®venes en Centroam¨¦rica constituyen los dos puntos a los que el informe dedica un an¨¢lisis m¨¢s profundo. "Hace 20 a?os habl¨¢bamos de democracia; hace 10, de econom¨ªa; hoy, de inclusi¨®n social. Sin duda hemos avanzado", declar¨® Susan Segal, presidenta de AS/COA, durante la presentaci¨®n del informe en Nueva York.

Pobreza y violencia no constituyen una correlaci¨®n autom¨¢tica, como recuerdan los investigadores Matthew Budd y Marcela Donadio, miembros de la organizaci¨®n Red de Seguridad y Defensa de Am¨¦rica Latina, en un art¨ªculo que acompa?a al informe en Americas Quarterly, la revista de la AS/COA. Para corroborar esta idea, recuerdan que Nicaragua, un pa¨ªs mucho m¨¢s pobre que sus vecinos (1.750 d¨®lares de PIB per c¨¢pita y 162 d¨®lares de salario m¨ªnimo), tiene una tasa de homicidios (11 por cada 100.000 habitantes) muy inferior a la de Honduras (85), El Salvador (41) o Guatemala (34). Asimismo, apenas figuran ni?os nicarag¨¹enses entre los llegados a la frontera de Estados Unidos. ¡°La exclusi¨®n social es mucho m¨¢s que pobreza y desigualdad. Tiene que ver con un sentido de pertenencia a un grupo. La marginaci¨®n genera la sensaci¨®n de ser un extra?o e, inevitablemente, de inseguridad, lo que conduce a comportamientos violentos en busca de justicia y seguridad. La inclusi¨®n social crea v¨ªnculos y seguridad. En contraste, un entorno de inseguridad cercena libertades y la posibilidad de inclusi¨®n social. En Centroam¨¦rica estos fen¨®menos se refuerzan mutuamente en una mezcla turbulenta. Los m¨¢s j¨®venes de la regi¨®n son cada vez m¨¢s las v¨ªctimas y los verdugos de la violencia¡±, afirman Budd y Donadio.

Para la periodista y escritora estadounidense Sonia Nazario, autora del aclamado premio Pulitzer El viaje de Enrique, los 40.000 menores centroamericanos (el 40% son ni?as) que han intentado cruzar la frontera de EE UU con M¨¦xico (se calcula que la cifra ascender¨¢ a 90.000 a finales de a?o) no son emigrantes, sino refugiados que huyen de un pavoroso escenario de violencia. Los datos avalan su apreciaci¨®n. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados entrevist¨® a 404 ni?os llegados desde Honduras, El Salvador y Guatemala. El 58% explic¨® que su principal motivo para intentar llegar a EE UU era escapar de las bandas de delincuentes y narcos, que captan a menores como sicarios o camellos. En 2006 se realiz¨® un sondeo similar entre chavales mexicanos. S¨®lo un 13% atribuy¨® su arriesgado viaje a la violencia en su lugar de origen. "Sin duda la violencia es un factor, pero los problemas para acceder a la ense?anza secundaria, o,en definitiva, la falta de oportunidades, tambi¨¦n influyen", se?al¨® Christopher Sabatini, director de Americas Quarterly. Para Sabatini, el bloqueo de la futura ley de emigraci¨®n en Estados Unidos no es la ¨²nica raz¨®n del ¨¦xodo de menores, como se argumenta desde algunos pa¨ªses. "Sin duda necesitamos una nueva ley, y es importante que los ni?os comiencen a ser tratados como refugiados, pero no hay una sola respuesta. Es preciso adoptar medidas de inclusi¨®n en los paises de origen", a?adi¨®.

La inseguridad y marginaci¨®n que sufren grupos vulnerables como los m¨¢s j¨®venes y las mujeres no la determina el PIB del pa¨ªs, sino la fortaleza de sus instituciones

La inseguridad y marginaci¨®n que sufren grupos vulnerables como los m¨¢s j¨®venes y las mujeres no la determina el PIB del pa¨ªs, sino la fortaleza de sus instituciones, aseguran los investigadores del ?ndice de Inclusi¨®n Social de AS/COA. En este sentido, Honduras ostenta varios r¨¦cords negativos. El 48% de las v¨ªctimas de homicidio en 2012 ten¨ªan all¨ª entre 15 y 19 a?os. La ciudad de San Pedro Sula tiene la mayor tasa de homicidios del mundo, seg¨²n Naciones Unidas. 2.000 ni?os llegados este a?o hasta mayo a la frontera de Estados Unidos proceden de esa ciudad. No es la ¨²nica: m¨¢s de las mitad de las capitales de las que proceden los menores indocumentados est¨¢ en Honduras.

Entre los aspectos m¨¢s d¨¦biles en cuanto a inclusi¨®n social, el informe de AS/COA destaca de forma muy cr¨ªtica la situaci¨®n de las mujeres. Las investigadoras Jane Marcus-Delgado y Joan Caivano denuncian que la mayor presencia de mujeres en las instituciones y la vida pol¨ªtica de los pa¨ªses americanos no ha supuesto una mejora de sus condiciones y oportunidades, en particular para las de raza negra y las que viven en zonas rurales. As¨ª, el informe recuerda que una de cada tres mujeres sufre abusos en Am¨¦rica Latina, seg¨²n la Asociaci¨®n Panamericana de Salud, y que la violencia de g¨¦nero se cobra m¨¢s v¨ªctimas en el continente que el c¨¢ncer, la malaria, los accidentes de tr¨¢fico o los conflictos armados. En Chile, el 50% de las mujeres entre 15 y 49 a?os ha sido v¨ªctima de su pareja. En Sao Paulo, una mujer sufre abusos cada 15 segundos. La mitad de las pa¨ªses con m¨¢s altas tasas de violencia de g¨¦nero son americanos.

¡°Un examen de las nuevas tendencias, leyes y pol¨ªticas a favor de la mujer trae a la mente la expresi¨®n espa?ola: ¡®Del dicho al hecho hay mucho trecho¡¯. En otras palabras, incluso en ¨¢reas en las que ha habido un progreso significativo, existen barreras que no permiten una aplicaci¨®n coherente de esas nuevas pol¨ªticas: insuficientes recursos p¨²blicos, falta de voluntad pol¨ªtica, la prevalencia de valores y pr¨¢cticas patriarcales y una desigualdad socioecon¨®mica extrema¡±, advierten Marcus-Delgado y Caivano. Como ejemplo destacan la falta de informaci¨®n (Paraguay y Uruguay no ofrecen datos sobre violencia de g¨¦nero) o su obsolescencia (los de Bolivia y Colombia son de 2003 y 2005, respectivamente). Asimismo, aunque haya leyes, estas no se aplican. En R¨ªo de Janeiro se denunciaron 1.822 violaciones en 2013, pero s¨®lo hubo 70 detenciones.

El ?ndice de Inclusi¨®n Social mide tambi¨¦n las normativas que regulan el aborto o la contracepci¨®n, en la medida en que determinan la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres. En este sentido, el panorama es desolador. El 95% de los abortos se realiza en Am¨¦rica en condiciones insalubres, debido a la persistencia de legislaciones muy restrictivas en muchos pa¨ªses. All¨ª donde las leyes son permisivas, como Colombia o Uruguay, los medios para aplicarlas son, sin embargo, deficientes. Tampoco una mayor presencia de mujeres en la vida p¨²blica ha mejorado esta situaci¨®n como podr¨ªa esperarse. En Nicaragua y Ecuador, los presidentes Daniel Ortega y Rafael Correa, respectivamente, han potenciado el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, pero sus legislaciones sobre aborto son de las m¨¢s duras. Por ¨²ltimo, en pa¨ªses con mujeres en la presidencia (Argentina, Chile, Costa Rica y Brasil) la normativa sobre la interrupci¨®n voluntaria del embarazo est¨¢, parad¨®jicamente, muy lejos de lo que el informe elaborado por AS/COA considerar¨ªa plausible.

La tercera edici¨®n del ?ndice de Inclusi¨®n Social de Am¨¦rica coloca en los tres primeros puestos a Uruguay, Argentina y Costa Rica. Los ¨²ltimos puestos son para El Salvador, Paraguay, Honduras y Guatemala. En medio, y por este orden, quedan Estados Unidos, Chile, Per¨², Ecuador, Brasil, Panam¨¢, Bolivia, Colombia, M¨¦xico y Nicaragua. Entre sus conclusiones, el informe reconoce avances --reducci¨®n de los niveles de pobreza, acceso a la ense?anza secundaria, m¨¢s viviendas y empleos con derecho a pensi¨®n¡ªgracias al crecimiento econ¨®mico en pa¨ªses como Brasil, Colombia, Chile o Uruguay, pero persisten situaciones inaceptables, en concreto las referidas a las mujeres y las minor¨ªas, la actitud de los Gobiernos sobre la exclusi¨®n social, el acceso a la Justicia y los derechos y protecci¨®n de los discapacitados ps¨ªquicos, entre otros aspectos. ¡°Es dif¨ªcil cambiar la situaci¨®n a corto plazo por razones hist¨®ricas, estructurales y de actitud¡±, corrobora Sabatini.

La violencia de g¨¦nero se cobra m¨¢s v¨ªctimas en el continente que el c¨¢ncer, la malaria, los accidentes de tr¨¢fico o los conflictos armados

Por pa¨ªses, Uruguay repite en el primer puesto por segundo a?o gracias a su crecimiento econ¨®mico y a la mejora de los derechos pol¨ªticos y del acceso a una vivienda digna. Su puntuaci¨®n sufre debido a la persistencia de desigualdades por g¨¦nero o raza, seg¨²n el informe. Argentina ocupa el segundo lugar gracias al dinero p¨²blico dedicado a programas sociales. Sin embargo, punt¨²a bajo en participaci¨®n social y capacidad de respuesta del Gobierno, seg¨²n la opini¨®n de los ciudadanos. Pese a estos avances, el ?ndice denuncia que queda mucho por hacer en cuanto a la posibilidad de disfrutar de derechos civiles sin discriminaci¨®n de ning¨²n tipo en Bolivia, Ecuador, Guatemala, M¨¦xico, Nicaragua y Paraguay.

Costa Rica, tercero, es uno de los pa¨ªses mejor valorados en muchas de las variables. Sin embargo, ocupa uno de los peores puestos en lo que se refiere a los derechos de gays, lesbianas y transexuales. Per¨², sexto en la tabla, ha experimentado avances en los derechos de las mujeres, adem¨¢s de un crecimiento econ¨®mico importante. Sin embargo, sigue invirtiendo poco en medidas sociales que favorezcan las matriculaciones en secundaria y el acceso a viviendas dignas.

Brasil desciende al octavo puesto, en parte, por la mala percepci¨®n que tienen sus ciudadanos sobre la capacidad de su Gobierno de dar respuesta a los problemas de exclusi¨®n social. Colombia y M¨¦xico, und¨¦cimo y duod¨¦cimo, respectivamente, tienes serios retos que atender. En el caso de Colombia, siempre seg¨²n el informe, la escasa presencia de la mujer en pol¨ªtica. En el de M¨¦xico, el acceso a puestos de trabajo con todos los derechos laborales reconocidos y una pensi¨®n. En Honduras, este asunto es realmente sangrante: s¨®lo el 10% de las mujeres y el 5 % de los hombres trabajan con derecho a pensi¨®n.

El ?ndice de Inclusi¨®n Social no se limita a constar los avances o retrocesos en determinadas cuestiones, sino que tambi¨¦n consigna recomendaciones y exigencias. Las prioritarias tienen que ver con pol¨ªticas a favor de las mujeres (Brasil, Colombia y Chile), mejores condiciones de acceso al mercado laboral (M¨¦xico, Ecuador, Guatemala y Paraguay), potenciar las matriculaciones en la educaci¨®n secundaria (El Salvador, Brasil o Uruguay) y robustecer una justicia m¨¢s eficiente y cercana a los ciudadanos (M¨¦xico o Bolivia), entre otras. Los responsables del ¨ªndice recordaron la necesidad de mejor la informaci¨®n que recogen los censos nacionales, y que en ellos se incluyan categor¨ªas de raza o etnia.

Para elaborar el ¨ªndice, los investigadores utilizan los datos del censo de cada pa¨ªs, documentos del FMI y del Banco Mundial, el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el Bar¨®metro Americano de la Universidad Vanderbilt as¨ª como trabajos de investigadores de otras instituciones (American Dialogue, Amherst College y City University of New York, entre otras). Los responsables del estudio miden hasta 21 variables (PIB, derechos civiles, acceso a viviendas dignas, matriculaciones en ense?anza secundaria, acceso a un trabajo con pensi¨®n, concesi¨®n de cr¨¦ditos, derechos y protecci¨®n de los discapacitados ps¨ªquicos, legislaci¨®n sobre la mujer, capacidad de respuesta del Gobierno¡­) hasta asignar a cada pa¨ªs una puntuaci¨®n.

Debido a las dificultades para reunir datos homologables y la escasez de estos en muchos casos, pueden darse algunas conclusiones sorprendentes y ausencias notables. Es el caso del cuarto puesto que ocupa Estados Unidos. El propio informe advierte de que, aunque ese pa¨ªs tiene importantes ¡°retos¡± en cuanto a inclusi¨®n social, esa ¡°sorprendente¡± clasificaci¨®n responde a la imposibilidad de obtener datos federales en ocho variables. En el caso de Venezuela, la dudosa calidad de la informaci¨®n disponible motiv¨® su exclusi¨®n del ¨ªndice. "En once de las variables, los datos de que dispon¨ªamos proced¨ªan del Gobierno. Nos nos ofrec¨ªan suficiente confianza. Es una pena que no podamos conocer con rigor si el Gobierno venezolano est¨¢ realizando la revolucion social que defiende en su agenda pol¨ªtica", explic¨® Sabatini.