Las muertes en la Amazonia delatan la dimensi¨®n de la tala ilegal en Per¨²

El pasado 1 de septiembre cuatro ciudadanos de la etnia ash¨¢ninca fueron asesinados en la frontera de la selva amaz¨®nica entre Per¨² con Brasil. Uno de ellos hab¨ªa sido amenazado el a?o pasado por denunciar, con pruebas, la tala ilegal de madera en su comunidad, ubicada en el departamento de Ucayali, en la zona oriental de Per¨². Una batalla que se prolonga desde hace a?os. El Organismo de Supervisi¨®n de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), la entidad que supervisa la extracci¨®n en el 32% del ¨¢rea total de bosques amaz¨®nicos, estima que entre 2009 y 2013 la extracci¨®n ilegal ascendi¨® a m¨¢s de 31 millones de d¨®lares. La Interpol, sin embargo, indica que el pa¨ªs pierde unos 250 millones anuales por ese delito; es decir, 1.5 veces de lo que obtiene la industria legal.

¡°No se ha conocido responsables, no hubo inter¨¦s del Estado en hacer una investigaci¨®n¡±, indica Ruth Buend¨ªa, presidenta de la principal organizaci¨®n de la etnia ash¨¢ninca, refiri¨¦ndose al asesinato en 2013 del jefe nativo Mauro P¨ªo, amenazado por madereros ilegales en la selva central peruana. La comunidad de P¨ªo, Nuevo Amanecer Hawai, estaba superpuesta a una concesi¨®n forestal de la empresa Balar¨ªn que el Gobierno suspendi¨® despu¨¦s del asesinato del l¨ªder. En 2012, un informe de Environmental Investigation Agency (EIA) demostr¨® que el sistema de concesiones en Per¨² es corrupto y opera con informaci¨®n falsa, incluso cuando se trata de la exportaci¨®n a EE UU de especies protegidas internacionalmente, como el cedro y la caoba.

Saweto, la comunidad de Edwin Chota, uno de los activistas asesinados a principios de septiembre, enfrenta un problema similar. Chota solicit¨® al Estado la titulaci¨®n y demarcaci¨®n de su comunidad nativa, que fue inscrita y reconocida oficialmente en 2003. Sin embargo, un a?o antes, el Estado hab¨ªa otorgado a unos privados una concesi¨®n forestal por 40 a?os. ¡°El problema es que una entidad da los t¨ªtulos y otra da las concesiones; para una, la comunidad existe y para la otra, no¡±, asegura la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena. ¡°Estamos pagando las consecuencias del desorden de la transferencia de competencias a los Gobiernos regionales¡±, a?ade desde Pucallpa, donde coordina la recogida de los restos desmembrados de Chota y de los otros tres asesinados.

Mario Osorio, especialista ambiental en Oxapampa de la ONG Instituto del Bien Com¨²n (IBC), que asesora legalmente a comunidades amaz¨®nicas, cuenta que desde el Gobierno de Alan Garc¨ªa (2006-2011) ¡°ha habido muchos cambios en el procedimiento de titulaci¨®n y muchos vac¨ªos¡±. La decisi¨®n de titular o no a una comunidad corresponde a las direcciones regionales agrarias, quienes suelen alegar la falta de presupuesto para viajar a hacer la demarcaci¨®n.

Seg¨²n el Colectivo Territorios Seguros, que agrupa a 26 instituciones de la sociedad civil, unos 18 millones de hect¨¢reas de comunidades en la Amazon¨ªa peruana no est¨¢n tituladas. ¡°La tala ilegal necesita insertarse y lavarse. Corrompe la instituci¨®n: no son solo mafias de madera sino tambi¨¦n otros poderes ilegales que han entrado a dominar ante la ausencia del Estado. Es tr¨¢gico porque Edwin Chota fue asesinado por tener un rol muy activo contra estas mafias¡±, asegura a EL PA?S Julia Mar¨ªa Urrunaga, de EIA.

La investigadora peruana cuestiona, tambi¨¦n, la futura concesi¨®n gubernamental de cinco millones de hect¨¢reas m¨¢s: ¡°Con este sistema, que ha demostrado ser un fracaso, entregan m¨¢s tierra sin controlarla, es m¨¢s volumen para lavar la madera¡±. ¡°En la exportaci¨®n, Aduanas no tiene capacidad de saber si se trata de la especie que la empresa dice: si no declaran que es caoba o cedro, nadie va a mirar¡±, a?ade Urrunaga. Un documento de la Superintendencia Tributaria citado en el Informe de Osinfor de 2014 alerta que no hay ¡°normatividad que exija descripciones m¨ªnimas en la declaraci¨®n aduanera de exportaci¨®n de madera¡±.

Laura Mart¨ªn, de la ONG Sustain Labour, con sede en Madrid, conoci¨® a Chota semanas antes de su muerte. ¡°Cont¨® su caso ante muchas instituciones y mostr¨® los documentos que gestion¨®. Aport¨® pruebas de un delito, lo cual es mandato de la administraci¨®n estatal: se lo puso en bandeja pero hubo dejaci¨®n¡±. El 25 de abril, Chota reiter¨® a la Fiscal¨ªa provincial su denuncia, pues la tala ilegal se hab¨ªa intensificado en el Alto Tamaya, donde se ubica su comunidad, pero tampoco tuvo respuesta.

¡°Quien denuncia tiene que proveer la log¨ªstica necesaria para hacer las investigaciones", precisa Max Silva, asesor de la Organizaci¨®n Regional Aidesep en Ucayali (ORAU), la central principal de organizaciones ind¨ªgenas de la selva peruana.

Osinfor asegura que en ¨¢reas bajo permisos forestales otorgados a comunidades nativas ¡ªoperados por terceros¡ª encuentran informaci¨®n falsa en los documentos de gesti¨®n de la madera.

Las mafias han encontrado una nueva forma de operar: obtienen autorizaci¨®n de los Gobiernos regionales para sacar madera que sea producto de arrastre de r¨ªo. Osinfor no tiene competencia para fiscalizar ese rubro, pero describe que para las maderas que por sus caracter¨ªsticas no pueden flotar hay ¡°una utilizaci¨®n indebida de esta modalidad¡±, para la cual no hay l¨ªmite de autorizaciones. El volumen de extracci¨®n por arrastre de r¨ªo se incrementa cada a?o.

Una fuente estatal que solicita anonimato incide en que la mayor parte de la madera valiosa en Per¨² ya fue extra¨ªda y para obtenerla ¡°hay que ir cada vez m¨¢s lejos, los costos ya no cubren la ganancia, por eso los circuitos ilegales de la madera son usados tambi¨¦n por el narcotr¨¢fico¡±.