EE UU ampl¨ªa la orientaci¨®n legal para inmigrantes en Texas

En medio de fuertes cr¨ªticas por el incremento en el arresto de menores y familias inmigrantes, junto a la falta de transparencia, el Gobierno de Estados Unidos anunci¨® este mi¨¦rcoles que dar¨¢ orientaci¨®n legal a las personas detenidas en el centro de Karnes (Texas). La Oficina Ejecutiva de Revisi¨®n de Casos de Inmigraci¨®n (EOIR), que administra las cortes de inmigraci¨®n estadounidenses, detall¨® a EL PA?S que el Programa de Orientaci¨®n Legal (LOP) comenzar¨¢ a partir del 1 de noviembre.

¡°Al atender a este programa las personas est¨¢n mejor preparadas para tomar decisiones informadas en sus procesos de deportaci¨®n y con m¨¢s conocimiento sobre los recursos disponibles, tienen una mejor posibilidad de obtener representaci¨®n¡±, asegur¨® el director de EOIR, Juan Osuna.

La ciudad de Karnes, con un poco m¨¢s de 3,000 habitantes, est¨¢ a 97 kil¨®metros al sureste de San Antonio. Alberga a uno de los tres centros donde el gobierno estadounidense est¨¢ concentrando la detenci¨®n familiar, junto con Artesia en Nuevo M¨¦xico y Leesport en Pensilvania. Artesia ya cuenta con el Programa de Orientaci¨®n Legal y EOIR asegur¨® que tambi¨¦n se ampliar¨¢ a Leesport. Se espera que en noviembre se abra un nuevo centro en Dilley Texas, con capacidad para 2.400 personas, el m¨¢s grande en su tipo.

A trav¨¦s de un contrato, organizaciones gubernamentales enviar¨¢n a representantes para hablar con los detenidos sobre el proceso que enfrentar¨¢n en la corte de inmigraci¨®n y les dar¨¢n informaci¨®n b¨¢sica. Esto no se traduce en representaci¨®n legal concreta; una de las necesidades m¨¢s urgentes para los inmigrantes detenidos.

La orientaci¨®n legal y acceso a representaci¨®n ha sido una de las cr¨ªticas m¨¢s fuertes hacia el gobierno. Organizaciones como la Uni¨®n Americana de Libertades Civiles (ACLU en Texas), Grassroots Leadership y Women¡¯s Refugee Commission visitaron Karnes el mes pasado e insistieron en que se deben mejorar las condiciones predominantes en los centros.

La orientaci¨®n legal y acceso a representaci¨®n ha sido una de las cr¨ªticas m¨¢s fuertes hacia el gobierno

¡°La mayor¨ªa de las personas que est¨¢n en Karnes cumplen la condici¨®n de miedo cre¨ªble -el primer paso para conseguir asilo- pero casi todos no hab¨ªan recibido asesor¨ªa legal. Incluso hab¨ªa mujeres ind¨ªgenas que no hablan espa?ol y fueron entrevistadas en ese idioma¡±, narr¨® Adriana Pi?¨®n, abogada de ACLU Texas.

¡°Tienen una mucho mejor oportunidad de preparar sus casos afuera del centro de detenci¨®n, pero insisten en mantenerlos ah¨ª¡±, agreg¨®. Actualmente s¨®lo cuatro familias han logrado salir de Karnes, que tiene una capacidad para poco m¨¢s de 500 personas.

EOIR implement¨® el Programa de Asistencia Legal desde 2003. La organizaci¨®n elegida para dar orientaci¨®n en Karnes fue Vera Institute of Justice. Consultados por EL PA?S, no especificaron cu¨¢nto personal destinar¨¢n para asistir a los detenidos.

La portavoz de EOIR, Kathryn Mattingly, explic¨® que la agencia recibi¨® un aumento de 1,2 millones de d¨®lares en el presupuesto del a?o fiscal 2014, de manera que redistribuyeron fondos a nivel interno para ampliar LOP y as¨ª pueden ¡°enfrentar la situaci¨®n en desarrollo en la frontera¡±, dijo.

En los fondos adicionales pedidos por la Casa Blanca al Congreso estaban contemplados 15 millones de d¨®lares para servicios de representaci¨®n legal directa para ni?os con procesos de deportaci¨®n y otros 2,5 millones para expandir el Programa de Orientaci¨®n Legal, pero no fueron aprobados.

El pasado 11 de octubre, Karnes fue el escenario de una protesta en contra de la detenci¨®n familiar coordinada por diversas organizaciones de derechos civiles. Por otro lado, el centro en Artesia se enfrenta a una demanda presentada esta semana por organizaciones de derechos civiles y liderada por ACLU, donde exigen al Gobierno responder a una solicitud de informaci¨®n sobre los procedimientos de deportaci¨®n, petici¨®n amparada en la Ley de Libertad de Informaci¨®n.