Canad¨¢ niega su responsabilidad en la actuaci¨®n de sus mineras en el exterior

Hace cinco a?os, el 27 de noviembre de 2009, el activista mexicano Mariano Abarca ca¨ªa asesinado a tiros frente a su casa en Chicomuselo, en el Estado de Chiapas. Poco antes hab¨ªa denunciado numerosas amenazas por su oposici¨®n a un proyecto minero local de la empresa canadiense Blackfire Exploration, motivo por el que tambi¨¦n hab¨ªa sido detenido unos meses antes. El informe de la Fundaci¨®n para el Debido Proceso?sobre el ¡°impacto de la miner¨ªa canadiense en Am¨¦rica Latina y la responsabilidad de Canad¨¢¡± destaca que ¡°varios empleados y contratistas de la empresa Blackfire Exploration fueron acusados por los pobladores locales de tener v¨ªnculos con el suceso. Se ha indicado asimismo la omisi¨®n de la embajada canadiense ante las denuncias de esos hechos¡±.?

Omisi¨®n y complicidad son dos de los t¨¦rminos que emple¨® este martes tambi¨¦n Jennifer Moore, la representante de la ONG Mining Watch Canada, al reclamar ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno canadiense realice un ¡°cambio radical¡± en su pol¨ªtica exterior. Durante la audiencia, varias organizaciones exigieron que Canad¨¢?deje de proteger a la industria extractiva a costa de los derechos de los ind¨ªgenas y de otros afectados por las actividades mineras canadienses en el extranjero, especialmente en Am¨¦rica Latina.

El caso de Abarca es un ejemplo de la ¡°relaci¨®n del Estado canadiense con las compa?¨ªas mineras: [el Estado] les ayuda a resolver conflictos, ignora las amenazas a activistas locales y sigue defendiendo los intereses de las compa?¨ªas¡±, sostuvo la representante de Mining Watch, una organizaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro que desde 1999 sigue las actividades del sector minero canadiense en el exterior. Y estas son, seg¨²n lleva tiempo denunciando la ONG, m¨¢s que cuestionables en pa¨ªses como Guatemala, Chile, Bolivia o Per¨².

¡°La pol¨ªtica del Estado canadiense es vac¨ªa y es c¨®mplice en las violaciones que estamos viendo¡±, insisti¨® la portavoz de la organizaci¨®n. La respuesta de los representantes del Ejecutivo este martes fue, sin embargo, contundente: el Gobierno no es responsable. Canad¨¢ es un ¡°l¨ªder¡± en el cumplimiento de los est¨¢ndares internacionales de responsabilidad social corporativa y la ¡°gran mayor¨ªa de las empresas¡± hacen ¡°esfuerzos significativos¡± para cumplirlos, afirm¨® Dana Cryderman, representante alterna de Canad¨¢ ante la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA).

Adem¨¢s, las presuntas violaciones o abusos denunciados ¡°est¨¢n claramente fuera del ¨¢mbito de las obligaciones de Canad¨¢¡± bajo el derecho internacional y regional y tambi¨¦n de su jurisdicci¨®n, defendi¨® la alta funcionaria. Record¨® tambi¨¦n que los pa¨ªses donde operan las empresas mineras canadienses cuentan con ¡°v¨ªas legales y judiciales¡± propias que son las que se deber¨ªan agotar antes de recurrir a otros organismos.

Canad¨¢ ¡°no solamente conf¨ªa en que sus compa?¨ªas extractoras son l¨ªderes en la aplicaci¨®n de los est¨¢ndares de responsabilidad social corporativa, sino que tambi¨¦n han contribuido a la sostenibilidad?econ¨®mica a largo plazo de los pa¨ªses¡± donde operan, insisti¨®. Cryderman explic¨® que en Canad¨¢ existen dos mecanismos no judiciales ¡ªel ¡°Punto de Contacto¡± y la ¡°Oficina del Sector Extractivo¡±¡ª que, aunque no tengan mandato para imponer sanciones u otras medidas punitivas, ¡°proporcionan v¨ªas para resolver disputas¡±.

La pol¨ªtica del Estado canadiense es vac¨ªa y c¨®mplice en las violaciones que estamos viendo¡± Jennifer Moore, portavoz de Mining Watch Canad¨¢?

¡°Los beneficios no respetan fronteras, pero cuando se trata de derechos humanos decimos ¡®oh, ese no es nuestro problema¡¯¡±, ironiz¨® en respuesta a la r¨¦plica oficial Shin Imai, del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa, otro de los denunciantes ante la CIDH.

La responsabilidad del Estado por las actuaciones en el extranjero de empresas privadas es un territorio virgen para la CIDH, que con la audiencia de este martes abre un camino de destino todav¨ªa desconocido en lo que respeta a esta materia. Su director ejecutivo, Emilio ?lvarez Icaza, denomina a este ¨¢mbito ¡°audiencias de primera generaci¨®n¡±, no vinculadas a interpretaciones tradicionales del derecho. Por eso, los comisionados tuvieron m¨¢s preguntas que respuestas en la hora de interlocuci¨®n, aunque la CIDH dej¨® claro que es un tema que genera una gran preocupaci¨®n y que no se debe desatender.

¡°Pese a las aseveraciones sobre las buenas pol¨ªticas de Canad¨¢, en la Comisi¨®n seguimos viendo recurrentes casos, muy muy graves, de violaciones de derechos humanos como resultado de la actuaci¨®n de algunas compa?¨ªas, entre ellas de Canad¨¢¡±, destac¨® la Relatora para Canad¨¢, Rose Marie Antoine. La jurista es adem¨¢s relatora sobre los Derechos de los Pueblos Ind¨ªgenas y de las Personas Afrodescendientes, algo que record¨® durante la audiencia para dejar claro que lleva siguiendo desde hace tiempo las no tan nuevas acusaciones contra empresas extractoras canadienses.

Antoine record¨® que, entre los problemas provocados por este tipo de compa?¨ªas, se registran desplazamientos forzosos, violaci¨®n de derechos ambientales, a la salud y de acceso al agua de los habitantes, hasta en algunos casos la criminalizaci¨®n de los defensores mismos de los derechos humanos.

¡°Nosotros vemos las deficiencias de pa¨ªses como Canad¨¢ y otros Estados¡±, subray¨®. ¡°Vemos las grietas¡± que producen legislaciones lejos de ser perfectas, insisti¨®, e invit¨® Canad¨¢ a ¡°tomar el liderazgo¡± en la materia y ¡°encontrar una forma¡± de responder mejor a estos cuestionamientos, ¡°aunque sea dif¨ªcil¡±.?