Un juez estadounidense ratifica la protecci¨®n legal de Michael Townley

¡°No podemos obligar a Michael Townley a pagar¡±, fall¨® el juez estadounidense John Bates este mes. Ni siquiera 75 d¨®lares por semana. La familia del exdiplom¨¢tico espa?ol Carmelo Soria ha buscado en vano que el exagente de la Direcci¨®n Nacional de Inteligencia chilena ¡ªtestigo protegido en Estados Unidos¡ª pague siete millones de d¨®lares como indemnizaci¨®n por tortura y muerte de Soria, mientras en Chile y Espa?a los tribunales a¨²n debaten el caso.

En una sentencia de 13 p¨¢ginas a la que ha tenido acceso este peri¨®dico, el juez de distrito John Bates reconoci¨® que su veredicto ¡°no ayuda en nada¡± a Laura Gonz¨¢lez-Vera, viuda de Soria, a pesar de que los tribunales hab¨ªan determinado con anterioridad que Townley deb¨ªa pagar el dinero.

Townley, de nacionalidad estadounidense, fue agente de la Direcci¨®n Nacional de Inteligencia (DINA), la polic¨ªa secreta del dictador Augusto Pinochet, y habr¨ªa participado en el secuestro y asesinato del diplom¨¢tico espa?ol en 1976. Desde hace m¨¢s de 30 a?os, vive en Estados Unidos bajo el programa de testigos protegidos administrado por el Gobierno federal. Antes hab¨ªa pasado cinco a?os en la c¨¢rcel por el asesinato del embajador chileno en Estados Unidos, Orlando Letelier.

El hecho de que est¨¦ inscrito en el programa de protecci¨®n de testigos bloquea la informaci¨®n sobre su paradero, posici¨®n financiera, actividades..., y por lo tanto limita la capacidad de los abogados para forzar el pago. Aunque la familia ha demandado al Gobierno de EE UU para que entregue datos sobre el exagente, hasta ahora la Oficina del Fiscal General ha insistido en que hacerlo pone en riesgo la vida del testigo.

En 2005 los tribunales determinaron que Tonwley deb¨ªa pagar a Gonz¨¢lez-Vera, pero ¨¦l se neg¨®. Despu¨¦s de una batalla legal que dur¨® al menos cinco a?os entreg¨® el primer pago. Pero dej¨® de hacerlo desde junio de 2013 a enero de 2014.

La viuda de Soria volvi¨® a demandarle, pero ahora el juez Bates ha respaldado la posici¨®n del Gobierno estadounidense: ¡°La Ley de Reforma sobre Seguridad para Testigos no autoriza a los tribunales a interpretar las actividades del fiscal general en relaci¨®n a una persona protegida¡±. ¡°Resulta peligroso difundir la identidad y ubicaci¨®n de un testigo protegido, incluso a un guardi¨¢n¡±, explic¨® el magistrado.

Ali Beydoun, el abogado en Estados Unidos de la familia del diplom¨¢tico espa?ol fallecido, asegur¨® que insistir¨¢n en que se haga justicia: ¡°Cada vez que hemos ido al tribunal o enviado cartas al Departamento de Justicia nos dicen que el riesgo de seguridad es muy alto. Pero continuaremos pidi¨¦ndole a la agencia que considere la injusticia que prevalece en esta situaci¨®n. No se trata del dinero, sino de que Townley est¨¦ en libertad¡±,

Carmelo Soria era jefe editorial en la sede de la CEPAL (Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina y el Caribe) en Santiago de Chile y militaba en el Partido Comunista de Espa?a (PCE). En 1976 fue secuestrado en la calle por militares vestidos de carabineros. Su cad¨¢ver fue hallado dos d¨ªas despu¨¦s, con se?ales de tortura.

Desde principios de los a?os noventa, su familia ha intentado en vano llevar a los responsables del crimen a la c¨¢rcel, top¨¢ndose con barreras como la ley de amnist¨ªa chilena o la condici¨®n de testigos protegidos.

En 2002, el Gobierno de Chile acord¨® una indemnizaci¨®n de 1,5 millones de d¨®lares para la familia, despu¨¦s de que esta demandara al Estado ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos. La ratificaci¨®n del Congreso tard¨® cinco a?os en concretarse. En 2013 el juez chileno Lamberto Cisternas orden¨® reabrir el caso por el asesinato de Soria, pero el nombre de Townley fue el gran ausente entre los acusados. ¡°En Chile no se est¨¢ considerando a Townley. No sabemos por qu¨¦ y esperamos que introduzcan una enmienda para cambiar esto¡±, afirma Beydoun.

Mientras tanto, en Espa?a, la Audiencia Nacional proces¨® a varios agentes por el asesinato de Soria y aleg¨® que la persecuci¨®n de estos delitos en Chile no hab¨ªa sido efectiva. Los agentes fueron imputados de los delitos de genocidio, asesinato y detenci¨®n ilegal.

Espa?a pidi¨® a Chile la extradici¨®n de Jos¨¦ R¨ªos San Martin; Jaime Lepe Orellana; Pablo Belmar Labb¨¦; Guillermo Salinas Torres; Ren¨¦ Quilhot Palma y Manuel Contreras Sep¨²lveda, exdirector de la DINA, pero la justicia chilena neg¨® la petici¨®n porque el caso estaba siendo investigado a en su pa¨ªs. En 2014 la Audiencia Nacional espa?ola pidi¨® sin ¨¦xito a Estados Unidos la extradici¨®n de Townley.

El pr¨®ximo 7 de abril el Tribunal Supremo espa?ol decidir¨¢ si archiva o no los casos vinculados con ¡°la justicia universal¡±, es decir, la capacidad de los jueces espa?oles para investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, entre los que figura el caso del diplom¨¢tico Carlos Soria. La reforma legal promulgada en Espa?a el a?o pasado por el Gobierno del presidente Mariano Rajoy limit¨® el alcance de la justicia universal. El Supremo deber¨¢ deliberar si los tribunales espa?oles son competentes para investigar estos casos.