La impunidad en M¨¦xico

El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Am¨¦ricas Puebla, public¨® el ?ndice de Impunidad Global. En el se mide la impunidad por pa¨ªs. De los 193 pa¨ªses miembros de la ONU, solo 59 fueron incluidos por haber contado con informaci¨®n estad¨ªstica suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. En 134 pa¨ªses no hay estad¨ªsticas sobre seguridad y justicia que permitan una evaluaci¨®n comparada.

Los pa¨ªses que cuentan con una combinaci¨®n adecuada de capacidad estructural en sus instituciones de seguridad y justicia, y adem¨¢s son respetuosos de los derechos humanos, son los mejor calificados con un ¨ªndice de impunidad bajo. Estos son: Croacia, Eslovenia, Rep¨²blica Checa, Montenegro, Bulgaria, Malta, Polonia, Lituania, Serbia, Noruega, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Pa¨ªses Bajos, Austria, Andorra, Alemania, Bosnia-Herzegovina, Estonia y Portugal.

En contraste, los cinco pa¨ªses con los ¨ªndices m¨¢s altos de impunidad son: Filipinas, M¨¦xico, Turqu¨ªa, Colombia y Rusia. A pesar de aparecer en el lugar 58 de 59 pa¨ªses, resulta positivo que M¨¦xico cumpla al menos con los est¨¢ndares que solicita la ONU para ser evaluado. Algunos pa¨ªses tienen la informaci¨®n pero no la voluntad de hacerla p¨²blica, mientras otros simplemente no han sido capaces de generarla. Pa¨ªses emergentes como Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Nigeria y Sud¨¢frica est¨¢n fuera del ¨ªndice ya que no reportan informaci¨®n en materia de seguridad y justicia a la ONU.

Los cinco pa¨ªses con los ¨ªndices m¨¢s altos de impunidad son: Filipinas, M¨¦xico, Turqu¨ªa, Colombia y Rusia

Para el CESIJ la impunidad es un fen¨®meno multidimensional que tiene tres grandes componentes: seguridad, justicia y derechos humanos, y debe medirse con dos grandes criterios. En primer lugar la funcionalidad de sus sistemas de seguridad, justicia y protecci¨®n de los derechos humanos y en segundo la capacidad estructural que corresponde al dise?o institucional de cada uno de los pa¨ªses.

La medici¨®n del ¨ªndice contempla 14 variables en 3 ejes: 5 indicadores relacionados con problemas de seguridad p¨²blica, 5 sobre administraci¨®n e impartici¨®n de justicia y 4 sobre violaciones a derechos humanos. Desde esta perspectiva multidimensional es evidente que el problema creciente de la impunidad no se limita al crimen sin castigo.

Est¨¢ comprobado estad¨ªsticamente que la impunidad est¨¢ estrechamente relacionada con fen¨®menos como el desarrollo humano, la desigualdad y la corrupci¨®n. Los pa¨ªses que cuentan con niveles medios y altos de desarrollo humano tambi¨¦n cuentan con niveles bajos de impunidad. En el caso de M¨¦xico, el ¨ªndice revela c¨®mo una serie de problemas estructurales impiden la funcionalidad del sistema de justicia, policiaco y carcelario.

Las cifras son reveladoras. M¨¦xico cuenta con s¨®lo 4 jueces por cada 100.000 habitantes cuando el promedio en el mundo es de 17 y los pa¨ªses mejor calificados tienen hasta 40 jueces por cada 100.000 habitantes. Es imposible aspirar a tener una justicia real y expedita cuando los jueces se ven abrumados y rebasados por la cantidad de casos. En muchas ocasiones no pueden resolver no por ser corruptos sino porque no tienen la capacidad de procesar tantos casos.

M¨¦xico cuenta con s¨®lo 4 jueces por cada 100.000 habitantes cuando el promedio en el mundo es de 17?

El ¨ªndice tambi¨¦n revela que el problema de impunidad en M¨¦xico no est¨¢ relacionado con la cantidad de polic¨ªas sino con las capacidades, preparaci¨®n y forma como se organizan las operaciones. Existen 355 polic¨ªas por cada 100,000 habitantes cuando en el mundo la media es 332 (sin contar miembros del ej¨¦rcito y la marina). Es por ello que resulta urgente resolver dos temas prioritarios: la funcionalidad del sistema de seguridad y la estructura del sistema de justicia.

La informaci¨®n que arroja el ¨ªndice demuestra que el problema de impunidad en M¨¦xico es funcional y estructural. Su origen y vigencia nos obligan a exigir una transformaci¨®n profunda para corregir las fallas del sistema desde la ra¨ªz. Es evidente que el gobierno no est¨¢ cumpliendo satisfactoriamente con su primera obligaci¨®n de garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, la seguridad de todos los mexicanos y la impartici¨®n de una justicia real y expedita.

Tal como dijo Lord Acton, la limitaci¨®n es esencial a la autoridad pues un gobierno s¨®lo es leg¨ªtimo si est¨¢ efectivamente limitado. Limitar a la autoridad no es sin¨®nimo de quitarle atribuciones o debilitarla, por el contrario, significa que la ley limite el poder en lugar de reflejarlo para que no se use de manera arbitraria y discrecional en contra de los ciudadanos.

Un gobierno acotado por el Estado de Derecho significa apostar para que la ley evite que la autoridad cometa m¨¢s abusos al tiempo que sea capaz de cumplir cabalmente con su primera obligaci¨®n: garantizar la seguridad e impartir justicia sin excepciones ni privilegios. Si esto no sucede, todo lo dem¨¢s seguir¨¢ funcionando a medias.

Armando Regil Velasco es Presidente Fundador del Instituto de Pensamiento Estrat¨¦gico ?gora A.C. (IPEA). Twitter: @armando_regil