Una oposici¨®n estatista en Argentina

La renacionalizaci¨®n de los ferrocarriles en Argentina sigui¨® un patr¨®n que, con algunas excepciones, ha sido una constante en la era Kirchner: el apoyo de la oposici¨®n a buena parte de la agenda estatista de Casa Rosada. Este panorama deber¨ªa atemperar las expectativas de que un nuevo gobierno cambie de manera sustancial las pol¨ªticas econ¨®micas implementadas en ese pa¨ªs en la ¨²ltima d¨¦cada.

Con 223 votos a favor y apenas 5 en contra, la C¨¢mara de Diputados vot¨® el proyecto de re-estatizaci¨®n del servicio ferroviario. A favor de la medida estuvieron, adem¨¢s del oficialismo, los opositores de la Uni¨®n C¨ªvica Radical (centro), PRO (centroderecha), Frente Renovador (peronismo disidente), Coalici¨®n C¨ªvica (centroizquierda) y los socialistas. Para ser justos, PRO justific¨® su voto se?alando cambios que permitir¨ªan eventualmente m¨¢s competencia y participaci¨®n privada. A¨²n as¨ª, la medida denost¨® un alto consenso de la clase pol¨ªtica argentina.

No es la primera vez. Otros proyectos importantes que aumentaron la participaci¨®n del Estado en la econom¨ªa han contado con la venia directa o impl¨ªcita de un sector nada despreciable de la oposici¨®n.

Un ejemplo fue la expropiaci¨®n del 51 por ciento de las acciones de Yacimientos Petrol¨ªferos Argentinos (YPF) que pertenec¨ªan a la espa?ola Repsol. Esto no solo marc¨® la estatizaci¨®n de la compa?¨ªa petrolera m¨¢s grande del pa¨ªs, sino que represent¨® la radicalizaci¨®n del modelo econ¨®mico populista de los gobiernos kirchneristas. En la C¨¢mara de Diputados el proyecto recibi¨® 208 votos a favor y 32 en contra. En el Senado, la votaci¨®n fue de 63 votos positivos y ¨²nicamente 3 negativos. Gil Lavedra, entonces l¨ªder del bloque de diputados de la UCR, justific¨® su apoyo a devolver YPF a control estatal diciendo, ¡°Nosotros la creamos, la defendimos y pensamos que es una empresa estrat¨¦gica para el pa¨ªs¡±.

M¨¢s resistencia enfrent¨® en el 2008 el proyecto para nacionalizar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), mediante el cual el Estado se adue?¨® de US$29.300 millones en ahorros previsionales de 9,5 millones de trabajadores argentinos. Esta medida constituy¨® el robo legalizado de mayor envergadura en Argentina desde el corralito del 2001.

La ley tambi¨¦n le garantiz¨® al gobierno ingresos adicionales por US$5.000 millones anuales en cotizaciones y un ahorro de US$3.500 millones que el Estado dej¨® de pagarles a las AFJP por concepto de capital e intereses por los bonos p¨²blicos que ten¨ªan en sus carteras. Adem¨¢s, ya que las administradoras eran due?as de acciones en una multitud de empresas, la Casa Rosada utiliz¨® la nacionalizaci¨®n para nombrar representantes del gobierno en las juntas directivas de estas compa?¨ªas, incluyendo Grupo Clar¨ªn, cuyo peri¨®dico es uno de los principales cr¨ªticos de la presidenta Fern¨¢ndez de Kirchner.

La complicidad de la oposici¨®n hacia la agenda estatista de los Kirchner revela que probablemente no haya un giro radical en las pol¨ªticas econ¨®micas

Para ese entonces el oficialismo contaba con mayor¨ªa en ambas C¨¢maras del Congreso, por lo que no necesit¨® del apoyo de la oposici¨®n para aprobar el proyecto. Las bancadas de la UCR, PRO y peronistas disidentes votaron en contra. Sin embargo, los presidenciables opositores Mauricio Macri (PRO) y Sergio Massa (Frente Renovador) han manifestado que de llegar al poder mantendr¨ªan la estatizaci¨®n de las AFJP.

La nacionalizaci¨®n de Aerol¨ªneas Argentinas en el 2008 tambi¨¦n recibi¨® el voto negativo de PRO, Coalici¨®n C¨ªvica y la UCR, pero en el caso de estos dos ¨²ltimos, su oposici¨®n radic¨® m¨¢s en el hecho de que el gobierno asumiera los pasivos de la compa?¨ªa, valorados en US$890 millones. Estos partidos propon¨ªan, en cambio, que el Estado se hiciera de Aerol¨ªneas mediante la creaci¨®n de una nueva empresa estatal.

La manera poco transparente y no competitiva en que se realizaron muchas de las privatizaciones en la d¨¦cada de los noventa ha servido a los gobiernos K como justificante para su programa de renacionalizaciones. Pero la oposici¨®n, en lugar de proponer m¨¢s competencia en los mercados o eliminar aquellas distorsiones regulatorias que afectan la calidad de los servicios privatizados ¨Ccomo los controles tarifarios¨C, m¨¢s bien comparte en gran medida la visi¨®n kirchnerista de que el Estado debe retomar el control de estas empresas.

No todo es negativo. Macri, en particular, ha sido el candidato que ha enviado m¨¢s se?ales de cambio en materia econ¨®mica. Por ejemplo, prometi¨® eliminar el ¡°cepo cambiario¡± y dejar flotar el tipo de cambio el mismo d¨ªa que asumiera el poder. Sin duda, esto enviar¨ªa una se?al contundente de que Argentina busca poner orden en su pol¨ªtica monetaria. Curiosamente, por estas declaraciones el bando de Massa acus¨® a Macri de querer un ¡°ajuste sangriento¡±.

Sin duda, la salida del poder del kirchnerismo trae aparejada la esperanza de que un nuevo gobierno sea m¨¢s respetuoso del Estado de Derecho y la libertad econon¨®mica. No obstante, la complicidad que en gran medida ha mostrado la oposici¨®n hacia la agenda estatista de los Kirchner revela que probablemente no haya un giro radical ¨Cy necesario¨C en las pol¨ªticas econ¨®micas de Argentina.

Juan Carlos Hidalgo es analista de pol¨ªticas p¨²blicas sobre Am¨¦rica Latina en el Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute en Washington, DC. Twitter: @jchidalgo.