?C¨®mo legislan los Gobiernos sobre vigilancia masiva?

Dos a?os despu¨¦s de que el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden destapara las pr¨¢cticas de espionaje masivo en Estados Unidos, el Congreso recort¨® esta semana, por primera vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, los poderes de la NSA, que controla las comunicaciones electr¨®nicas de los estadounidenses. Pero durante este tiempo no todos los Gobiernos han caminado por esta senda. Varios pa¨ªses han continuado aprobando leyes que ampl¨ªan poderes en lo que a la vigilancia masiva se refiere. Un informe publicado este viernes por Amnist¨ªa Internacional recoge algunas de las normas aprobadas por Estados como Francia, Reino Unido o Pakist¨¢n.

? Reino Unido. El Gobierno brit¨¢nico aprob¨® en julio de 2014 una legislaci¨®n de urgencia?para la Retenci¨®n de Datos y Poderes de Investigaci¨®n. De esta forma, el Ejecutivo de David Cameron cubri¨® el vac¨ªo legal a ra¨ªz de una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que declar¨® ilegal la directiva seg¨²n la cual los operadores de telecomunicaciones eran obligados a guardar durante un m¨ªnimo de 12 meses algunos datos de sus clientes. Concretamente, cu¨¢ndo, d¨®nde y con qui¨¦n se comunicaban ¡ªaunque no el detalle de dichas comunicaciones¡ª. Los llamados metadatos. La legislaci¨®n, que estar¨¢ vigente hasta 2016, tiene el objetivo de impedir que las compa?¨ªas destruyan los datos acumulados.

"En directa contradicci¨®n con la sentencia, la legislaci¨®n brit¨¢nica tambi¨¦n ampl¨ªa el alcance de los poderes de interceptaci¨®n de Reino Unido al permitir que el Gobierno exija a las empresas con sede fuera del pa¨ªs que cumplan con las ¨®rdenes del Ejecutivo", indica Amnist¨ªa Internacional en su informe.?

? Francia. Solo tres meses despu¨¦s de los atentados yihadistas que en enero mataron a 17 personas, el Gobierno aprob¨® un proyecto de ley sobre servicios de informaci¨®n. La nueva legislaci¨®n permite a los servicios secretos contar con una amplia cobertura legal en la interceptaci¨®n de comunicaciones, as¨ª como el acceso a las bases de datos y a las redes. Tambi¨¦n otorga m¨¢s facilidades a la hora de obligar a las compa?¨ªas a entregar informaci¨®n. Los operadores de Internet, los buscadores, las redes sociales y las empresas que alojan bases de datos deber¨¢n comunicar a los servicios secretos las actividades de usuarios sospechosos de terrorismo o de espionaje. "Con el fin de impedir el terrorismo, el proyecto de ley obliga a los proveedores de Internet a colocar cajas negras en su infraestructura para el registro de metadatos. Tambi¨¦n permite a los agentes de seguridad hackear ordenadores y tel¨¦fonos m¨®viles, rastrear localizaciones y espiar correos electr¨®nicos y otras comunicaciones de quien se considere que podr¨ªa estar en contacto con sospechosos", explica el informe de Amnist¨ªa. Las acciones a las que se refiere la legislaci¨®n francesa podr¨¢n realizarse sin necesidad de control judicial. "Esto es lo m¨¢s controvertido", se?ala la organizaci¨®n.

"La legislaci¨®n permite que el primer ministro autorice medidas de vigilancia para otras metas no definidas como 'promover intereses esenciales en pol¨ªtica exterior' e impedir 'cualquier forma de injerencia extranjera'. No est¨¢ claro a qu¨¦ se refieren estos t¨¦rminos vagos, y la preocupaci¨®n reside en que puedan ser utilizados por razones que a menudo no tendr¨¢n que ver con evitar delitos", contin¨²a Amnist¨ªa. Pero, seg¨²n la organizaci¨®n, "uno de los aspectos m¨¢s preocupantes" de este proyecto de ley es que "no dice nada acerca de las t¨¦cnicas de vigilancia que podr¨ªan ser utilizadas. Este silencio abre una v¨ªa a la vigilancia arbitraria e indiscriminada de los ciudadanos".?

? Pakist¨¢n. En abril de 2015 la Asamblea Nacional aprob¨® un proyecto de ley de cibercrimen "que expand¨ªa dr¨¢sticamente los poderes de vigilancia del Gobierno", expone la organizaci¨®n. Esta norma a¨²n debe ser aprobada por el Senado. Pero, si consigue el visto bueno, la nueva ley obligar¨¢ a que los proveedores de Internet retengan durante un m¨ªnimo de un a?o datos telef¨®nicos y de las comunicaciones por correo electr¨®nico de los ciudadanos. Adem¨¢s, el proyecto de ley permitir¨ªa que el Gobierno comparta "unilateralmente" los datos con otros servicios de inteligencia, incluyendo a la NSA, "sin necesidad de autorizaci¨®n judicial", recoge Amnist¨ªa.

"El proyecto de ley otorga amplios poderes, que est¨¢n insuficientemente definidos, para 'incautar' datos (algo descrito en la legislaci¨®n como 'hacer una copia de los datos'), pero no especifica los procedimientos para ello. Al dejar este asunto a discreci¨®n del Gobierno, la ley falla a la hora de establecer reglas claras y accesibles, en l¨ªnea con los est¨¢ndares de los derechos humanos", critica Amnist¨ªa Internacional.

? Suiza. Dos proyectos legislativos est¨¢n siendo actualmente examinados, se indica en el informe. Esta legislaci¨®n "proporcionar¨ªa a las autoridades suizas nuevos poderes en cuanto a la vigilancia invasiva". Una de las normas dar¨¢ a los servicios de inteligencia competencia "para interceptar comunicaciones a trav¨¦s de los cables de Internet que atraviesan el pa¨ªs". La otra obligar¨¢ a los proveedores de telecomunicaciones a retener metadatos de las comunicaciones durante 12 meses.

? Holanda. El Gobierno ha propuesto actualizar su ley de inteligencia y servicios de seguridad. "El Ejecutivo propuso que los agentes de inteligencia tengan acceso a los cables de Internet que pasan por el pa¨ªs. Esto allanar¨ªa el camino para la interceptaci¨®n indiscriminada y la recogida y almacenamiento de datos de telecomunicaciones, sin que esta informaci¨®n pertenezca a una persona, grupo o a una localizaci¨®n espec¨ªfica o se base en una sospecha razonable", explica Amnist¨ªa Internacional. La legislaci¨®n ser¨¢ presentada en los pr¨®ximos meses, contin¨²a la organizaci¨®n.

? Finlandia. La presi¨®n pol¨ªtica tambi¨¦n est¨¢ creciendo en Finlandia para que se establezca un sistema de vigilancia. "En enero de 2015, un grupo de trabajo del Ministerio de Defensa propuso que la nueva legislaci¨®n otorgue amplios poderes para la vigilancia de las comunicaciones", indica el informe.?