HRW se?ala a mandos militares por ejecuciones ilegales en Colombia

Hace siete a?os que estall¨® en Colombia el esc¨¢ndalo de las ejecuciones extrajudiciales, conocida como falsos positivos, que protagonizaron algunos militares como una estrategia macabra para mostrar resultados y obtener beneficios. Desde entonces se ha sabido c¨®mo en diferentes regiones del pa¨ªs se mataron, entre 2002 y 2008, a cientos de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. La Fiscal¨ªa investiga al menos 3.000 presuntos casos.

Aunque en su momento fueron apartados de sus cargos 27 oficiales y soldados, hasta ahora, las condenas de estos hechos han reca¨ªdo sobre soldados y oficiales de bajo rango. Apenas altos mandos han sido condenados.? As¨ª lo evidencia el informe de Human Rights Watch (HRW) El rol de los altos mandos en falsos positivos, de 105 p¨¢ginas, que asegura que hay ¡°amplias evidencias¡± que sugieren que coroneles y generales del Ej¨¦rcito ¡°sab¨ªan o deber¨ªan haber sabido¡± de los llamados falsos positivos, e incluso ¡°podr¨ªan haberlos ordenado¡±. Este martes, la Fiscal¨ªa General ha citado el excomandante del Ej¨¦rcito Mario Montoya, junto con tres oficiales de esa instituci¨®n, todos retirados, para que declaren por sus posibles nexos con los falsos positivos

Para Jos¨¦ Miguel Vivanco, director de las Am¨¦ricas de HRW, "los oficiales del Ej¨¦rcito que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acci¨®n de la justicia e incluso han ascendido a los niveles m¨¢s altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ej¨¦rcito Nacional y de las Fuerzas Militares¡±, asegura Vivanco en un comunicado.

Hasta ahora se han condenado a 815 militares por falsos positivos y solo a seis coroneles

Se refiere el responsable de HRW al general Juan Pablo Rodr¨ªguez, comandante de las Fuerzas Militares, quien dirigi¨® entre 2007 y 2009 una brigada que est¨¢ siendo investigada por presuntamente haber cometido al menos 28 falsos positivos en ese periodo; al general Jaime Lasprilla, hoy al frente del Ej¨¦rcito, quien comandaba otra brigada investigada por 48 casos cometidos entre 2006 y 2007. En septiembre de 2014, el general Rodr¨ªguez y otros oficiales fueron se?alados p¨²blicamente por un pol¨¦mico coronel que est¨¢ preso. Lasprilla tambi¨¦n ha sido mencionado en otros informes. Sin embargo, los dos han negado que impartieran ¨®rdenes en contra de los derechos humanos.

HRW realiz¨® un an¨¢lisis de los datos que maneja la Fiscal¨ªa y concluy¨® que 180 batallones habr¨ªan cometido ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Tambi¨¦n tuvo acceso a expedientes penales y a testimonios de militares implicados en estos casos que afirman que sus superiores presuntamente conoc¨ªan o facilitaron los falsos positivos. Entre los testimonios se encuentran el de dos exoficiales que contaron que durante m¨¢s de un a?o se reunieron semanalmente con el comandante del batall¨®n al que pertenec¨ªan para planificar falsos positivos bajo un mismo modus operandi.

En los ¨²ltimos meses se lleva a cabo un juicio contra cinco coroneles que formaban parte de la c¨²pula de un mismo batall¨®n que ha sido acusado de la muerte de m¨¢s de 70 inocentes entre 2006 y 2007. Uno de ellos, el coronel Edgar ?vila, fue director de la Justicia Penal Militar en 2009 y tambi¨¦n decano de Derecho de la Universidad Militar. Hasta ahora se han condenado a 815 militares por falsos positivos y solo a seis coroneles. La Fiscal¨ªa ha dicho que investiga a 22 coroneles.

El gobierno colombiano deber¨ªa ordenar a las autoridades militares que cooperen con las investigaciones Jos¨¦ Miguel Vivanco

En el informe, HRW apunta que los fiscales tienen dificultades para avanzar en los casos porque no pueden acceder a informaci¨®n militar y que numerosos casos siguen siendo manejados por la Justicia Penal Militar, ¡°donde pr¨¢cticamente se garantiza su impunidad¡±, dice Vivanco. Tambi¨¦n, que algunos oficiales que han declarado contra sus superiores sufren represalias. ¡°El gobierno colombiano deber¨ªa ordenar a las autoridades militares que cooperen con las investigaciones, asignar suficientes fiscales a los casos y proteger a los testigos y sus familias¡±, dice la organizaci¨®n defensora de derechos humanos.

La ONG tambi¨¦n le pide a Colombia que dentro de las medidas de justicia transicional que puedan adoptarse en las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno con la guerrilla de las FARC, las cuales incluir¨ªan tambi¨¦n a los militares que cometieron delitos en el marco del conflicto armado, ¡°no priven a los familiares de v¨ªctimas de falsos positivos de que se haga justicia¡±, dijo Vivanco.