Tlatlaya: ¡°Las tropas deber¨¢n abatir delincuentes en horas de oscuridad¡±

La patrulla militar involucrada en la muerte de 22 civiles en Tlatlaya contaba con instrucciones muy precisas: ¡°Las tropas deber¨¢n operar en la noche en forma masiva y en el d¨ªa reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad¡±. Este mandato del estamento militar que dirig¨ªa la patrulla pertenece a un documento del sumario abierto por la justicia castrense que investiga la masacre, y que de momento se ha saldado con la detenci¨®n de ocho militares. Esta nueva pieza en el oscuro puzle de lo ocurrido la madrugada del 30 de junio del a?o pasado al sur del Estado de M¨¦xico refuerza la tesis de la ejecuci¨®n sumaria.

El documento ha sido revelado este jueves por la organizaci¨®n civil?Centro Prodh, aprovechando el primer aniversario del suceso. Prodh son los abogados de una de las tres ¨²nicas supervivientes y cuya declaraci¨®n como testigo caus¨® un vuelco en la investigaci¨®n oficial, tanto por la v¨ªa civil como por la militar, enrocada durante los primeros meses en una endeble versi¨®n exculpatoria que apuntaba a un imprevisto enfrentamiento contra una grupo de narcotraficantes.

La orden fue suscrita por el teniente del batall¨®n 102 de infanter¨ªa Ezequiel Rodr¨ªguez Mart¨ªnez, uno de los detenidos por la justicia castrense bajo los cargos de desobediencia e infracciones al deber. El informe presentado por Prodh, respaldado por el pu?ado de organizaciones de derechos humanos ¨CAmnist¨ªa Internacional, Art¨ªculo 19, CMDPDH, entre otras¨C que siguen el caso, aboga por ampliar el foco de la investigaci¨®n. Solicita que toda la cadena de mando, hasta lo m¨¢s alto del escalaf¨®n militar, se siente en el banquillo.

La invesitgaci¨®n se ha saldado de momento con la detenci¨®n de ocho militares

¡°En el cuerpo de la orden se reiteran las operaciones y el modo en que han de llevarse a cabo; refiri¨¦ndose espec¨ªficamente que son ¨®rdenes del Alto Mando, es decir, del secretario de Defensa Nacional¡±, reza el informe. Las asociaciones exigen adem¨¢s que la nueva investigaci¨®n recaiga por completo en tribunales civiles, ya que seg¨²n la jurisdicci¨®n internacional, al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos el caso excede la competencia de la justicia militar.

En el primer relato oficial, sostenido por el ej¨¦rcito, se dec¨ªa que aquella noche un convoy militar que inspeccionaba el terreno se hab¨ªa topado por casualidad con una bodega custodiada por un grupo de personas armadas, que al ver a los soldados, abrieron fuego. El resultado fueron 22 civiles muertos ¨Csupuestos narcotraficantes relacionados con el cartel La Familia- y un militar herido sin gravedad. Durante meses la Secretar¨ªa de Defensa Nacional ech¨® el cerrojo: no se facilit¨® las identidades de los fallecidos, no se explic¨® qu¨¦ hac¨ªan de madrugada las tropas. Tampoco c¨®mo fue posible que muriesen todos los supuestos narcos, sin que quedase vivo ninguno, y sin ninguna baja militar a cambio.

El relato de una testigo presencial hizo saltar las costuras de la versi¨®n oficial. La madre de una adolescente muerta aquella noche, presente durante el acto de presentaci¨®n del informe de Prodh, ?asegur¨® que los soldados lograron capturar a sus oponentes y que luego, tras interrogarles, los mataron a sangre fr¨ªa, uno a uno. La presi¨®n internacional, como tantas otras veces, fue determinante para abrir un poco m¨¢s el foco de luz en M¨¦xico. S¨®lo tras una taimada reprimenda del Departamento de Estado estadounidense, el propio presidente Pe?a Nieto orden¨® que las pesquisas pasasen a la v¨ªa civil, a manos de la Procuradur¨ªa General (Fiscal¨ªa), un organismo bajo su control.

Las asociaciones civiles solicitan que toda la cadena de mando, hasta lo m¨¢s alto del escalaf¨®n militar, se siente en el banquillo

Una vez abierto el f¨¦rreo candado de la Secretar¨ªa de Defensa Nacional, llegaron las primeras detenciones de soldados y la intervenci¨®n de la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Su dictamen extendi¨® a¨²n m¨¢s los l¨ªmites de la investigaci¨®n. La versi¨®n de la CNDH es que ocho militares mataron a sangre fr¨ªa a 15 civiles, entre ellos dos adolescentes, que ya se hab¨ªan rendido tras un enfrentamiento armado en el que hab¨ªan muerto otras siete personas. Una vez asesinados, seg¨²n la comisi¨®n, los militares manipularon la escena del crimen, para hacer creer que todos hab¨ªan ca¨ªdo durante un cruce de disparos.

La exigencia de las asociaciones civiles de que la investigaci¨®n de la PGR se ensanche ¨Cla Fiscal¨ªa solo considera de momento que fueron ocho los ejecutados¨C y que el caso caiga de lleno en un tribunal civil cuenta tambi¨¦n con el respaldo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Christof Heyns se ha pronunciado varias veces sobre la necesidad de extremar las atenci¨®n sobre los supuestos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias en M¨¦xico. Esta semana volvi¨® a incidir en que su petici¨®n de justicia por el caso Tlatlaya.

Desde EE UU lleg¨® adem¨¢s este jueves un nuevo recado. Un grupo de 80 congresistas estadounidenses remitieron una carta al secretario de Estado, John Kerry, para expresarle su preocupaci¨®n por las violaciones de derechos humanos en M¨¦xico e insistieron en que se trata de un "patr¨®n amplio" m¨¢s all¨¢ de los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya. La pol¨¦mica sobre violaciones de derechos humanos a manos del Ej¨¦rcito se dispar¨® durante la legislatura 2006-2012 de Felipe Calder¨®n, que decidi¨® sacar a los militares a la calle para combatir al crimen organizado. El presidente Enrique Pe?a Nieto ha dado continuidad a esa medida. Actualmente entre 35.000 y 45.000 soldados patrullan por el espacio p¨²blico e intervienen contra la delincuencia organizada.