Un Estado maniatado

La prensa internacional ha rese?ado de forma prominente la crisis de Puerto Rico. Algunos han hecho comparaciones con Grecia y aun con una potencial crisis espa?ola. Aunque puedan encontrarse semejanzas, la situaci¨®n de Puerto Rico tiene caracter¨ªsticas propias a la hora de justipreciar lo que ocurre en este pa¨ªs del Caribe de 3,5 millones de habitantes, que desde 1898 est¨¢ bajo la soberan¨ªa de Estados Unidos tras cuatro siglos de colonialismo espa?ol.

Lo que la mayor¨ªa de los informes noticiosos destacan es el agudo problema fiscal que impide al pa¨ªs cumplir con las obligaciones contra¨ªdas con sus acreedores. Ese fen¨®meno es real. Diversos factores han contribuido a que se haya acumulado una deuda p¨²blica de 73.000 millones de d¨®lares (unos 66.800 millones de euros) que no se podr¨¢ satisfacer sin afectar adversamente las operaciones del Gobierno y los servicios a la ciudadan¨ªa. En los pasados d¨ªas por primera vez Puerto Rico dej¨® de realizar varios pagos requeridos para amortizar parte de esa deuda.

Estos desarrollos tienen en ascuas a inversores, firmas calificadoras de cr¨¦dito y a la prensa financiera estadounidense y global. Tambi¨¦n ha provocado ansiedad en colectivos de la sociedad puertorrique?a. Por ejemplo, esos primeros impagos han afectado al sector cooperativista, que ocupa un lugar de importancia en la econom¨ªa isle?a, pues un porcentaje significativo de sus activos ha sido invertido en bonos del Gobierno de Puerto Rico.

Las dificultades fiscales han impulsado al Ejecutivo a tomar medidas de austeridad desde 2009 que han conducido al despido de trabajadores, la modificaci¨®n de planes de pensiones, recortes en los servicios p¨²blicos y aumentos tributarios onerosos. Aun as¨ª la insuficiencia fiscal no amaina. Peor a¨²n, las respuestas a la crisis han afectado de forma particular a los m¨¢s vulnerables.

Con todo lo que esto importa, las dificultades fiscales de hoy son solo un s¨ªntoma de problemas estructurales m¨¢s profundos. Una condici¨®n estructural de envergadura es la carencia de un desarrollo econ¨®mico end¨®geno sostenible. Esta ha sido una caracter¨ªstica constante durante los pasados 117 a?os. Aun en sus momentos de mayor crecimiento econ¨®mico, entre 1950 y 1970, Puerto Rico dependi¨® excesivamente de la inversi¨®n extranjera, principalmente estadounidense, para crear empleos y generar riqueza. Buena parte de esa riqueza retornaba a su pa¨ªs de origen. Desde hace tiempo, Puerto Rico tambi¨¦n exhibe serios problemas sociales: un alto ¨ªndice de pobreza (45% de la poblaci¨®n) y bajos niveles de participaci¨®n laboral (solo el 40% de los aptos para trabajar est¨¢ en la econom¨ªa formal). En diversos momentos ha experimentado emigraciones masivas hacia EE?UU y en d¨¦cadas recientes un aumento de la delincuencia, sobre todo la relacionada con el narcotr¨¢fico.

Ni EE UU ni el pa¨ªs caribe?o han hallado un lugar nuevo para esta colonia que exhibe disfuncionalidades

A mediados del siglo XX, Puerto Rico tuvo avances sociales de envergadura. Entre ellos, la reducci¨®n de los niveles de pobreza extrema y la mejora de la educaci¨®n y la sanidad p¨²blicas. Esos logros respondieron, en parte, a las luchas de sectores progresistas internos, pero tambi¨¦n a la convicci¨®n de agentes del aparato de poder estadounidense de que eran necesarios para garantizar la estabilidad y la hegemon¨ªa de EE UU sobre un enclave estrat¨¦gico-militar ubicado en el Caribe. Esas conquistas nunca han sido suficientes para erradicar los males end¨¦micos de la pobreza y la desigualdad. De ah¨ª que cualquier crisis tenga repercusiones dram¨¢ticas sobre porcentajes elevados de la poblaci¨®n.

Luego est¨¢ el tema de la relaci¨®n con EE UU. Puerto Rico no es un Estado de la Uni¨®n estadounidense. Tampoco es un pa¨ªs soberano. En los inicios del siglo XX, el Tribunal Supremo de EE UU dispuso que a Puerto Rico deb¨ªa consider¨¢rsele un ¡°territorio no incorporado¡± de Estados Unidos. Concluy¨®, adem¨¢s, que est¨¢ subordinado a los ¡°poderes plenos¡± del Congreso estadounidense. Ese entendido prevalece aun despu¨¦s de establecido el Estado Libre Asociado, que se adopt¨® en 1952 mediante autorizaci¨®n del Congreso.

Puerto Rico dej¨® de realizar este agosto? pagos para amortizar parte de su deuda

Todo ello significa que Puerto Rico ha de enfrentar sus crisis dentro de los par¨¢metros fijados por la Constituci¨®n de Estados Unidos y los dict¨¢menes del Congreso de ese pa¨ªs, en el que no tiene participaci¨®n efectiva. Muchas de esas determinaciones han contribuido a crear o profundizar las crisis recurrentes. Por ejemplo, el Congreso ha dispuesto que las mercanc¨ªas que llegan desde EE?UU a Puerto Rico por mar deben hacerlo en barcos de fabricaci¨®n, matr¨ªcula, propiedad y tripulaci¨®n estadounidenses, lo que encarece absurdamente el costo de vida en el pa¨ªs. A prop¨®sito de la crisis fiscal actual, se ha cobrado conciencia de las repercusiones perniciosas de la decisi¨®n del Congreso de prohibirle a Puerto Rico adoptar su propia ley de bancarrotas a la vez que le niega acceso a la Ley de Quiebras de EE UU que autoriza a las municipalidades y corporaciones p¨²blicas de los estados de la Uni¨®n a acogerse a sus beneficios.

Muy en el fondo, lo que parece haber entrado en crisis es el colonialismo adoptado por EE UU con el objetivo de mantener una posesi¨®n de ultramar en el Caribe que le permitiera lidiar con los retos que le presentaban una Am¨¦rica Latina convulsa y un mundo bipolar. Las coordenadas de ese mundo han cambiado. Ni EE UU ni Puerto Rico han logrado encontrar un lugar nuevo para esta colonia moderna que est¨¢ dando se?ales serias de disfuncionalidad, por un lado, y descontento, a su modo, por otro, a causa, no solo de la crisis fiscal inmediata, sino de las profundas grietas que ha venido acumulando durante m¨¢s de un siglo.

Efr¨¦n Rivera Ramos es catedr¨¢tico y exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.