El caso de Bernardo Ab¨¢n Tercero

El caso de Bernardo ha estado lleno de errores. Ha contado con una representaci¨®n legal penosa y nunca ha tenido verdadera oportunidad de presentar pruebas de factores atenuantes para evitar la condena a muerte. El doctor Antol¨ªn Llorente ha diagnosticado que padece paranoia, delirios y disasociaciones mentales, alucinaciones activas, auditivas y visuales, psicosis y depresi¨®n.

Si el Estado de Texas cumple la sentencia, Bernardo ser¨¢ el primer nicarag¨¹ense ejecutado en Estados Unidos. Yo quiero salvar su vida, como compatriota y como embajadora de buena voluntad del Consejo de Europa para la Abolici¨®n de la Pena de Muerte.

He puesto en marcha una petici¨®n para que el gobernador Abbott suspenda la ejecuci¨®n y le conceda el indulto. La suspensi¨®n dar¨¢ a sus abogados tiempo para investigar a fondo si tiene capacidad para morir ejecutado y proporcionarle la atenci¨®n psiqui¨¢trica y m¨¦dica que necesita.

Si el Estado de Texas cumple la sentencia, ser¨¢ el primer nicarag¨¹ense ejecutado en EEUU

A pesar de que Bernardo Ab¨¢n Tercero pidi¨® expresamente hablar con el consulado de Nicaragua y aunque las autoridades de Texas conoc¨ªan su condici¨®n de ciudadano extranjero, le negaron un derecho que le otorga el art¨ªculo 36 de la Convenci¨®n de Viena sobre Relaciones Consulares. Seg¨²n la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Art¨ªculo 36 provee una de las ¡°garant¨ªas m¨ªnimas esenciales para que los ciudadanos extranjeros tengan la oportunidad de preparar de forma adecuada su defensa y contar con un juicio justo¡±.

En un informe del 18 de agosto de 2015, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos afirma que Estados Unidos ha violado los derechos fundamentales de Ab¨¢n Tercero. Solicita que Estados Unidos, y en concreto Texas, ¡°respete como es debido y por completo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos¡± y suspenda la ejecuci¨®n. Insta al Estado de Texas a conceder a Bernardo ¡°medidas reales de alivio, como la revisi¨®n de su juicio de acuerdo con las garant¨ªas legales y de juicio justo establecidas en la Declaraci¨®n Americana [de Derechos Humanos]¡±. La conclusi¨®n del informe es que, ¡°si el Estado de Texas lleva a cabo esta ejecuci¨®n, cometer¨¢ una violaci¨®n grave e irreparable del derecho esencial a la vida reconocido en el art¨ªculo 1 de la Declaraci¨®n Americana¡±. La Comisi¨®n concluye tambi¨¦n que ¡°durante el proceso contra Bernardo Ab¨¢n Tercero, su abogado de oficio cometi¨® graves errores que perjudicaron su derecho a la defensa, sobre todo teniendo en cuenta las normas aplicables en un caso que implica la pena de muerte. La Comisi¨®n ha determinado asimismo que Ab¨¢n no tuvo la posibilidad de que se revisara su sentencia debido a las limitaciones impuestas por las leyes federales y la interpretaci¨®n de los tribunales nacionales¡±.

Investigaci¨®n negligente

Ab¨¢n fue condenado a muerte por asesinato en 2000 y ha pasado los ¨²ltimos 15 a?os en prisi¨®n

Bernardo Ab¨¢n Tercero fue declarado culpable del asesinato de Robert Berger en Houston (Texas) el 31 de marzo de 1997. Fue condenado a muerte el 13 de diciembre de 2000 y ha pasado los ¨²ltimos 15 a?os en prisi¨®n.

Seg¨²n un informe de Human Rights First, no existe ninguna documentaci¨®n completa del proceso de Bernardo porque sus abogados anteriores no examinaron debidamente las primeras etapas de su caso. Durante la fase anterior al juicio, sus abogados defensores, Gilbert Villarreal y John Denniger, no presentaron una defensa coherente. No llevaron a cabo una investigaci¨®n exhaustiva sobre posibles atenuantes, como los problemas de salud mental. No examinaron su caso hasta la v¨ªspera del juicio e incluso entonces no dedicaron m¨¢s que unos d¨ªas a una m¨ªnima exploraci¨®n.

Despu¨¦s de que le condenaran a muerte, se design¨® a Sid Crowley y Richard Wheelan para que le representaran en su recurso. Tampoco ellos investigaron ni pusieron en duda el comportamiento del abogado anterior. El peri¨®dico de Austin American Statesman sit¨²a a estos dos abogados entre los cinco peores especialistas en pena de muerte en Texas.

El recluso padece graves problemas mentales que deber¨ªan obligar a suspender la ejecuci¨®n

Bernardo Ab¨¢n Tercero padece graves problemas mentales, pero, a pesar de su petici¨®n expresa, sus abogados anteriores no examinaron a fondo ni su salud psicol¨®gica ni su capacidad cognitiva.

Seg¨²n la evaluaci¨®n realizada recientemente por el doctor Llorente a instancias de sus abogados actuales, Michael Carlton y Walter Long, existe un historial de enfermedades mentales graves en su familia, incluida la esquizofrenia. Un familiar ha contado que Bernardo recib¨ªa malos tratos de su padre biol¨®gico, que sufr¨ªa ¡°retraso mental severo¡±. El hombre golpeaba a Bernardo con la culata de una pistola que llevaba siempre encima. Le sacaba a rastras de la escuela y le llevaba a bares y prost¨ªbulos, donde le oblig¨® a mantener relaciones sexuales desde que ten¨ªa ocho a?os.

En la c¨¢rcel, a Bernardo le han recetado diversos medicamentos de forma espor¨¢dica: Celexa para la ansiedad y el estr¨¦s (2011-2013), Zoloft y Risperidone para la psicosis (febrero de 2014) y Perphenazine, un potente antipsic¨®tico (octubre 2014-enero 2015). Seg¨²n el m¨¦dico, ¡°extra?a la ausencia de una valoraci¨®n de conjunto y de un tratamiento prolongado adecuado en ciertas etapas de su vida y durante partes de su estancia en prisi¨®n, dado que es un individuo con antecedentes de delirios y episodios psic¨®ticos que exigen el uso de poderosos medicamentos para tratar sus s¨ªntomas. Su historial y dichos s¨ªntomas deber¨ªan haber obligado a evaluarlo y tratarlo antes de su examen actual y antes de la desgraciada muerte del se?or Berger¡±.

El 19 de agosto, los abogados de Bernardo presentaron un recurso para que se determine su competencia y otra para la suspensi¨®n o modificaci¨®n de su ejecuci¨®n, bas¨¢ndose en su largo historial de enfermedad mental y en el diagn¨®stico del doctor Llorente. Las enmiendas octava y decimocuarta de la Constituci¨®n de Estados Unidos establecen que una persona que carece de la comprensi¨®n racional del motivo de su ejecuci¨®n no puede ser ejecutada. El Tribunal Supremo lo confirm¨® con un fallo que subrayaba que ¡°el conocimiento por parte del preso del argumento del Estado para la ejecuci¨®n no es lo mismo que su comprensi¨®n racional¡±.

Contra la Constituci¨®n

En 2002, el Tribunal Supremo dict¨®, en Atkins v. Virginia, que es anticonstitucional ejecutar a personas con enfermedades mentales. A pesar de ese fallo, Texas ha ejecutado a un m¨ªnimo de 25 personas con diagn¨®sticos documentados de esquizofrenia paranoide, trastorno bipolar y otras enfermedades mentales graves y persistentes. Muchos hab¨ªan buscado tratamiento antes de cometer sus cr¨ªmenes pero se les neg¨® una atenci¨®n a largo plazo.

Bernardo no es ning¨²n peligro para la sociedad. Seg¨²n el informe de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, ¡°los agentes de las fuerzas del orden testificaron, durante su detenci¨®n en espera de juicio, que el se?or Tercero no ten¨ªa ning¨²n expediente disciplinario por conducta agresiva o violenta¡±.

Durante el hurac¨¢n Mitch, uno de los m¨¢s letales y destructores que ha habido en Nicaragua, Bernardo ayud¨® a salvar vidas. Como describi¨® ?ngela del Rosario Mayorga: ¡°O¨ª un ruido y tembl¨® la tierra, la gente grit¨® y sali¨® corriendo. Hab¨ªa una avalancha terrible desde el volc¨¢n Casita. Trat¨¦ de huir, pero era imposible. Todo el pueblo estaba enterrado bajo piedras y barro en cuesti¨®n de minutos, y perd¨ª el conocimiento. Cuando me despert¨¦, no pod¨ªa moverme, ten¨ªa el cuerpo atrapado. Al cabo de dos horas nos encontraron unos campesinos, pero nadie se atrevi¨® a acercarse por miedo a que el barro se lo tragara, hasta que un voluntario llamado Bernardo Tercero vino y me rescat¨® atado a una cuerda. Hace dos a?os me enter¨¦ por su madre de que le hab¨ªan condenado a muerte... Creo que ese chico merece una sentencia m¨¢s justa que no es la de muerte¡±.

El relato de ?ngela es una de las ocho declaraciones juradas de personas a las que Bernardo salv¨® durante el hurac¨¢n.

Incluso alguien que apoye la pena de muerte debe estar de acuerdo con el Tribunal Supremo en que ¡°la pena de muerte est¨¢ llena de arbitrariedades, discriminaciones, caprichos y errores¡± y ¡°debe aplicarse con justicia y con una coherencia razonable, o no aplicarse¡±. Este es el motivo por el que solicito al gobernador Abbott que conceda la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n y el indulto a Bernardo Ab¨¢n Tercero.

Bianca Jagger es presidenta y directora de la Bianca Jagger Human Rights Foundation; embajadora de buena voluntad del Consejo de Europa; embajadora del Desaf¨ªo de Bonn de la UICN; titular del Centre for International Governance Innovation y miembro del Consejo de Directores Ejecutivos de Amnesty International USA.

Traducci¨®n de Mar¨ªa Luisa Rodr¨ªguez Tapia