La ¡®mafia¡¯ del papel higi¨¦nico en Chile

La Fiscal¨ªa Nacional Econ¨®mica chilena ha acusado a las dos principales compa?¨ªas papeleras locales de haber montado un engranaje para repartirse cuotas en el mercado y controlar el precio del papel higi¨¦nico y otros productos de primera necesidad desde el a?o 2000 a 2011. La trama ha indignado a la ciudadan¨ªa, porque no se trata del primer esc¨¢ndalo de este tipo que explota en los ¨²ltimos a?os en Chile, donde se han descubierto alzas de precios concertadas en medicamentos y pollos. En un pa¨ªs con niveles altos de desigualdad, donde el 1% m¨¢s rico concentra el 33% de la riqueza, este tipo de pr¨¢cticas resulta especialmente indignante.

¡°Es un hecho de m¨¢xima gravedad¡±, se?al¨® este jueves la presidenta Michelle Bachelet. ¡°La colusi¨®n es un abuso que perjudica a las personas, la econom¨ªa, la confianza y la imagen de nuestro pa¨ªs¡±.

El caso involucra a dos compa?¨ªas importantes y a dirigentes empresariales de alta figuraci¨®n p¨²blica

El caso involucra a dos compa?¨ªas importantes y a dirigentes empresariales de alta figuraci¨®n p¨²blica. La primera es CMPC, conocida como La papelera, una firma controlada por el Grupo Matte, de las familias m¨¢s ricas y poderosas del pa¨ªs. La segunda empresa involucrada es SCA Chile, que en 2000 se llamaba Pisa y era propiedad de Gabriel Ruiz-Tagle, ministro del Deporte del Gobierno de Sebasti¨¢n Pi?era (2010-2014). Juntas facturan unos 400 millones de d¨®lares anualmente y controlan el 90% del mercado de papel higi¨¦nico, pa?uelos de papel, papel de cocina y servilletas, entre otros productos.

De acuerdo con la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa Nacional Econ¨®mica, que acus¨® a ambas firmas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los contactos comenzaron a mediados de 2000. Ruiz-Tagle y Jorge Morel, gerente general de CMPC, tuvieron una primera reuni¨®n en un club de golf de las afueras de la capital. Los empresarios luego comenzaron a encontrarse en un cuartel de bomberos de la zona oriente de Santiago, junto a otros altos directivos de ambas compa?¨ªas.

Para facilitar la comunicaci¨®n y no ser descubiertos, crearon nuevos correos electr¨®nicos y compraron m¨®viles de prepago. Cuando en 2008 estall¨® el caso del alza concertada de precios de medicamentos, tomaron mayores resguardos: intercambiaban informaci¨®n en papeles impresos. Las cartas llegaban a las residencias privadas de los gerentes de las empresas como partes de matrimonio, como se le denomina en Chile a las invitaciones para una boda.

Conscientes de la ilicitud

El mecanismo que les permiti¨® mantener sus altas participaciones en el mercado y afectar los precios de sus productos funcion¨® durante m¨¢s de una d¨¦cada. Y de acuerdo con la Fiscal¨ªa Nacional Econ¨®mica, ¡°los ejecutores de la conducta eran conscientes de su ilicitud¡±. En diciembre de 2011, por ejemplo, directivos de CMPC se deshicieron de algunos ordenadores arroj¨¢ndolos al canal San Carlos, un conocido riachuelo que cruza parte de Santiago y que transporta sobre todo desechos.

Los mecanismos utilizados por los empresarios en esta trama han impactado a los chilenos, que hasta hace pocos a?os ten¨ªan una alta valoraci¨®n del mundo empresarial de su pa¨ªs. Casos de abusos reiterados hacia los consumidores, sin embargo, han hecho variar esa percepci¨®n y explican, en parte, el estallido de los movimientos sociales de 2011.

En Chile la colusi¨®n de mercado no es una figura penal y no se castiga con c¨¢rcel: en 2003 se reemplaz¨® el delito por el aumento de multas. Aunque existen al menos tres proyectos de ley en el Congreso para sancionar m¨¢s duramente este tipo de pr¨¢cticas, uno de ellos impulsado desde el Gobierno, no se prev¨¦ su aprobaci¨®n en el corto plazo. La legislaci¨®n vigente, mientras tanto, permite que sucedan casos como el de 2014, cuando 10 ejecutivos involucrados en el aumento de precios de los medicamentos fueran absueltos por la Justicia. En el caso del papel higi¨¦nico suceder¨¢ algo similar: como CMPC reconoci¨® pr¨¢cticas anticompetitivas, no tendr¨¢ ning¨²n castigo pese a haber recibido el 76% de los beneficios del acuerdo durante una d¨¦cada.