Per¨² crea un registro de v¨ªctimas de esterilizaci¨®n forzada bajo Fujimori

El Gobierno peruano aprob¨® ayer la creaci¨®n de un registro de v¨ªctimas de esterilizaci¨®n forzada, una pol¨ªtica que desarroll¨® la Administraci¨®n del expresidente Alberto Fujimori durante su ¨²ltimo mandato (1995-2000). La Defensor¨ªa del Pueblo ha registrado m¨¢s de 2.000 denuncias y 44 muertes por las cirug¨ªas de la entonces denominada ¡°anticoncepci¨®n quir¨²rgica voluntaria¡±. El decreto que crea el registro busca ¡°identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia¡±, as¨ª como permitir su acceso a la atenci¨®n sanitaria.

En 1997, una obstetra confes¨® a la antrop¨®loga estadounidense Kimberly Theidon que cuando se acab¨® la anestesia en una jornada de ligadura de trompas promovida por el Gobierno de Alberto Fujimori, cerraron las puertas para que los gritos de dolor no espantaran a quienes aguardaban su turno. Esterilizaron a 147 mujeres en dos d¨ªas. Los trabajadores de salud estaban obligados a completar una meta de esterilizaciones que el Ejecutivo supervisaba.

La Defensor¨ªa del Pueblo ha registrado 2.074 denuncias y 44 muertes por la llamada ¡°anticoncepci¨®n quir¨²rgica voluntaria¡± y, seg¨²n un informe del organismo publicado en 2002, entre 1990 y 2001 se realizaron al menos 272.028 esterilizaciones.

El Gobierno aprob¨® ayer la creaci¨®n del registro de v¨ªctimas de esterilizaci¨®n forzada entre 1995 y 2000. El decreto supremo indica que servir¨¢ para ¡°identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia¡± y para que sean atendidas seg¨²n las disposiciones del Seguro Integral de Salud. Adem¨¢s, asigna al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la atenci¨®n psicol¨®gica y el acompa?amiento social de quienes se encuentren en el registro.

Per¨² toma esta medida para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Per¨² toma esta medida para cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que acudieron en 1999 los familiares de Mamerita Mestanza, una mujer que muri¨® tras una cirug¨ªa de este tipo sin su consentimiento. En 2003, las partes llegaron a un acuerdo, y el Estado peruano se comprometi¨® a investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los pol¨ªticos implicados, y a reparar a las v¨ªctimas.

La abogada Ana Mar¨ªa Vidal, del Grupo de Seguimiento a las V¨ªctimas de Esterilizaci¨®n Forzada, coment¨® que ¡°la norma no contempla otro tipo de reparaciones, como las simb¨®licas o la indemnizaci¨®n¡±, es decir, no reconoce obligaciones a¨²n pendientes ante el fuero interamericano, ¡°pero es un primer paso que el Estado reconozca su obligaci¨®n de atender a las mujeres afectadas por una pol¨ªtica p¨²blica que se implement¨® desde los m¨¢s altos niveles de Gobierno¡±.

En 2006, el Estado se comprometi¨® a incluir en el Seguro Integral de Salud a las mujeres v¨ªctimas de esta pr¨¢ctica y a sus familiares, pero seg¨²n la ONG Demus solo 83 han podido afiliarse desde entonces.

En un libro publicado en 2014 por la investigadora Alejandra Ball¨®n, la antrop¨®loga Theidon sostiene que las esterilizaciones forzadas no fueron solo un mecanismo de lucha contra la pobreza en la poblaci¨®n rural, sino una ¡°guerra quir¨²rgica contra las mujeres pobres¡± que podr¨ªan procrear ni?os que al crecer supuestamente iban a sumarse al grupo terrorista Sendero Luminoso.?