¡°Indictment¡±

No es f¨¢cil para los ciudadanos mantener el optimismo semana tras semana cuando medio pa¨ªs se dedica a irrespetar sus cargos, usar las trampas para burlar la justicia, aprovecharse de la impunidad social y judicial, mientras el otro medio busca desesperado cambiar las violencias por formas de reconciliaci¨®n definitivas terminando por volverse voces quijotescas.

Y me refiero a quienes se levantan a trabajar cada ma?ana sobre sus pies sin un arma jam¨¢s empu?ada como las madres que mandan a sus hijos al colegio y salen a sus labores para pagar pensiones y arriendos como lo hacen cientos de profesionales de todos los niveles socioecon¨®micos.

Mientras en La Habana, en Cuba, los negociadores del gobierno colombiano luchan minuto a minuto para que unas Farc encerradas en sus postulados entiendan y se logre antes del 23 de marzo el anhelado acuerdo, en diversos sectores en Colombia insisten en enriquecerse desde el poder que les confieren los cargos a los que llegan o con los que la sociedad los premia.

Acept¨® cargos en Estados Unidos Luis Bedoya, expresidente de la Federaci¨®n Colombiana de F¨²tbol en el Fifagate. El Indicment, acusaci¨®n del distrito de Nueva York en su contra dice que ¡°corrompieron la empresa mediante la participaci¨®n en diversas actividades criminales¡­para mover el dinero que recib¨ªan por cuentas de sobornos u comisiones¡­¡±.

Un hombre de origen humilde que para sostenerse vendi¨® ropa en almacenes y ahora lidera millonarias transacciones en d¨®lares producto de sobornos por derechos de transmisi¨®n de eventos deportivos que tienen a la FIFA enfrentando el mayor esc¨¢ndalo en 112 doce a?os de historia. ¡°Secuestraron el deporte¡±, dijo la fiscal Loreta Linch.

Desde otra alta posici¨®n, la que confiere la toga de magistrado, Jorge Petrelt amenaz¨® esta semana al presidente colombiano con pedir la intervenci¨®n de las Naciones Unidas y de la Comisi¨®n Interamericana por supuestas presiones de Santos en su proceso judicial. El mandatario le pidi¨® a la C¨¢mara de Representantes que resuelva con celeridad el caso del ex presidente de la Corte Constitucional a quien se investiga por soborno para presuntamente fallar una acci¨®n de tutela. Cierto es que el principio de separaci¨®n de poderes implica la no injerencia del ejecutivo en decisiones judiciales, pero en Preteltgate no puede seguir encontrando en dicha C¨¢mara refugio para sus pecados.

Y en medio de esos casos, quiz¨¢ esta semana Colombia tuvo que ver uno que afecta lo m¨¢s profundo de la institucionalidad. En la Polic¨ªa, ya empieza a conocerse lo que se ha denominado el Palogate, porque las denuncias sobre el actual director de la instituci¨®n, Rodolfo Palomino, habr¨ªan producido que subalternos suyos se dieran a la tarea de perseguir e interceptar a periodistas, como en la ¨¦poca del expresidente Uribe, espec¨ªficamente a Vicky D¨¢vila por revelar un presunto caso de acoso sexual por parte del oficial.

Como si fuera poco, otro general, Luis Eduardo Mart¨ªnez, quien aspiraba a ser ascendido perdi¨® el apoyo del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas en 48 horas. Primero lo apoy¨® como el gran oficial que efectivamente demostr¨® ser en diversos cargos, y luego pidi¨® aplazar su ascenso porque un documento nada menos que de la DEA comprometer¨ªa a Mart¨ªnez en una lista de uniformados con v¨ªnculos con el narcotr¨¢fico y organizaciones ilegales como la temida oficina de Envigado, cuna de sicarios en Medell¨ªn.

Ello seg¨²n testimonios, entre otros, de un general colombiano hoy preso en Estados Unidos: Mauricio Santoyo. El Ministro Villegas le reconoci¨® a Dario Arismendi en Caracol Radio que hay una divisi¨®n por el poder en la polic¨ªa colombiana.

La lista es interminable y la ¨²ltima y m¨¢s reciente, ¨²nica esperanza para esos ciudadanos que aspiran a una Colombia en paz para sus hijos, es la aprobaci¨®n del plebiscito por la paz como mecanismo para refrendar los acuerdos a los que se llegue con las Farc, opacados en las ¨²ltimas horas por el secuestro de un soldado cuya autor¨ªa no est¨¢ confirmada, y la demora en conocerse el acuerdo final de 75 puntos sobre justicia transicional.

El proyecto aprobado sin duda tiene pros y contras. La oposici¨®n como era esperable ha dicho que el plebiscito deber¨ªa hacerse sobre la continuidad del gobierno de Santos pues insiste en que lo aprobado por el legislativo cambia las reglas de juego sobre el mecanismo de participaci¨®n ciudadana a su acomodo.

Para sus defensores, dicho mecanismo de refrendaci¨®n, al que incluso no est¨¢ obligado el presidente, le da legitimidad a los acuerdo de lograr el respaldo de 4 millones 400 mil votos por el SI. Aunque baja el umbral de participaci¨®n al 13%, solo para este caso, es imposible no entender que el car¨¢cter excepcional del momento as¨ª lo requiere y su resultado ser¨¢ vinculante.

Para los contradictores, no es leg¨ªtimo porque solo pregunta por el s¨ª o por el no, sin que los ciudadanos puedan conocer el contenido de los acuerdos, desconocen la promesa del gobierno de que los har¨¢ p¨²blicos e insisten en que la reducci¨®n del umbral es inconstitucional y corre riesgos en la Corte Constitucional.

Diana Calder¨®n es directora de Informativos y de Hora 20 de Caracol Radio?Colombia Twitter @dianacalderonf