El tribunal del genocidio de Ruanda concluye su misi¨®n con 61 condenas

En plena pugna entre el Gobierno de Ruanda (liderado por la etnia hutu) y el Frente Patri¨®tico Ruand¨¦s (formado por refugiados tutsi), extremistas hutu asesinaron a m¨¢s de 800.000 personas en el seno de ambas comunidades en cien d¨ªas de violencia atroz en 1994. El ritmo de las matanzas, perpetradas con machetes, cuchillos y palos con clavos, super¨® los peores momentos del Holocausto. Desde 1995 el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que cerrar¨¢ sus puertas el pr¨®ximo 31 de diciembre, se ha encargado de juzgar a los principales causantes.

Dos d¨¦cadas despu¨¦s de una tragedia que la comunidad internacional no hizo lo posible por impedir, las ¨²ltimas apelaciones han reducido las penas de c¨¢rcel impuestas en 2011 contra seis procesados. Los jueces del tribunal internacional han condenado a 61 mandos militares, gobernantes y empresarios, adem¨¢s de religiosos, milicianos y responsables de medios de comunicaci¨®n tras escuchar a 3.000 testigos. Catorce personas han sido absueltas; 10 remitidas a juzgados ruandeses; 3 fallecieron antes o durante el proceso y hay 3 fugitivos.

A pesar de que los propios ruandeses no acaban de entender que el castigo m¨¢ximo sea cadena perpetua, y no la muerte, dada la magnitud de lo ocurrido, el Tribunal ha sido el primero de la historia en fallar contra responsables de un genocidio.

Sobre los juicios de Nuremberg (1945-1946) planea siempre el temido t¨¦rmino aplicado al exterminio jud¨ªo, y tambi¨¦n de gitanos, homosexuales, enfermos mentales o inv¨¢lidos por parte de los nazis. Sin embargo, el genocidio como figura legal no fue citado all¨ª expresamente. S¨ª sirvieron para tipificar el delito de forma aut¨®noma dando pie a la Convenci¨®n para su prevenci¨®n y sanci¨®n de 1948. Por eso, en 1994, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas orden¨® la creaci¨®n del TPIR diciendo que deb¨ªa ¡°perseguir a los responsables de genocidio, y otras violaciones graves del derecho humanitario internacional, cometidos en territorio ruand¨¦s, y en los estados lim¨ªtrofes, entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1994¡±. Adem¨¢s el TPIR fue la primera instituci¨®n en reconocer la violaci¨®n como una manera de perpetrar el genocidio.

El tribunal se ha centrado en los principales causantes del genocidio, entre los que figura el antiguo primer ministro Jean Kambanda, el exjefe del Estado Mayor del Ej¨¦rcito, Agust¨ªn Bizimungo, y el exministro de Defensa, Th¨¦oneste Basogora. Este ¨²ltimo organiz¨® una organizaci¨®n paramilitar hutu (Interahamwe) responsable de secuestros y asesinatos. Y tambi¨¦n de la emisora de Radio y Televisi¨®n Libre de las Mil Colinas, que lanz¨® soflamas racistas y a cuya influencia un estudio de la Universidad de Harvard atribuye m¨¢s de 50.000 muertes.

Human Rigths Watch, que ha seguido la labor del TPIR, le critica no haber juzgado a m¨¢s miembros del Frente Patri¨®tico Ruand¨¦s, el partido del actual presidente, Paul Kagame, un tutsi. Aunque acusados de cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad, ¡°menos de 40 han sido procesados a pesar de que el Tribunal tiene competencias, y ello lastra la reconciliaci¨®n¡±, se?ala la ONG. Kagame ha dicho que se trat¨® solo de venganzas aisladas. Por otro lado, la pasividad inicial de la comunidad internacional, que retras¨® la ayuda a pesar de la evidencia de que el genocidio se hab¨ªa preparado durante meses, cost¨® miles de vidas

El Gobierno ruand¨¦s tambi¨¦n ha contribuido a hacer justicia habilitando juzgados locales y tradicionales. Denominados gacaca, estos ¨²ltimos son m¨¢s parecidos a un consejo dentro de las propias comunidades. Human Rights Watch ha analizado su trabajo y alaba su esfuerzo por tramitar casi dos millones de casos hasta su cierre en 2012. ¡°Ayudaron a las v¨ªctimas a buscar la forma de convivir con sus verdugos. Otros supieron por los testigos lo ocurrido con sus familias o vecinos¡±. La organizaci¨®n humanitaria critica, de todos modos, ¡°su parcialidad, la intimidaci¨®n y corrupci¨®n constatadas, y la toma de decisiones inadecuadas por falta de formaci¨®n de jueces¡±.

Junto al TPIR y los gacaca, al menos 10.000 personas han sido juzgadas por delitos relativos al genocidio en las cortes nacionales. En el extranjero, y en virtud de la jurisdicci¨®n universal, ha habido juicios contra presuntos genocidas ruandeses en B¨¦lgica, Alemania, Suiza, Canad¨¢, Noruega, Finlandia, Holanda y Suecia y Francia.

Situado en la regi¨®n de los Grandes Lagos, en ?frica oriental, Ruanda es un pa¨ªs marcado por la violencia ¨¦tnica. Protectorado alem¨¢n antes de la I Guerra Mundial y luego bajo administraci¨®n belga, sus tres grupos ¨¦tnicos hutu (un 85% de los siete millones de habitantes en 1994) y tutsi (14%) han ganado y perdido respectivamente el poder pol¨ªtico y social desde antes del periodo colonial. El tercer grupo, twa, solo suma el 1%. Si en el pasado los tutsis copaban los puestos importantes y los hutus no siquiera acced¨ªan a la educaci¨®n, d¨¦cadas de choques violentos desembocaron en una guerra civil en 1988.

En 1994, el detonante del genocidio fue el atentado mortal contra los presidentes de Ruanda, Juvenal Habyarimana (un hutu que marginaba a los tutsi), y de Burundi, Cyprien Ntaryamira. El derribo de su avi¨®n desat¨® los asesinatos ¨¦tnicos a gran escala y con una crueldad sin precedentes. Nadie se libr¨®: murieron 300.000 ni?os, otros 95.000 quedaron hu¨¦rfanos y miles de mujeres (la cifra no se ha podido calcular) fueron salvajemente violadas. De ah¨ª que el TPIR sentara un precedente al considerar genocidio la violencia sexual.