Espa?a vive un juicio hist¨®rico a la hermana del Rey
La fiscal¨ªa trata de exculpar a Cristina de Borb¨®n de los dos delitos fiscales que atribuye a su marido por el caso N¨®os
Espa?a vivi¨® el lunes el inicio de uno de los juicios m¨¢s esperados de su historia reciente. Por primera vez, un miembro de la Familia Real, la infanta Cristina de Borb¨®n, hija del rey em¨¦rito, Juan Carlos, y hermana del actual Monarca, Felipe VI, se sentaba en el banquillo de los acusados.
Do?a Cristina, sexta en la l¨ªnea de sucesi¨®n al Trono de Espa?a, est¨¢ procesada como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda P¨²blica que se atribuyen a su esposo, I?aki Urdangarin, ex balonmanista ol¨ªmpico. La pareja, en el pasado considerada de ensue?o por su modernidad y frescura ¨Cella, hija de reyes, pero trabajadora en una entidad financiera; ¨¦l, deportista de alto nivel; con cuatro hijos con los que viv¨ªan en Barcelona¨C es hoy sin¨®nimo de oprobio.
La investigaci¨®n judicial de los negocios de Urdangarin en el Instituto N¨®os, una organizaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro que la Fiscal¨ªa (Procuradur¨ªa) espa?ola considera que el yerno del Rey utiliz¨® para desviar 4,5 millones de euros procedentes de distintas administraciones p¨²blicas, se inici¨® en 2010 y provoc¨® un notable da?o a la imagen de la Corona, v¨¦rtice del andamiaje constitucional espa?ol.
Este esc¨¢ndalo, sumado a otros errores de Juan Carlos I, como su cacer¨ªa en Botsuana en los a?os m¨¢s duros de la crisis econ¨®mica, aceler¨® la decisi¨®n del anterior rey de abdicar la Corona en Felipe VI en junio de 2014.
El proceso judicial del caso N¨®os se centra esencialmente en I?aki Urdangarin y su antiguo socio Diego Torres. El fiscal pide para el cu?ado del Rey 19 a?os y medio de prisi¨®n por montar un entramado de sociedades para obtener contratos de los gobiernos auton¨®micos de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares por servicios de organizaci¨®n de eventos relacionados con el deporte que se realizaron a medias o bien no se realizaron en absoluto y por los que cobraron un total de 6,2 millones de euros. Parte de ese dinero, 4,5 millones, fueron supuestamente malversados.
De esa actividad ilegal se derivaron delitos contra la Hacienda P¨²blica. Una de las empresas del entramado, Aiz¨®on, administrada por Urdangarin, quien comparte el 50% de las acciones con Cristina de Borb¨®n, fue utilizada para desviar fondos del Instituto N¨®os y pagar gastos personales de la pareja, entre ellos los derivados del lujoso palacete que adquirieron en el exclusivo barrio barcelon¨¦s de Pedralbes.
Sin embargo, la Fiscal¨ªa, que act¨²a con enorme dureza con Urdangarin, se est¨¢ esforzando en sacar a su esposa del banquillo de los acusados. ?nicamente el sindicato Manos Limpias, presidido por el expol¨ªtico ultraderechista Miguel Bernad, ejerce la acusaci¨®n popular contra la infanta Cristina, para la que pide ocho a?os de c¨¢rcel como ¡°cooperadora necesaria¡± en los dos delitos fiscales atribuidos a Urdangarin.
La Fiscal¨ªa, sin embargo, considera que Cristina de Borb¨®n solo ejerc¨ªa un papel ¡°decorativo¡± en las sociedades de su marido y ha desplegado dos v¨ªas sucesivas para evitar su condena. La primera es sacarla del juicio oral mediante la aplicaci¨®n de la llamada doctrina Bot¨ªn. En 2007, el Tribunal Supremo espa?ol fall¨® que para juzgar a alguien por delito contra la Hacienda P¨²blica es necesario que la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado ¨Cen representaci¨®n de la Agencia Tributaria, la perjudicada directa- ejercieran la acusaci¨®n. Es decir, que una acusaci¨®n popular no est¨¢ legitimada por s¨ª sola para llevar a alguien a juicio por un delito fiscal.
La segunda v¨ªa, prevista por si las tres magistradas que conforman el tribunal deciden mantener a la Infanta en el banquillo, busca directamente despojar del car¨¢cter delictivo a la actuaci¨®n de Cristina de Borb¨®n. Para ello, el fiscal se apoya, entre otros argumentos, en un informe de la Agencia Tributaria que sostiene que los socios que no ejerzan funciones de gesti¨®n en las sociedades que cometen fraude fiscal no son responsables de la defraudaci¨®n y no pueden ser sancionados administrativamente por la infracci¨®n tributaria. Por ello, entiende el fiscal, mucho menos se les puede considerar responsables penales.
En todo caso, la decisi¨®n de mantener a la infanta Cristina en el juicio del caso N¨®os todav¨ªa est¨¢ pendiente de resolverse. El tribunal decidir¨¢ si la hermana del Rey sigue procesada antes del 9 de febrero, cuando se reanudar¨¢ la vista oral.
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