Amnist¨ªa Internacional Francia y HRW reclaman el fin del estado de excepci¨®n

Casi tres meses despu¨¦s de los atentados yihadistas del pasado 13 de noviembre?en Par¨ªs, en los que murieron 130 personas, las organizaciones de derechos humanos Amnist¨ªa Internacional Francia y Human Rights Watch reclaman el fin del estado de excepci¨®n decretado tras los ataques. En vigor hasta el 26 de febrero, el Gobierno de Fran?ois Hollande?ha pedido al Parlamento prolongarlo tres meses m¨¢s. Las asociaciones consideran que el Ejecutivo no aporta argumentos suficientes para mantener este r¨¦gimen de restricci¨®n de libertades, que permite realizar registros y poner a una persona en arresto domiciliario de 12 horas diarias sin control judicial. Denuncian adem¨¢s que su aplicaci¨®n se ha realizado de forma desproporcionada y discriminatoria con los musulmanes.

El derecho internacional reconoce la posibilidad de recurrir al estado de excepci¨®n siempre y cuando un pa¨ªs se encuentre ¡°ante una situaci¨®n excepcional, que haya una necesidad absoluta de restringir las libertades, que las medidas tomadas sean proporcionales y no discriminatorias¡±, record¨® la presidenta de Amnist¨ªa Internacional (AI) Francia, Genevi¨¨ve Garrigos, en la presentaci¨®n conjunta con Human Rights Watch (HRW) de dos informes paralelos sobre su aplicaci¨®n en Francia desde los atentados. Por ello la organizaci¨®n recomienda no prolongar el estado de excepci¨®n, ¡°salvo que el Gobierno lo justifique de forma lo suficientemente rigurosa, motivada y detallada¡±. En caso de hacerlo, pide garant¨ªas para evitar su aplicaci¨®n de forma arbitraria.

Las organizaciones se?alan que, seg¨²n los datos del propio Ministerio del Interior, desde la entrada en vigor del estado de excepci¨®n se han realizado m¨¢s de 3.000 registros y puesto en arresto domiciliario parcial (con obligaci¨®n de acudir a la comisar¨ªa tres veces diarias y prohibici¨®n de abandonar su ciudad) a unas 400 personas. Sin embargo, solo se han abierto cuatro investigaciones judiciales preliminares por hechos vinculados con el terrorismo y 21 por ¡°apolog¨ªa de terrorismo¡±. Las autoridades han abierto tambi¨¦n otras 488 investigaciones por infracciones de otra ¨ªndole.

Ambos informes, basados en 60 testimonios de personas afectadas en el caso de Amnist¨ªa Internacional y de otros 18 en el de HRW, apuntan adem¨¢s a abusos que ¡°pisotean los derechos de cientos de hombres, mujeres y ni?os¡± afectados, algunos de los cuales han perdido su trabajo. Para el investigador de AI Marco Perolini, las medidas se han aplicado de forma ¡°arbitraria y discriminatoria¡±, en algunos casos bas¨¢ndose en datos err¨®neos, y en la mayor¨ªa en funci¨®n de pr¨¢cticas religiosas musulmanas consideradas ¡°radicales¡±, sin que nunca se defina el t¨¦rmino. Recuerda tambi¨¦n que 24 ecologistas fueron sometidos al arresto domiciliario parcial durante la cumbre del clima de diciembre, por ser considerados una amenaza potencial al orden p¨²blico, cuando no ten¨ªan antecedentes penales.

Los afectados tienen la posibilidad de recurrir ante la justicia administrativa cualquier medida dictada durante el estado de excepci¨®n, lo cual supone en principio una garant¨ªa de los derechos de los afectados. Sin embargo, AI denuncia que muchos de ellos carecen de las capacidades sociales y financieras para acudir a los tribunales. Cuando lo hacen, denuncian que no tienen acceso a los elementos en su contra hasta momentos antes de la audiencia, debilitando as¨ª su posibilidad de defenderse.