El Supremo de Venezuela ratifica el decreto de Emergencia Econ¨®mica

El fuego cruzado entre gobierno y oposici¨®n produjo este jueves en Caracas dos declaraciones de emergencia. Por un lado la Asamblea Nacional (AN), de mayor¨ªa opositora, aprob¨® un acuerdo que proclama el estado de ¡°crisis alimentaria¡± en Venezuela, y por el otro, el Gobierno de Nicol¨¢s Maduro obtuvo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo su control, un veredicto por el que declara vigente el Decreto de Emergencia Econ¨®mica que el Poder Ejecutivo hab¨ªa preparado a mediados de enero pero que el parlamento rechaz¨® en esa ocasi¨®n.

Las confusiones jur¨ªdicas afloraron este jueves cuando Ejecutivo y Legislativo movieron, mediante esta guerra de declaraciones de emergencia, sus fichas en el tablero del ajedrez pol¨ªtico que juegan desde la instalaci¨®n de la nueva Asamblea Nacional, de mayor¨ªa opositora, el pasado 6 de enero. En los hechos, sin embargo, nada hab¨ªa mejorado al final del d¨ªa ni en la situaci¨®n financiera del pa¨ªs ni en la escasez ya cr¨®nica de productos de consumo b¨¢sico, como alimentos o medicinas.

En una transmisi¨®n televisada, Maduro aplaudi¨® la decisi¨®n del Supremo, a la que ve como un signo del imperio de la ¡°democracia, (y la) constitucionalidad¡± en el pa¨ªs. Con su decreto de emergencia econ¨®mica ya en vigencia, anunci¨®, ¡°activar¨¦ un conjunto de medidas en los pr¨®ximos d¨ªas, que ya ven¨ªa trabajando¡±.

El 14 de enero Maduro public¨® en la Gaceta Oficial el decreto n¨²mero 2.184 para declarar la emergencia econ¨®mica en todo el pa¨ªs, que present¨® ante la Asamblea Nacional el 19 de enero. Al cabo de una discusi¨®n dentro del plazo de ocho d¨ªas previsto por la ley, la bancada opositora hizo valer su mayor¨ªa para rechazar el decreto el 29 de enero. De acuerdo a voceros parlamentarios, fue desaprobado porque otorga poderes discrecionales al Ejecutivo para expropiar empresas y, en definitiva, ahondar¨ªa en pol¨ªticas ya fracasadas.

Sin embargo, el chavismo apel¨® al Tribunal Supremo de Justicia, que ya hab¨ªa certificado la constitucionalidad del decreto el 21 de enero. Este jueves, a instancias de ¡°miembros de Consejos Comunales, Comunas y otros movimientos sociales¡±, la misma Sala Constitucional del TSJ fall¨® ante un recurso de interpretaci¨®n por el que determin¨® que la Asamblea Nacional no hab¨ªa cumplido su tarea de ¡°control pol¨ªtico¡± del decreto dentro los plazos legales y que, por lo tanto, el decreto tiene vigor.

Apenas horas antes, el parlamento, entre las protestas de la minor¨ªa oficialista, hab¨ªa aprobado en su sesi¨®n ordinaria la declaraci¨®n de una ¡°crisis alimentaria¡± en Venezuela y el cese en los hechos de la ¡°seguridad alimentaria¡±. El documento solicita a las organizaciones de Naciones Unidas para la Alimentaci¨®n (FAO) y para la Infancia (Unicef) el env¨ªo urgente al pa¨ªs de expertos para evaluar la cr¨ªtica situaci¨®n de desabastecimiento. De acuerdo a la declaraci¨®n parlamentaria, el propio Gobierno ha admitido niveles de escasez de hasta 87% en distintos rubros alimentarios, aunque denomin¨¢ndolos como ¡°niveles de acaparamiento¡±. El Gobierno chavista alega que la escasez y la inflaci¨®n son producto de una ¡°Guerra Econ¨®mica¡± que el imperialismo y la burgues¨ªa local estar¨ªan librando contra la Revoluci¨®n Bolivariana.

En la misma y agitada jornada, la bancada opositora aprob¨® en primera discusi¨®n la Ley de Reforma de la ley del Banco Central. Tambi¨¦n, con el apoyo un¨¢nime, y por lo tanto inusitado, de ambas fracciones pol¨ªticas, se aprob¨® la Ley de Bono de Alimentaci¨®n y Medicinas. El diputado de Primero Justicia (oposici¨®n), Julio Borges, present¨® el proyecto de Ley de Producci¨®n Nacional. Todas son normativas con las que se busca tomar las riendas de la delicada situaci¨®n econ¨®mica y social del pa¨ªs.

No obstante, el renovado conflicto de poderes entre Legislativo y Judicial, aupado este ¨²ltimo desde el Gobierno, no augura momentos mejores para una crisis que, como la venezolana, parece agravarse d¨ªa a d¨ªa.