El Supremo venezolano intenta liquidar la producci¨®n privada de alimentos

El Tribunal Supremo de Justicia ha restituido la vigencia del decreto de Emergencia Econ¨®mica promulgado a principios de enero por el presidente Nicol¨¢s Maduro arguyendo defectos en la forma que lo rechaz¨® la Asamblea Nacional de Venezuela. La sentencia desconoce el control pol¨ªtico que ejerce el Parlamento, de mayor¨ªa opositora, y allana el camino para que el Ejecutivo termine de liquidar la capacidad productiva de la empresa privada en Venezuela.

La decisi¨®n proviene de un recurso de interpretaci¨®n presentado por grupos de base chavistas ante la Sala Constitucional del m¨¢ximo tribunal venezolano, para que dictaminara el alcance de un art¨ªculo de la Constituci¨®n y dos disposiciones de la Ley Org¨¢nica sobre los Estados de Excepci¨®n, en respuesta a la decisi¨®n tomada por la mayor¨ªa opositora de la Asamblea Nacional el pasado 22 de enero de negar la aplicaci¨®n de las medidas.

En la pr¨¢ctica, Maduro gobernar¨¢ con un Estado de excepci¨®n en los hechos: entre otras atribuciones, puede disponer de cr¨¦ditos adicionales para financiar el gasto sin necesidad de contar con el visto bueno del Parlamento; cesar los requisitos y procedimientos exigidos en las normativas locales para agilizar las comprar urgentes ordenadas por el Gobierno; requerir a las empresas del sector p¨²blico y privados incrementar la producci¨®n y el abastecimiento de determinados insumos; disponer de los medios de transporte, canales de distribuci¨®n, centros de acopio, beneficiadores del sector privado para los objetivos planteados en el decreto y establecer restricciones a las operaciones financieras.

Maduro ha pedido a los venezolanos una nueva oportunidad para solventar la cr¨®nica crisis de abastecimiento

Maduro, que se niega a modificar su modelo de desarrollo, ha pedido a los venezolanos una nueva oportunidad para solventar la cr¨®nica crisis de abastecimiento y escasez que ha marcado su per¨ªodo, y considera como un estorbo a sus planes al Poder Legislativo, con el que ha planteado una lucha encarnizada por impedir reformas econ¨®micas.

En respuesta a la decisi¨®n del Supremo, que es controlado por el r¨¦gimen, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, ha dedicado duros calificativos hacia los magistrados y ha dicho que el Gobierno ¡°est¨¢ haciendo lo posible para que le den un golpe de Estado¡±. En un lance que evoc¨® el desenlace del Gobierno de Salvador Allende en Chile el director de debates agreg¨®: ¡°Es la ¨²nica justificaci¨®n hist¨®rica que tendr¨¢n despu¨¦s de este fracaso monumental que representan¡±.

Esa idea lanzada por Ramos es parte de un razonamiento m¨¢s extendido, que achaca al r¨¦gimen la responsabilidad de no buscar la conciliaci¨®n con sus opositores, ni de modificar el dise?o de su modelo econ¨®mico por considerarlo como una traici¨®n al legado y las ense?anzas del fallecido presidente Hugo Ch¨¢vez. ¡°La sentencia de TSJ profundiza y acelera la crisis¡±, dijo Ramos. Tras la decisi¨®n el l¨ªder opositor considera que el plazo de seis meses que se hab¨ªan fijado al inicio de la legislatura para encontrar una f¨®rmula que permita sacar a Maduro del poder por alguna de las posibilidades establecidas en la Constituci¨®n ¡°se ha quedado corto¡±. ¡°En los pr¨®ximos d¨ªas tendremos que ofrecer una propuesta concreta de salida a esta desgracia nacional que es el Gobierno¡±, agreg¨®.

El r¨¦gimen venezolano tiene en la mira a Alimentos Polar, parte del holding empresarial hom¨®nimo, y que produce buena parte de los alimentos de la canasta b¨¢sica mejor valorados por los venezolanos. El mi¨¦rcoles, durante un debate en la c¨¢mara sobre la declaratoria de la emergencia alimentaria en Venezuela, el diputado chavista Ricardo Molina propuso incluir en el acuerdo la expropiaci¨®n del grupo empresarial, que, desde el punto de vista del r¨¦gimen, se niega a producir los alimentos de la dieta.