La CIDH pide a M¨¦xico que rompa el ciclo de impunidad

Impunidad, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura institucionalizada, justicia simulada¡­ y vuelta a empezar en un c¨ªrculo vicioso que se repite desde hace a?os, si no d¨¦cadas. La ¡°grave crisis¡± de derechos humanos que atraviesa M¨¦xico no se limita a casos conocidos como el de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa o el Tlatlaya, donde se ha establecido la implicaci¨®n de militares en el asesinato a sangre fr¨ªa de una quincena de civiles. La crisis es profunda, viene de largo y trasciende gobiernos porque es, en el fondo, estructural. No hay forma de maquillar las cifras y preocupantes se?alamientos que se acumulan en el informe sobre la ¡°Situaci¨®n de derechos humanos en M¨¦xico¡± de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el primero completo del pa¨ªs desde 1998, y que fue publicado este mi¨¦rcoles.

La conclusi¨®n es clara: ¡°La respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad¡±, subraya el informe. ¡°Reconocemos que el Estado ha tomado algunas medidas importantes, que el marco legal ha avanzado bastante, pero hay que cerrar la brecha enorme entre la promesa del marco legal de los derechos humanos y la realidad que vive el pueblo mexicano¡±, abund¨® el presidente de la CIDH y relator para M¨¦xico, James Cavallaro, en entrevista con EL PA?S. ¡°El papel aguanta todo, como dicen, pero hay que hacer valer las garant¨ªas¡±, insisti¨®.

Y fuera del papel, lo que los comisionados de la CIDH vieron durante su visita a M¨¦xico entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015 fue tan preocupante que incluso llevaron a su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio ?lvarez Icaza, a decidir regresar este mismo a?o a su pa¨ªs a trabajar en los desaf¨ªos que tiene M¨¦xico ante s¨ª en materia de derechos humanos.

Miles de desaparecidos

Uno de los asuntos que m¨¢s preocupan a la CIDH son las desapariciones y desapariciones forzadas como las de Ayotzinapa. Las cifras oficiales hablan de 26.798 personas ¡°no localizadas¡± a nivel nacional. ¡°Especialmente grave ¡ªse?ala el informe¡ª es la informaci¨®n amplia y consistente recibida sobre la existencia de una pr¨¢ctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participaci¨®n, aquiescencia o tolerancia de las mismas¡±.

¡°Esto es algo que se esperaba haber superado en el continente con el fin de los reg¨ªmenes autoritarios, pero aqu¨ª estamos hablando de cifras verdaderamente alarmantes¡±, alert¨® Cavallaro.

Ayotzinapa constituye tambi¨¦n ¡°una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos¡±, as¨ª como ¡°la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves cr¨ªmenes¡±, contin¨²a el informe.

Y si sucede en un caso que ha contado con tanta atenci¨®n medi¨¢tica, nacional e internacional, y con acompa?amiento de instituciones como la CIDH, ¡°multiplica ese caso por las 26.798 personas no localizadas. Ah¨ª se comienza a ver las deficiencias, no solo en la investigaci¨®n, sino en la falta de decisi¨®n pol¨ªtica desde arriba de esclarecer de forma absoluta lo que pas¨®¡±, se?ala Cavallaro.

Las preocupaciones de la CIDH con la situaci¨®n de derechos humanos en M¨¦xico no acaban all¨ª. Menci¨®n especial tienen algunos grupos especialmente afectados por la violencia en el pa¨ªs, desde defensores de derechos humanos a ind¨ªgenas, adolescentes, inmigrantes y, como siempre desde hace a?os, los periodistas en uno de los pa¨ªses m¨¢s peligrosos para ejercer esta profesi¨®n. En el informe tambi¨¦n vuelven a surgir los nombres de Tlatlaya o Apatzing¨¢n relacionados con ¡°incidentes tr¨¢gicos de violencia con participaci¨®n de agentes del Estado¡±. Unos casos que ¡°requieren la revisi¨®n del uso de la fuerza en M¨¦xico¡±, as¨ª como la ¡°adopci¨®n e implementaci¨®n de medidas de rendici¨®n de cuentas por un cuerpo independiente de todas las fuerzas de seguridad en relaci¨®n con operativos y tareas de seguridad p¨²blica en donde haya privaci¨®n de vida¡±, subraya el informe.

Este destaca asimismo la ¡°alarmante pr¨¢ctica de la tortura¡± en M¨¦xico, donde hasta abril de 2015 hab¨ªa 2.420 investigaciones abiertas por denuncias de torturas y solo 15 sentencias condenatorias a nivel federal por ese delito. La tortura, denuncia la CIDH, es una pr¨¢ctica ¡°generalizada¡±. Con un agravante a?adido: suele producirse ¡°entre el momento de una detenci¨®n, que suele ser arbitraria, y antes de que la persona detenida sea puesta a disposici¨®n de un juez¡±. En un sistema judicial como el mexicano, donde rige el principio de inmediatez procesal, esto es especialmente grave, puesto que hace que la primera declaraci¨®n del detenido, pese a que haya podido ser obtenida bajo tortura, tenga m¨¢s peso que las posteriores que pueda hacer.

Completan el sombr¨ªo cuadro del informe los ¡°niveles cr¨ªticos de impunidad¡± y la ¡°atenci¨®n inadecuada e insuficiente a las v¨ªctimas y familiares¡±. En suma, una ¡°falta de rendici¨®n de cuentas que fortalece un clima muy infeliz de inseguridad e impunidad¡± y que genera una profunda ¡°desconfianza¡± en la poblaci¨®n ante lo que perciben como un ¡°simulacro de justicia, como si no hubiera voluntad real de esclarecer los casos¡±, resumi¨® Cavallaro.

?C¨®mo y por d¨®nde empezar a cambiar las cosas? Es importante recordar, seg¨²n Cavallaro, que el problema no es solo de un gobierno concreto, sino estructural. ¡°No estamos escribiendo un informe para el presidente, estamos haciendo una evaluaci¨®n de los problemas, junto con recomendaciones para el Estado mexicano. Y creemos que son soluciones que van a demorar a?os, porque no es algo sencillo, son problemas graves, estructurales¡±.

Dicho lo cual, un primer paso fundamental, apunt¨®, es ¡°reconocer que M¨¦xico atraviesa una crisis grave¡± y aceptar las recomendaciones de ¡°una comunidad internacional dispuesta a colaborar¡±. Solo as¨ª podr¨¢ M¨¦xico afrontar lo que la CIDH identifica como su ¡°gran desaf¨ªo¡±: ¡°Romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevenci¨®n, investigaci¨®n, procesamiento y sanci¨®n de los responsables de violaciones de derechos humanos¡±.