El Gobierno mexicano sale en bloque a pedir disculpas por la tortura

Renato Sales y Roberto Campa, responsables federales de seguridad y derechos humanos en M¨¦xico, se disculparon este lunes en nombre del Gobierno, por los actos de tortura cometidos por militares y polic¨ªas en contra de una joven, en un pueblo de Guerrero.

La semana pasada, la opini¨®n p¨²blica mexicana atestiguaba el contenido de un video de apenas cuatro minutos, en que una cabo y una agente de la polic¨ªa federal torturaban a una mujer de 21 a?os para sacarle informaci¨®n. Adem¨¢s de apuntarle en el cr¨¢neo con un fusil, ambas le cubr¨ªan la cabeza con una bolsa, asfixi¨¢ndola durante unos segundos; luego la amenazaban con darle toques, descargas el¨¦ctricas, o con echarle agua en una franela con que le hab¨ªan cubierto la cara antes de la bolsa, y as¨ª provocarle sensaci¨®n de asfixia.

El v¨ªdeo, que se grab¨® en febrero del a?o pasado, se comparti¨® r¨¢pidamente en redes sociales y el viernes a mediod¨ªa abr¨ªa noticieros y medios digitales de todo el pa¨ªs. Al d¨ªa siguiente, el secretario de la Defensa Nacional, el general de divisi¨®n Salvador Cienfuegos, calificaba de ¡°repugnante¡± el episodio y declaraba que ¡°quienes act¨²an como delincuentes, quienes no respetan a las personas, quienes desobedecen no s¨®lo incumplen la ley, sino que no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas¡±. Cienfuegos habl¨® as¨ª en un acto de la secretar¨ªa ante 26.000 militares.

Este lunes han sido Sales y Campa quienes han condenado la actuaci¨®n de las fuerzas de seguridad, durante en un acto en San Luis Potos¨ª. Sales, titular de la Comisi¨®n Nacional de Seguridad y responsable por tanto de la estrategia de seguridad a nivel nacional, ha dicho que este tipo de acto es ¡°intolerable¡± y que ¡°procede pedir perd¨®n y asumir las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan¡±. Campa, subsecretario de derechos humanos, dependiente del ministerio de Interior, ha abundado en que sucesos as¨ª son intolerables y ha se?alado que es el momento de erradicar la tortura en todas las corporaciones del pa¨ªs.

Hasta el momento hay dos militares presos por el v¨ªdeo, procesados por la justicia militar y tres polic¨ªas federales suspendidos. La Secretar¨ªa de la Defensa Nacional inform¨® el viernes adem¨¢s de que supo del v¨ªdeo en diciembre pasado, momento en que abri¨® una investigaci¨®n. La fiscal¨ªa federal inici¨® igualmente sus pesquisas en enero, pero de momento no ha levantado acusaciones.

El v¨ªdeo trasciende en un momento en que la comunidad internacional consolida sus sospechas sobre el actuar deficiente de las autoridades mexicanas, en la crisis de derechos humanos que vive el pa¨ªs. La semana pasada, la canciller alemana, Angela Merkel, incluso ofrec¨ªa ayuda al presidente mexicano, Enrique Pe?a Nieto, para investigar la desaparici¨®n de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, en septiembre de 2014. Justo en esos d¨ªas trascend¨ªan las desavenencias entre el Gobierno y la comisi¨®n internacional de expertos que investiga el asunto, auspiciada por la OEA. Desde hace meses, los expertos denuncian veladamente los intentos de sabotaje que sufren por parte de algunos sectores del Gobierno. En todo caso, ha pasado a?o y medio y el Ejecutivo de Pe?a Nieto se muestra incapaz de cerrar un caso, que muestra la colaboraci¨®n entre el crimen organizado y corporaciones de polic¨ªa municipales y federales.

El a?o pasado, el relator de Naciones Unidas sobre tortura, Juan M¨¦ndez, publicaba un informe devastador de la situaci¨®n en M¨¦xico, al afirmar que la tortura en el pa¨ªs era generalizada. Las autoridades no se disculparon entonces, sino que negaron al relator, negando sus argumentos. Cuando M¨¦ndez pidi¨® al Gobierno visitar de nuevo el pa¨ªs para componer un nuevo informe a finales del a?o pasado, el Ejecutivo le neg¨® el permiso.

Igual que Naciones Unidas, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, inform¨® el mes pasado de que las fuerzas de seguridad en M¨¦xico no rinden cuentas, lo que ¡°facilita el uso excesivo de la fuerza letal as¨ª como la impunidad en incidentes de violaci¨®n a los derechos humanos¡±.