Un general mexicano es condenado a 52 a?os de c¨¢rcel por tortura y asesinato
La sentencia sacude al Ej¨¦rcito, bajo los focos de la cr¨ªtica por sus reiterados episodios de abusos
El general mexicano Manuel Moreno Avi?a ha sido condenado a 52 a?os de c¨¢rcel por la tortura, asesinato e inhumaci¨®n clandestina de un civil en 2008. La sentencia llega dos semanas despu¨¦s de que saliera a la luz otro caso de abusos (un v¨ªdeo en el que dos militares torturaban a una mujer) y de la in¨¦dita reacci¨®n de autocr¨ªtica del n¨²mero uno del Ej¨¦rcito, el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, que en un acto p¨²blico ante 26.000 soldados calific¨® aquel episodio de "repugnante, lamentable y deplorable" y lanz¨® una advertencia a su propia instituci¨®n: "Quienes act¨²an como delincuentes (...) no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas".
El caso de Moreno Avi?a, excomandante del cuartel de Ojinaga (Estado de Chihuahua, norte de M¨¦xico), detenido en 2009, sobrepasa el concepto de la delincuencia com¨²n. Bajo su responsabilidad el 25 de julio de 2008 el veintea?ero Jos¨¦ Heriberto Rojas, supuesto miembro del crimen organizado, fue detenido y conducido a sus instalaciones militares. All¨ª empez¨® la tortura, empap¨¢ndolo para darle descargas el¨¦ctricas mientras lo ten¨ªan maniatado. A fuerza de sacudidas la v¨ªctima acab¨® colapsando y muri¨® de un ataque al coraz¨®n. El paso siguiente de la macabra acci¨®n militar fue hacer desaparecer el delito llevando el cad¨¢ver a un rancho de nombre La Virulenta para, al modo de los narcos m¨¢s crudos, quemarlo hasta hacerlo ceniza.?
La v¨ªctima muri¨® de un ataque al coraz¨®n mientras le daban descargas el¨¦ctricas
Seg¨²n el expediente los militares torturaron a Rojas para intentar sacarle informaci¨®n sobre el asesinato de un soldado. El uso irregular de la fuerza fue sistem¨¢tico en los dos a?os que el general estuvo al frente de la guarnici¨®n.
La sentencia obliga al culpable y a la propia Secretar¨ªa de la Defensa a pagar 250.000 pesos (14.500 d¨®lares) a los familiares de la v¨ªctima. El Ej¨¦rcito, adem¨¢s, tendr¨¢ que hacer una disculpa p¨²blica en la que asuma su responsabilidad institucional.?
Por otro lado, esta semana un tribunal inici¨® el proceso penal contra dos soldados y tres polic¨ªas federales que participaron en la tortura que trascendi¨® hace dos semanas. En ese caso, de febrero de 2015, la v¨ªctima fue Elvira Santib¨¢?ez Margarito, de 21 a?os. Los soldados le taparon la cabeza, la golpearon, la insultaron, le pusieron el ca?¨®n de un fusil en la cabeza y la asfixiaron con una bolsa de pl¨¢stico mientras la interrogaban. La v¨ªctima sobrevivi¨® y est¨¢ encarcelada por posesi¨®n de armamento. A este juicio abierto se suma otro que comenz¨® el lunes contra soldados acusados de secuestrar y asesinar en julio de 2015 a siete j¨®venes en Zacatecas.?
En marzo, cinco militares fueron sentenciados a 22 a?os de c¨¢rcel por el asesinato en 2011 del m¨¦dico de 29 a?os Jorge Otilio Cant¨², tiroteado en su coche en Monterrey.
En la hilera de casos que han sacudido en los ¨²ltimos tiempos al Ej¨¦rcito, una instituci¨®n hasta ahora casi blindada al escrutinio judicial, destaca la revelaci¨®n en 2014 de la muerte de 22 supuestos delincuentes en un enfrentamiento con militares en el municipio de Tlatlaya, con indicios de que las v¨ªctimas fueron ejecutadas a sangre fr¨ªa. Tres soldados involucrados est¨¢n siendo procesados por la justicia civil.
El Ej¨¦rcito hizo por primera vez autocr¨ªtica hace dos semanas
Con todo, el asunto que m¨¢s ha zarandeado la imagen del Ej¨¦rcito es uno que a¨²n est¨¢ por cerrar: la desaparici¨®n de 43 estudiantes en 2014 en Iguala. Paradigma de la actual crisis de derechos humanos en M¨¦xico y de larga resonancia internacional, el conocido como caso Ayotzinapa gira, entre otros aspectos, en torno a la actuaci¨®n del batall¨®n militar local en la noche de los hechos, pues las evidencias muestran que, sabiendo lo que estaba ocurriendo, el Ej¨¦rcito no intervino para proteger a los j¨®venes.?
A diez a?os del arranque de la denominada Guerra contra el narco, el plan de combate frontal al crimen organizado iniciado por el presidente Felipe Calder¨®n y continuado por Enrique Pe?a Nieto, el reguero de violaciones de derechos humanos que ha ido dejando esa estrategia ha evidenciado como nunca los agujeros negros del Estado mexicano. La ONU ha denunciado que la tortura es un patr¨®n generalizado entre las fuerzas de seguridad. La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA habla de "una crisis profunda, que viene de largo y trasciende gobiernos".
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