M¨¦xico admite la impunidad ante la violencia sexual

Los delitos sexuales en M¨¦xico son todav¨ªa un misterio. No hay una instituci¨®n que pueda ofrecer cifras exactas de la incidencia de este delito, pues todas estiman que la mayor parte no se denuncia y que lo que se sabe de este problema es apenas la punta del iceberg. Lo que las organizaciones ¡ªy ahora el Gobierno federal¡ª s¨ª tienen claro es la causa de esta cifra negra: la desconfianza de las v¨ªctimas en la justicia.

¡°Muchas de las personas no quieren denunciar porque dicen que las autoridades no les creen. Atendemos a unas 140 por vez primera al mes; de esas, tal vez el 10% denuncia¡±, indica Laura Mart¨ªnez, directora de la Asociaci¨®n para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac).

El Gobierno federal tambi¨¦n ha advertido de las fallas de su propio sistema judicial y de los de las 32 entidades del pa¨ªs frente a este flagelo. La Comisi¨®n de Atenci¨®n a V¨ªctimas realiz¨® su primer diagn¨®stico sobre la atenci¨®n por violencia sexual, pero advierte de que no permite un acercamiento, ya que acusa la cantidad de investigaciones y no el n¨²mero real de violaciones y abusos. ¡°Se est¨¢n integrando menos de 20.000 averiguaciones previas por delitos sexuales por a?o, de promedio. Ello claramente indica que la impunidad en estos delitos es de grandes dimensiones¡±, afirma.

La Comisi¨®n estim¨® en 1.414.627 la cifra negra (n¨²mero de casos no reportados) de delitos sexuales de 2010 a 2015 en los 16 Estados (la mitad del pa¨ªs) que le enviaron informaci¨®n. Duplicando la cifra para determinar el total nacional, lo calcul¨® en 2.996.180, lo que significa casi 600.000 delitos sexuales al a?o. El organismo se?ala como causas la desconfianza de las v¨ªctimas hacia los operadores de la justicia penal, el maltrato de algunas autoridades y un marco jur¨ªdico que atenta contra la dignidad de las v¨ªctimas, al no otorgar una atenci¨®n especializada para estos delitos. ¡°Existe a¨²n un amplio desconocimiento por parte de los operadores del sistema de justicia penal (fiscales y jueces) en materia de derechos de las v¨ªctimas de delitos sexuales, que deriva en violencia institucional violatoria de sus derechos humanos. Aunado al desconocimiento se suma la falta de sensibilidad¡±, detalla el informe.

Burocracia clave

El diagn¨®stico se?ala que, si existiera un registro completo y preciso de informaci¨®n sobre este delito, ayudar¨ªa a mitigar la necesidad de repetir entrevistas en diferentes servicios, lo que evitar¨ªa revictimizar a quienes ya sufrieron agresiones. ¡°De acuerdo a nuestra experiencia, tienen miedo de denunciar porque hay doble victimizaci¨®n. No les creen o no les integran bien la denuncia, no se las redactan bien y entonces la mayor¨ªa pasan a reserva¡±, explica la directora de Adivac.

La burocracia juega un papel fundamental en la precisi¨®n de esta informaci¨®n, seg¨²n el reporte, pues el registro de los casos deber¨ªa ser realizado por el mismo personal que atiende a la poblaci¨®n para disminuir los errores de captura; pero ello supone contemplar el tiempo para el registro en las jornadas laborales del personal. Otro de los fallos es la heterogeneidad en los c¨®digos penales de los Estados, que a veces son distintos del C¨®digo Federal. Como muestra, los c¨®digos de cuatro entidades aumentan las penas en los casos de violaci¨®n impropia (la que se lleva a cabo con algo ajeno al cuerpo del agresor) y otros cinco disminuyen la sanci¨®n, aunque en los tres tipos de violaci¨®n ¡ªpropia, impropia y equiparada¡ª el bien jur¨ªdico que se afecta es el mismo, por lo que debiera recibir igual sanci¨®n, seg¨²n la Comisi¨®n.

¡°En M¨¦xico todav¨ªa nos dejamos llevar por la soberan¨ªa de cada Estado, pero la violencia contra las mujeres es la misma en todos lados. ?Por qu¨¦ no llegar a un consenso de manejar los mismos tipos penales en toda la Rep¨²blica?¡±, expresan desde Adivac. El acoso sexual est¨¢ tipificado como delito en la mitad de las entidades, y el C¨®digo Penal Federal tampoco lo considera. Seg¨²n la Comisi¨®n, ni siquiera las comisiones de derechos humanos estatales registran los mismos datos sobre las denuncias.