La ruta para el adi¨®s a las armas

Amanece lloviendo, como casi todas las ma?anas en esta ¨¦poca del a?o en Colombia, donde las estaciones no existen pero s¨ª los cambios de clima como de ¨¢nimo de la opini¨®n p¨²blica y de las clases pol¨ªticas que nos gobiernan, mientras los opinadores cada vez nos alejamos m¨¢s de la capacidad de explicarle a la ciudadan¨ªa la informaci¨®n que llega desde La Habana.

Es una competencia permanente con la velocidad de las redes sociales que nos facilitan establecer los bandos de cada qui¨¦n, pero no el fondo de su comprensi¨®n sobre un proceso de negociaci¨®n tan complejo como el que se lleva a cabo entre la guerrilla y el Gobierno.

El mecanismo acordado para blindar los acuerdos que se firmen y con los que se espera poner fin al conflicto, posiblemente en los pr¨®ximos dos meses, es una especie de ruta que ante todo busca que cualquier gobierno que le siga al de Juan Manuel Santos en el poder cumpla en su totalidad con lo que en estos a?os de di¨¢logo se logre pactar, ll¨¢mese su vicepresidente Vargas Lleras, alguna sorpresa del uribismo, el fajardismo de Sergio y Claudia L¨®pez, el prematuro lanzamiento de un Gal¨¢n desde el liberalismo, o el que sea porque algunos no tan obvios est¨¢n callados.

Natural que las FARC teman el incumplimiento del Estado aunque m¨¢s deber¨ªamos temer nosotros el de la guerrilla. Pero ese es otro tema. Buscar el blindaje es apenas l¨®gico en el proceso, pero peligrosa la forma en que acordaron hacerlo, por expedita y poco explicada y porque es una factura muy alta que se puede pagar por atender la premura del tiempo. A veces la forma es el fondo.

La f¨®rmula consiste en que lo que se firme en Cuba se convierta en un acuerdo especial para garantizar su inclusi¨®n en el ordenamiento jur¨ªdico colombiano. Las FARC aceptan al Congreso como instancia leg¨ªtima para que el llamado Acuerdo de La Habana se convierta en Acuerdo Especial a la luz del DIH y posteriormente en art¨ªculo transitorio de nuestra Constituci¨®n. Luego la Corte debe revisar la exequibilidad de lo hecho y el mundo vigilar que se acate pues el Acuerdo Especial ser¨¢ entregado al Consejo Federal Suizo como depositario de las Convenciones de Ginebra y las Naciones Unidas para ser incluido en la resoluci¨®n del Consejo de Seguridad que aval¨® el proceso con las FARC para hacer su veedur¨ªa.

El consenso logrado en La Habana sobre ese mecanismo nuevamente mostr¨® el disenso en Colombia y por varias razones. No solo por la prematura contienda electoral que radicaliza posiciones y la ya conocida oposici¨®n del uribismo que se ha declarado en resistencia civil, sino por lo que voces, incluso amigas del proceso, vienen advirtiendo: el orden institucional debe ser respetado, los objetivos claros, las explicaciones a¨²n m¨¢s para que logre una legitimaci¨®n democr¨¢tica en las urnas, y parecer¨ªan no estarlo para muchos sectores ciudadanos.

El bloque de constitucionalidad que se pretende para los acuerdos debe estar soportado en una claridad sobre la forma de refrendaci¨®n ciudadana de los mismos. Parecer¨ªa m¨¢s sensato pasar por el Congreso para su voto por el s¨ª o por el no, una vez lo pactado en Cuba con la guerrilla tenga la bendici¨®n de los colombianos. Esa legitimidad les dar¨ªa a los congresistas un mayor compromiso con la paz, un compromiso libre, no de mayor¨ªas borregas asustadas por la oposici¨®n y hambrientas de cargos y micr¨®fonos.

No creo como advierte el Procurador General de la Naci¨®n, Alejandro Ordo?ez, que el presidente Santos se est¨¦ otorgando prerrogativas o que est¨¦ actuando al margen de la Constituci¨®n, al punto de amenazarlo con consecuencias penales y disciplinarias, a ¨¦l, y a los congresistas que voten por el Acuerdo Especial en forma positiva, pero s¨ª creo que lo negociado debe ser conocido por la opini¨®n p¨²blica previamente y en su totalidad.

El Gobierno deber¨ªa explicar a trav¨¦s de sus voceros autorizados, por ejemplo, el jefe de las negociaciones Humberto de la Calle, una y otra vez por todos los medios posibles que las decisiones acordadas no cambian la naturaleza jur¨ªdica de las partes. No siempre los voceros del gobierno en el Congreso son respetados por los ciudadanos. Me refiero a los de porosa credibilidad.

No es la primera vez en Colombia que nos acogemos a una f¨®rmula como la planteada. Lo hicimos en 1863 seg¨²n recuerda el profesor Francisco Barbosa con el Derecho de las Gentes que hizo parte de nuestra Constituci¨®n y sirvi¨® para hacer tratados de paz y acuerdos especiales en la Guerra de Los Mil D¨ªas y despu¨¦s con facultades a los presidentes sin importar la popularidad del de turno. Pero eran otras ¨¦pocas y a partir de las lecciones de entonces vale la pena revisar la validez de los instrumentos y la forma de usarlos.

La ruta para el adi¨®s a las armas tambi¨¦n debe romper con la corrupci¨®n y la convergencia con el conflicto y poner fin al lenguaje altisonante y los gritos de baranda como los que en twitter amenazan a quienes apoyan la paz con un balazo de la resistencia. A esas amenazas s¨ª me resisto.

Diana Calderon es directora de informativos y de @hora20 de Caracol Radio Colombia. Twitter @dianacalderonf