?Quiere Am¨¦rica Latina terminar la guerra contra las drogas?

Uruguay legaliz¨® la marihuana. Costa Rica y Ecuador aprobaron legislaci¨®n para mitigar sentencias por delitos de drogas. Chile, Colombia y M¨¦xico legalizaron o est¨¢n cerca de legalizar el uso medicinal del cannabis, y la OEA public¨® un exhaustivo informe exponiendo los fracasos de la guerra contra las drogas, haciendo un llamado para explorar estrategias alternativas.

Am¨¦rica Latina parece abierta a un cambio. El problema es que hasta ahora sigue habiendo una brecha entre realidad y ret¨®rica. Casi todos los pa¨ªses de la regi¨®n, incluyendo los m¨¢s reformistas, siguen implementando pol¨ªticas antinarc¨®ticos que representan m¨¢s una reafirmaci¨®n que un rechazo del status quo. M¨¢s a¨²n: el clima internacional no hab¨ªa sido tan propicio para el cambio y la regi¨®n no parece interesada en explotar esta oportunidad.

?Qu¨¦ est¨¢ ocurriendo? Durante d¨¦cadas, la guerra contra las drogas se ha basado en la criminalizaci¨®n del consumo y la represi¨®n de la oferta en los pa¨ªses productores y de tr¨¢nsito. Esta estrategia prohibicionista ha fracasado. No ha reducido la producci¨®n ni el consumo, y ha provocado devastadores efectos secundarios como alt¨ªsimas tasas de encarcelados y cruentas violaciones a los derechos humanos. En muchos casos, como ahora M¨¦xico, ha exacerbado la violencia y la corrupci¨®n.?

De poco sirve que el consumo sea legal cuando todo lo relacionado al acto de consumir es un delito por el cual una persona puede ser detenida -y probablemente chantajeada-

Por eso cada vez m¨¢s expertos piensan que se debe reemplazar el enfoque prohibicionista con pol¨ªticas de salud p¨²blica y regulaciones m¨¢s sensatas sobre el uso de drogas. Los consumidores no deben ser vistos como criminales que se deben encarcelar sino como pacientes a los que se tiene que ayudar. Se debe adem¨¢s priorizar la reducci¨®n de la violencia sobre la meta escurridiza de combatir los flujos de droga.

En Am¨¦rica Latina, estas ideas han cogido fuerza e incluso permeado varios gobiernos. Pero este cambio de mentalidad se ha limitado a pocas reformas concretas. En la regi¨®n, por ejemplo, sigue habiendo una gran desproporci¨®n entre los recursos destinados a reprimir la oferta y los utilizados para disminuir el consumo mediante iniciativas de salud p¨²blica. El gobierno de Colombia apoya el enfoque de salud, pero un estudio revel¨® que en el gasto total de ese pa¨ªs en programas de drogas una porci¨®n min¨²scula se asigna a prevenci¨®n y tratamiento. Los recursos para la salud tambi¨¦n son escasos en Per¨², Bolivia, Argentina y Brasil.

El problema no es s¨®lo el gasto sino tambi¨¦n las leyes. En casi toda Am¨¦rica Latina se ha despenalizado el consumo de drogas, pero la posesi¨®n para el consumo todav¨ªa es un delito ¡ªsancionable o no dependiendo del pa¨ªs. Esto significa que en la pr¨¢ctica la criminalizaci¨®n de los consumidores persiste ya que el consumo, en alg¨²n momento, supone posesi¨®n. De poco sirve que el consumo sea legal cuando todo lo relacionado al acto de consumir es un delito por el cual una persona puede ser detenida ¡ªy probablemente chantajeada.

Parte del problema son los umbrales. Las leyes fijan cantidades determinadas por debajo de las cuales la posesio?n es vista como consumo personal. Pero estos umbrales suelen ser demasiado bajos y cuando alguien posee cantidades por encima del umbral se asume autom¨¢ticamente que hay intenci¨®n de venta. En los pa¨ªses sin umbral la situaci¨®n es igualmente injusta porque los l¨ªmites se dejan a discreci¨®n de operadores del sistema penal que tienden a criminalizar el consumo.

Todo esto ayuda a explicar las ascendentes tasas de encarcelados que afectan sobre todo a los sectores m¨¢s vulnerables y a un n¨²mero cada vez mayor de mujeres. Estas tasas no son tan altas como las de EE UU pero ya est¨¢n por encima del promedio mundial y siguen aumentando. Seg¨²n una investigaci¨®n del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, el porcentaje de encarcelados por delitos de drogas como proporci¨®n de la poblaci¨®n total carcelaria se ha elevado en varios pa¨ªses. En algunos ya es tan alto como en las prisiones estatales de EE UU.

Lo m¨¢s lamentable es que nunca antes ha habido tanto espacio para promover reformas. La legalizaci¨®n del cannabis en varios estados de EE UU, que contradice leyes federales de ese pa¨ªs as¨ª como tratados internacionales, ha dejado a Washington en una posici¨®n internacional inc¨®moda. Ya la superpotencia no puede desempe?ar el rol de polic¨ªa global que busca alinear al mundo detr¨¢s del r¨¦gimen antinarc¨®ticos sin exponerse a cr¨ªticas de hipocres¨ªa. Y todo indica que la ola de legalizaciones estatales continuar¨¢ y m¨¢s temprano que tarde har¨¢ insostenible la pol¨ªtica internacional de drogas estadounidense.

Am¨¦rica Latina ha contribuido a abrir el debate sobre las drogas y discutir temas que antes se consideraban tab¨²es. La iniciativa para realizar la reciente Sesi¨®n Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas provino de la regi¨®n. Pero son pocos los pa¨ªses que tienen ambiciones reales reformistas. Y, entre los que las tienen, el discurso internacional de cambio choca con la opaca realidad dentro de sus fronteras.

Alejandro Tarre es escritor y periodista. Twitter @alejandrotarre