El CGPJ pacta casi 40 nombramientos, pero los vocales aparcan por ahora las presidencias de las dos salas clave del Supremo

Los grupos progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pactado este martes el nombramiento de casi 40 altos cargos judiciales, entre ellos las presidencias de dos salas del Tribunal Supremo, la Primera (Civil) y la Cuarta (Social). Los vocales no han logrado por ahora un acuerdo sobre las dos salas clave del alto tribunal, la Segunda (Penal) y la Tercera (Contencioso-Administrativo), cuyas presidencias tambi¨¦n est¨¢ vacante y que la presidenta del ¨®rgano, Isabel Perell¨®, hab¨ªa incorporado al orden del d¨ªa del pleno que se celebrara este mi¨¦rcoles. Fuentes consultadas en ambos sectores consideran que lo previsible es que la votaci¨®n de ambas salas se retire del orden del d¨ªa. Aunque algunos vocales consultados no descartaban cambios de ¨²ltima hora, la mayor¨ªa prev¨¦ que s¨ª se voten y salgan adelante el resto de plazas acordadas, que incluye designar como presidente de la Sala Civil a Ignacio Sancho, ¨²nico candidato que se postul¨®, mientras que en la de la Sala Social se situar¨ªa, seg¨²n estas fuentes, Concepci¨®n Ureste, la candidata a la que apoyaban de inicio los progresistas. Para la presidencia de la Audiencia Nacional, otro de los puestos en liza, los grupos se inclinan por Juan Manuel Fern¨¢ndez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y vocal a propuesta del PP del anterior CGPJ.

Cada negociaci¨®n del nuevo CGPJ se est¨¢ convirtiendo en un largo tira y afloja en que los acuerdos alcanzados por los vocales que ejercen como negociadores saltan por los aires cuando ya todo parece hecho. As¨ª ocurri¨® hace dos semanas, cuando la presidenta se vio obligada a retirar del orden del d¨ªa una treintena de nombramientos de la c¨²pula judicial, entre ellos la presidencia de la Audiencia Nacional y de sus cuatro salas (de apelaci¨®n, penal, social y contencioso-administrativo), adem¨¢s de la presidencia de varios tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Conservadores y progresistas hab¨ªan alcanzado un preacuerdo que se rompi¨® en el ¨²ltimo momento. Los conservadores acusaron a los progresistas de bajarse del pacto, mientras fuentes progresistas aseguraron que el otro grupo cambi¨® su propuesta en la recta final de la negociaci¨®n. Dentro de los progresistas, adem¨¢s, algunos vocales consideraban que no deb¨ªan aprobar m¨¢s nombramientos si los conservadores no acced¨ªan a negociar la c¨²pula del alto tribunal.

La negociaci¨®n se ha retomado en los ¨²ltimos d¨ªas y, a finales de la semana pasada, hab¨ªa un preacuerdo para asignar las plazas que quedaron pendientes hace dos semanas e incluir las presidencias de las Sala Primera y Cuarta del Supremo. Pero Perell¨® incorpor¨® tambi¨¦n en el orden del d¨ªa del pr¨®ximo pleno, remitido el pasado viernes a los vocales, la presidencia de la Sala Penal ¡ªpresidida hasta noviembre por Manuel Marchena y que es la que encargada de juzgar a los aforados y de revolver en ¨²ltima instancia los grandes casos de corrupci¨®n¡ª y la Tercera ¡ªcompetente para resolver los asuntos que afectan al Gobierno¡ª, una decisi¨®n que sorprendi¨® a consejeros de ambos grupos porque no hab¨ªa ning¨²n avance sobre ellas. Fuentes de ambos sectores daban casi por imposible que pudieran llegar a un acuerdo para esos dos puestos antes del pleno del mi¨¦rcoles, y la negociaci¨®n se ha centrado en cerrar flecos del resto de plazas. Las conversaciones han seguido con vaivenes hasta la tarde del martes, cuando los conservadores, que el lunes se bajaron del acuerdo, han dado el s¨ª que fuentes de ambos grupos consideran definitivo.

La decisi¨®n de dejar fuera las dos salas clave del Supremo no convence a algunos vocales progresistas, que consideran que, si aceden a votar los m¨¢s de 40 nombramientos pactados y a dejar pendiente la presidencia de la Sala Segunda y Tercera, los conservadores ya no van a tener ning¨²n incentivo para negociarlas. Con todo, consejeros consultados que comparten esta tesis, est¨¢n dispuestos a apoyar el acuerdo alcanzado ahora por ¡°responsabilidad institucional¡±. El grupo progresista ha convocado una reuni¨®n interna el mi¨¦rcoles a las nueve de la ma?ana, media hora antes del inicio del pleno para debatir alg¨²n fleco pendiente, y algunos vocales no descartan plantear la posibilidad de desmarcarse del acuerdo global en alg¨²n puesto concreto propuesto por los conservadores del que ellos discrepan.

La estrategia de los conservadores es aparcar la designaci¨®n de las presidencias de la Sala Segunda y Tercera porque ambas salas est¨¢n presididas en funciones por sus candidatos para el nombramiento formal, Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta en la Penal y Lucas en la de lo Contencioso, dos magistrados considerados de perfil moderados. Las candidatas progresistas son Ana Ferrer (Penal) y Pilar Teso (Contencioso-Administrativo), a quienes los conservadores ya vetaron el verano pasado como presidentas del Supremo y del CGPJ por considerarlas afines al Gobierno. Los progresistas defienden sus candidaturas por sus curr¨ªculos, pero tambi¨¦n por ser mujeres, una cuesti¨®n que ha centrado el debate de los nombramientos porque la ley de paridad que entr¨® en vigor en agosto pasado y que establece que ning¨²n sexo puede tener una representaci¨®n inferior del 40% ¡°en los puestos de representaci¨®n y decisi¨®n¡±. Pese a que el Consejo y el alto tribunal est¨¢n por primera vez presididos por una mujer, no hay ninguna magistrada al frente de una sala (solo se ha elegido a una en toda la historia del tribunal) y, en el c¨®mputo global de magistrados, con 31 plazas vacantes, hasta hace dos semanas solo hab¨ªa diez mujeres, frente a 41 hombres. Tras la primera tanda de nombramientos acordada el pasado 29 de enero, en el que se nombr¨® a 21 nuevos magistrados del alto tribunal, la presencia de mujeres asciende a 18. Si el pleno de este mi¨¦rcoles ratifica lo pactado entre ambos grupos, habr¨¢ de nuevo una magistrada al frente de una sala, la Social.