El presidente de Portugal veta la estatalizaci¨®n del transporte p¨²blico

El buen rollo entre presidente y primer ministro de Portugal tiene l¨ªmites. En cinco meses de cohabitaci¨®n, Marcelo Rebelo de Sousa ha vetado dos leyes del Gobierno socialista: la ley de madres de alquiler (ya corregida al gusto del presidente) y ahora la ley sobre el transporte p¨²blico. Si en el primer caso era por la deficiencia t¨¦cnica del texto, en este caso es por su excesiva concretizaci¨®n: la ley proh¨ªbe taxativamente que haya capital privado en la propiedad de los transportes p¨²blicos.

El anterior Gobierno conservador hab¨ªa privatizado la gesti¨®n del metro de Oporto y de los transportes urbanos poco antes de salir. El concurso del metro fue ganado por la francesa Transdev y el de autobuses por la espa?ola Alsa. En diciembre se estren¨® el Gobierno socialista con apoyo parlamentario del PC y el Bloco de Esquerda que exig¨ªan, en el texto de pacto de legislatura, la anulaci¨®n de la privatizaci¨®n del transporte p¨²blico.

El pacto se cumpli¨® en enero, en una de las primeras medidas del Gobierno de Ant¨®nio Costa. En la ley aprobada en el parlamento, por iniciativa del Bloco y de los comunistas, se dec¨ªa que el transporte p¨²blico no pod¨ªa ser administrado por empresas privadas ni tener capital privado.

En enero, Rebelo de Sousa (fundador del PSD, partido del anterior gobierno) fue elegido por mayor¨ªa absoluta presidente del pa¨ªs y en marzo comenz¨® su mandato. En cuatro meses ha vetado dos leyes. La primera fue la de los vientres de alquiler por lagunas legales que el Parlamento ya ha subsanado; esta segunda tiene m¨¢s enjundia ideol¨®gica. El presidente justifica el veto por prohibir "taxativamente" la participaci¨®n privada en el transporte p¨²blico. La ley se?ala que el transporte p¨²blico ¡°no puede subconcesionar su actividad principal a entidades que no sean de derecho p¨²blico o de capitales exclusivamente p¨²blicos¡±.

En su justificaci¨®n del veto, el presidente se?ala que en ¡°un Estado de derecho democr¨¢tico, el legislador debe contenerse, en homenaje a la l¨®gica separaci¨®n de poderes, no interviniendo en decisiones concretas de la administraci¨®n p¨²blica, que tiene que atender a razones de naturaleza, econ¨®mica, financiera y social mutables. (...) Aunque esa indeseable intervenci¨®n legislativa pueda no ser cualificada de inconstitucional, puede ser pol¨ªticamente contraproducente". Rebelo de Sousa llega a decir que el parlamento ha tenido una actuaci¨®n "excesiva" y "censurable¡±.

El comunista Jaime Toga ya ha afirmado que su partido no va a mover una coma; el Bloco recuerda el pacto firmado en noviembre, que es un veto ideol¨®gico, mientras que el partido gobernante anuncia que habr¨¢ que buscar un entendimiento entre todos.

La ley vuelve a la c¨¢mara y los diputados pueden optar por corregirla o por confirmarla tal cual (no hay posibilidad de un segundo veto), pero esto ser¨ªa un fuerte desplante al presidente, principalmente de los socialistas, algo que no se pueden permitir. Rebelo de Sousa ha apoyado siempre a Costa incluso contra el propio partido del presidente y, adem¨¢s, este cuenta con una cuota de popularidad muy por encima de cualquier otro pol¨ªtco portugu¨¦s, in¨¦dita en la democracia portuguesa.

El veto coincide con la ronda de conversaciones de Rebelo de Sousa con los l¨ªderes de partidos y sindicatos para, como ¨¦l mismo dijo, templar "este julio caliente". El diputado del Bloco Hector de Sousa recuerda que ahora ha sido el presidente quien ha subido la temperatura del term¨®metro.