El partido de Rousseff pide a la CIDH protecci¨®n ante el ¡°golpe¡± en Brasil
Legisladores del Partido de los Trabajadores piden medidas cautelares a favor de Rousseff
Legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) han solicitado este mi¨¦rcoles la protecci¨®n de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el ¡°golpe¡± perpetrado contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff. Los legisladores han dado este paso pocas horas despu¨¦s de que comenzara en el Senado el proceso de recusaci¨®n contra la mandataria apartada del poder desde mayo.
Adem¨¢s de pedir que se acepte el caso de Rousseff, acci¨®n que por los tiempos de la CIDH podr¨ªa llevar a?os, los legisladores solicitaron medidas cautelares para la mandataria apartada del poder desde mayo. Con estas medidas de protecci¨®n de emergencia, que la Comisi¨®n puede dictar r¨¢pidamente, el PT intenta frenar un impeachment ¡°ilegalmente iniciado¡± y que busca, afirma en su fundamentaci¨®n, deshacerse de la presidenta para ¡°evitar la continuidad de investigaciones en curso contra varios parlamentarios, pol¨ªticos y empresarios, en el marco del llamado Lava Jato o caso Petrobras¡±.
En la sede en Washington del organismo adscrito a la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA), una portavoz confirm¨® que la CIDH ¡°ha recibido una petici¨®n y una solicitud de medida cautelar alegando violaciones al debido proceso en el proceso contra Dilma Rousseff¡±.
¡°La CIDH dar¨¢ tr¨¢mite normal a la petici¨®n y a la solicitud de medida cautelar¡±, agreg¨® la portavoz, Mar¨ªa Isabel Rivero.
Los solicitantes de la medida son los diputados Paulo Pimenta, Paulo Teixeira y Wadih Damous, as¨ª como el senador Telm¨¢rio Mota. La solicitud fue presentada horas despu¨¦s de que el Senado brasile?o aprobara, por 59 votos a favor y 21 en contra, un informe que recomienda avanzar hacia la fase final del proceso de destituci¨®n, que ser¨¢ efectuada a finales de este mes.
En su solicitud a la CIDH, los legisladores afirman que todos los pasos dados contra Rousseff tanto en el Congreso, como en el Senado y en el Tribunal Supremo ¡°est¨¢n en desacuerdo con los protocolos internacionales firmados por Brasil¡±. Y justifican la urgencia de las medidas solicitadas se?alando, entre otros, que por lo apresurado de los tiempos, la situaci¨®n implica ¡°violaciones de derechos irreparables¡± y por tanto ¡°requiere soluciones de urgencia, puesto quede lo contrario deber¨ªa revertirse una destituci¨®n¡±.
¡°El Estado brasile?o es miembro de la OEA, as¨ª que Brasil est¨¢ obligado a cumplir las decisiones de la organizaci¨®n¡±, afirm¨® Damous en un comunicado del PT. Parad¨®jicamente, fue el Gobierno de Rousseff el que se apart¨® de la CIDH a ra¨ªz de que, en 2011, la organizaci¨®n concediera medidas cautelares que ped¨ªan que se frenara la construcci¨®n de la hidroel¨¦ctrica Belo Monte en la Amazonia para proteger a las comunidades ind¨ªgenas. Rousseff instruy¨® a su entonces ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, que diera una respuesta ¡°a la altura¡±. Brasilia retir¨® a su embajador en la OEA y dej¨® de pagar sus cuotas anuales al organismo, que es uno de los motivos de la profunda crisis econ¨®mica que sufre hoy en d¨ªa la Comisi¨®n. Adem¨¢s, desconoci¨® las medidas cautelares y continu¨® el proyecto de Belo Monte.
Desde que el 12 de mayo el Senado abri¨® el proceso de impeachment, la CIDH solo se ha pronunciado una vez sobre el caso. Fue una semana m¨¢s tarde, para manifestar su ¡°profunda preocupaci¨®n¡± ante decisiones del gobierno interino de Michel Temer como el nombramiento de un gabinete de ministros que no inclu¨ªa ni una sola mujer ni afrodescendientes o la reducci¨®n de fondos sociales. Esas medidas ¡°representan un retroceso y tienen un impacto negativo en la protecci¨®n y la promoci¨®n de los derechos humanos en el pa¨ªs¡±, advirti¨® la Comisi¨®n en un comunicado. En ese escrito, tambi¨¦n se hac¨ªa referencia a la situaci¨®n de la presidenta Rousseff, ¡°electa constitucionalmente por el poder popular¡±, e instaba al poder legislativo a ¡°actuar estrictamente dentro del marco de la ley y con apego a los principios del derecho internacional de los derechos humanos¡±.
Mucho m¨¢s contundente ha sido la posici¨®n del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en varias ocasiones ha defendido a Rousseff ¡ªhasta viaj¨® a Brasilia en v¨ªsperas de su destituci¨®n para apoyarla¡ª e incluso anunci¨® que hab¨ªa pedido una opini¨®n consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el otro brazo del sistema regional conformado con la CIDH.
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