Analizamos las afirmaciones y promesas migratorias de Trump

Donald Trump dej¨® claro el mi¨¦rcoles en Arizona que su pol¨ªtica migratoria se basar¨¢ en la mano dura con los inmigrantes indocumentados. Hemos analizado algunas de sus propuestas y afirmaciones de sus planes para deportar a potencialmente millones de sin papeles.

¡°El tema central no son las necesidades de 11 millones de inmigrantes ilegales, o cuantos quiera que sean. Honestamente, llevamos a?os escuchando esa cifra. Siempre son 11 millones. Nuestro gobierno no tiene ni idea, podr¨ªan ser 3 millones, o podr¨ªan ser 30 millones¡±

El gobierno s¨ª tiene idea, y maneja consistentemente una cifra que oscila entre los 11 y los 12 millones de indocumentados. Lo hace bas¨¢ndose entre otros en los datos de la Oficina del Censo de EE UU. Pocas organizaciones y laboratorios de ideas, incluidos los m¨¢s conservadores, dudan de esa cifra que, como recuerda el Pew Research Center, se ha mantenido estable en los ¨²ltimos a?os.

¡°La mayor parte de los inmigrantes ilegales son trabajadores de baja cualificaci¨®n y educaci¨®n que compiten directamente con trabajadores vulnerables estadounidenses¡±

La mayor parte de los estudios niegan esa tesis. Muestra emp¨ªrica de ello es la reticencia de muchos sectores, como el agr¨ªcola, a endurecer la pol¨ªtica migratoria por temor a perder mano de obra que no suple el mercado nacional. Seg¨²n el Instituto para el Estudio del Trabajo (IZA), que analiza mercados laborales internacionales, ¡°ni la opini¨®n p¨²blica ni estudios basados en pruebas sostienen la afirmaci¨®n de algunos pol¨ªticos y medios de que los inmigrantes le quitan los empleos a los trabajadores nativos¡±. En EE UU, la ¨²ltima encuesta del Pew Research Center confirma esta visi¨®n: el 76% de los estadounidenses considera que los sin papeles son ¡°tan honestos y trabajadores¡± como los ciudadanos estadounidenses y el 71% opina que ocupan empleos que en su mayor¨ªa no quieren los estadounidenses.

¡°Hay al menos dos millones de inmigrantes criminales en nuestro pa¨ªs¡±

Seg¨²n el Migration Policy Institute, uno de los centros especializados en migraci¨®n m¨¢s reputados, la cifra m¨¢s alta verificable de indocumentados que han cometido un delito grave asciende a 690.000 personas, un 6,3 por ciento del total de sin papeles.

¡°Nuestras prioridades de aplicaci¨®n de la ley para la deportaci¨®n incluir¨¢n expulsar a criminales, miembros de bandas, amenazas a la seguridad, personas que hayan sobrepasado su visado temporal y sean una carga p¨²blica"

El hecho es que la ¡°actual administraci¨®n corrupta¡±, es decir, el Gobierno de Obama, ya estableci¨® prioridades de deportaci¨®n muy similares a finales de 2014, cuando redefini¨® la estrategia migratoria para proteger a los indocumentados llegados de ni?os y a los padres de ni?os nacidos en EE UU, es decir, los programas ejecutivos DACA y DAPA. Seg¨²n el memorando emitido por el Departamento de Seguridad Nacional en ese momento, la prioridad 1 (de tres) en materia de deportaci¨®n son aquellos indocumentados que supongan una ¡°amenaza para la seguridad nacional, extranjeros detenidos cuando intentaban entrar ilegalmente en el pa¨ªs, extranjeros encarcelados por pertenecer a una banda criminal, extranjeros encarcelados por un delito (que no sea el de su estatus migratorio irregular) y los acusados de un delito grave¡±. Bajo la prioridad 2 est¨¢n aquellos indocumentados penados por tres o m¨¢s ¡°delitos menores¡± salvo ofensas de tr¨¢fico, cualquier indocumentado que no pueda demostrar que ha estado de forma continua en EE UU desde enero de 2014 (esto era un intento de frenar la oleada de menores y familias centroamericanas llegadas en masa ese a?o) y aquellos que han ¡°abusado significativamente¡± de su visado o programas similares.

¡°Bajo mi gobierno, cualquiera que cruce ilegalmente la frontera ser¨¢ detenido hasta que se lo expulse del pa¨ªs y sea devuelto al suyo¡±

El problema de esta afirmaci¨®n es el ¡°cualquiera¡±. Porque como ha podido comprobar el Gobierno de Obama, no es tan f¨¢cil. Ni constitucional. Han sido por ejemplo los jueces, no la administraci¨®n dem¨®crata, los que frenaron la deportaci¨®n inmediata de menores no acompa?ados que llegaron en grandes oleadas en los ¨²ltimos a?os a la frontera con M¨¦xico procedentes de Centroam¨¦rica. Y fue tambi¨¦n una juez la que oblig¨® al Gobierno a variar su pr¨¢ctica de mantener por largo tiempo detenidos a menores y familias y acelerar su puesta en libertad hasta que tengan la cita con la justicia. Por cierto, que se estima que el costo de mantener a un indocumentado en uno de los centros privados creados para su retenci¨®n hasta su deportaci¨®n se estima en 130.000 d¨®lares por persona por a?o.

¡°La inmigraci¨®n ilegal le cuesta al pa¨ªs m¨¢s de 113.000 millones de d¨®lares al a?o¡±

La cifra la ha sacado Trump de un informe del a?o 2010 de la Federation for American Immigration Reform, una organizaci¨®n que dice buscar abiertamente reducir la inmigraci¨®n y reforzar la frontera, en consonancia con los principios m¨¢s conservadores. Casi la mitad de esa cifra, 52.000 millones, se?ala el informe, proviene de proporcionar ¡°educaci¨®n a los hijos de indocumentados ilegales¡±. Lo que no menciona el informe ¡ªm¨¢s all¨¢ de la cuesti¨®n de garantizar el derecho a la educaci¨®n¡ª es que muchos de esos ni?os, por haber nacido en el pa¨ªs, son ciudadanos estadounidenses. Trump tampoco hizo menci¨®n al hecho de que los indocumentados s¨ª pagan algunos impuestos, tanto estatales como federales, y que los informes oficiales consideran que la regularizaci¨®n de los sin papeles ayudar¨ªa a reducir significativamente el d¨¦ficit del pa¨ªs en las pr¨®ximas d¨¦cadas.