La Ley de desapariciones en M¨¦xico, olvidada por los legisladores

La ley sobre desaparici¨®n de personas est¨¢ atorada en el Congreso mexicano, pese a la insistencia de los colectivos por contar con una legislaci¨®n en la materia. Las ¨²ltimas estad¨ªsticas del Registro Nacional de Extraviados o Desaparecidos muestran que al 31 de julio de este a?o hab¨ªa 28.407 personas sin localizar. En diversos Estados del pa¨ªs los familiares de los desaparecidos han tenido que organizarse para buscar a los suyos, ante la indiferencia de las autoridades y la lentitud de las investigaciones. Tamaulipas es la entidad que encabeza el mayor n¨²mero de averiguaciones previas relacionadas a personas que permanecen sin localizar con 5.560 casos.

Mirna Medina cuenta que su hijo Roberto Corrales desapareci¨® en julio de 2014. Unos hombres lo subieron a un coche de una gasolinera en El Fuerte, un municipio de Sinaloa. La madre acudi¨® a la polic¨ªa local a pedir ayuda, pero le dijeron que no buscaban desaparecidos. Ella sola comenz¨® la b¨²squeda de su hijo y despu¨¦s se le unieron otras 14 mujeres. ¡°Nosotros tuvimos que empezar a buscar a los nuestros en vez de ser el Gobierno el que diera la cara¡±, relata en entrevista con este medio. Desde entonces Las rastreadoras del Fuerte -como se les conoce- han explorado ranchos, caminos sinuosos y territorios inh¨®spitos para buscar a los suyos. En dos a?os han encontrado cerca de 71 cuerpos escarbando con picos y palas. Ahora exigen a los legisladores que aprueben una ley en la materia donde se contemplen sus peticiones. ¡°Lo m¨¢s importante para nosotros es localizarlos, porque eso te desgasta f¨ªsica, moral y econ¨®micamente. Nosotros queremos que se haga un mecanismo nacional de b¨²squeda, donde participemos los familiares¡±, explica la sinaloense.

El Senado organiz¨® durante este a?o tres foros regionales para debatir el tema con organizaciones de la sociedad civil, especialistas y familiares dedesaparecidos. Sin embargo el tema no fue aprobado en el pasado periodo ordinario de sesiones que concluy¨® el 30 de abril. El Movimiento por NuestrosDesaparecidos en M¨¦xico ha exigido a los legisladores aprobar la ley en el actual periodo que inici¨® el primero de septiembre e incorporar las observaciones que han hecho al dictamen. Se busca, han expuesto en diversos comunicados, que la ley contemple una instancia para hacer exhumaciones e identificaci¨®n de restos y se lleve a cabo un registro de las fosas comunes y clandestinas.

La Oficina en M¨¦xico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tambi¨¦n se ha sumado a los exhortos al Congreso para urgir que se apruebe una norma que cree una estructura institucional de b¨²squeda bajo coordinaci¨®n de la Federaci¨®n que tenga garantizados los recursos para su funcionamiento. ¡°Esta estructura debe coadyuvar para que las autoridades estatales asuman sus responsabilidades y garantizar labores de b¨²squeda independientes a las que se realizan para la investigaci¨®n de la responsabilidad criminal", expuso la ONU en un comunicado. A principios de este mes la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que es necesario que en la ley se genere una base de datos donde se aclare cu¨¢ntas son desaparicionesforzadas, (con la participaci¨®n de un servidor p¨²blico) o ausencias y cu¨¢ntos casos son atribuibles al crimen organizado.?

Desde que el Gobierno anterior encabezado por Felipe Calder¨®n (2006-2012) emprendi¨® el combate frontal al crimen al organizado, la desaparici¨®n forzada (donde hay implicaci¨®n de servidores p¨²blicos), las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes han estado en el foco de atenci¨®n de los sistemas internacionales de derechos humanos, destaca un informe del Senado. Entre los casos m¨¢s recientes est¨¢ la desaparici¨®n de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y el rapto de cinco j¨®venes en Veracruz a principios de este a?o. En ambos casos la polic¨ªa entreg¨® a sus secuestrados a grupos de la delincuencia organizada.

Mirna Medina, de Las Rastreadoras del Fuerte, expone que en el 90% de los casos de desaparecidos registrados en Sinaloa, hay participaci¨®n de la polic¨ªa local. ¡°Son los que nos est¨¢n desapareciendo a nuestros familiares cuando tienen el deber de velar por nosotros¡±, manifiesta. El Gobierno tiene la obligaci¨®n de hacer una depuraci¨®n para expulsar a los polic¨ªas corruptos o mejorar las condiciones laborales de estos para que no se coludan con el crimen organizado. ¡°Nosotros no tenemos esperanzas de que nuestros hijos est¨¦n vivos, la mayor¨ªa creemos que est¨¢n muertos, pero seguiremos buscando hasta encontrarlos y sobre todo buscamos que esto no se repita¡±, menciona.