La Corte Penal tiene indicios de que EE UU cometi¨® cr¨ªmenes de guerra en Afganist¨¢n
La fiscal¨ªa ha examinado los hechos y baraja pedir permiso a los jueces para abrir un caso formal
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene indicios fundados de que soldados de Estados Unidos, y tambi¨¦n miembros de la CIA, cometieron cr¨ªmenes de guerra en Afganist¨¢n entre 2003 y 2004. Seg¨²n el primer informe elaborado al respecto, los militares torturaron supuestamente a 61 prisioneros. Los empleados de los servicios de inteligencia hicieron otro tanto con 27 personas internadas en c¨¢rceles secretas, abiertas all¨ª, y tambi¨¦n en Polonia, Ruman¨ªa y Lituania. La fiscal¨ªa de la Corte sostiene que no se trat¨® de hechos aislados, sino de ¡°una operaci¨®n orquestada para extraer informaci¨®n ¨²til¡±.
Aunque EE UU no pertenece a la CPI, Afganist¨¢n s¨ª es miembro, y los ciudadanos estadounidenses que hayan perpetrado delitos en suelo afgano pueden ser perseguidos por la justicia internacional. Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte, debe decidir ahora si pide permiso a los jueces para abrir una investigaci¨®n en toda regla. De obtenerlo, el mayor problema ser¨¢ convencer a Washington para que colabore en un proceso contra sus militares. El futuro de este caso repercutir¨¢ en el futuro de la Corte misma, acusada de neocolonialismo por sus miembros africanos, que acaparan 9 de los 10 sumarios en marcha.
El informe de la CPI se?ala asimismo a los talibanes, y a las autoridades oficiales, como presuntos autores de sendos cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad. Se trata, en particular, de torturas supuestamente aplicadas ¡°por el Gobierno afgano y sus servicios secretos y policiales¡±. El grupo guerrillero Haqqani, af¨ªn a los talibanes y que combate tanto a las fuerzas de la OTAN como al Gobierno de Afganist¨¢n, es se?alado a su vez como autor de iguales delitos.
Estados Unidos despleg¨® en 2001 a sus primeros soldados en Afganist¨¢n. Fue poco despu¨¦s del atentado del 11-S contra las Torres Gemelas, y en el momento ¨¢lgido de la campa?a lleg¨® a haber 100.000 uniformados en territorio afgano. El rechazo del Gobierno estadounidense a la Corte Penal, con la que colabora siempre que no le afecte directamente, se centra en el riesgo corrido por sus militares en el extranjero. Para evitar que sean acusados de cr¨ªmenes como los indicados por la fiscal Bensouda, Washington sigue sin ratificar el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI. El presidente Obama se propuso retirar a todas sus tropas de Afganist¨¢n antes de abandonar la Casa Blanca, pero el pasado verano hab¨ªa a¨²n unos 8.400 efectivos.
El informe preliminar sobre Afganist¨¢n ya estaba en marcha cuando tres pa¨ªses africanos, Gambia, Burundi y Sud¨¢frica, anunciaron su intenci¨®n de abandonar la Corte porque ¡°s¨®lo persigue delincuentes en dicho continente¡±. Kenia aprob¨® en 2013 una moci¨®n similar, y el cuarteto asegura que el organismo es ¡°un instrumento neocolonial que imparte la justicia de los blancos¡±. La acusaci¨®n ha sido rechazada siempre por la fiscal Bensouda, nacida en Gambia, que opera en otros continentes. Junto al caso afgano, lleva a cabo ex¨¢menes preliminares en Colombia, Ucrania, Palestina, Irak/Reino Unido, y la Uni¨®n de las Comoras-Grecia y Camboya (por el ataque israel¨ª contra la flotilla con ayuda humanitaria con destino a Gaza, cuyos barcos estaban bajo esa triple jurisdicci¨®n territorial). Junto a los ocho pa¨ªses africanos investigados formalmente (Uganda, Rep¨²blica Democr¨¢tica de Congo, Darfur (Sud¨¢n), Rep¨²blica Centroafricana, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Mal¨ª) figura adem¨¢s Georgia.
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