El cambio que no ocurri¨® en Venezuela

La nueva reuni¨®n entre el Gobierno y la oposici¨®n en Venezuela, que est¨¢ en suspenso por la amenaza proferida la semana pasada por la Mesa de la Unidad Democr¨¢tica (MUD) de levantarse de la mesa porque el Gobierno "no cumple los acuerdos", se celebrar¨¢ este martes 6 de diciembre, un a?o despu¨¦s de que las fuerzas antichavistas recuperaran el control de la Asamblea Nacional, despu¨¦s de 17 a?os de dominio oficialista, con una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias. La victoria se vendi¨® como el inicio de un cambio pol¨ªtico en Venezuela que hasta la fecha no ha ocurrido. El bloqueo pol¨ªtico, al contrario, se profundiza cada d¨ªa m¨¢s a pesar de la presencia de una representaci¨®n del Vaticano y de tres expresidentes iberoamericanos que buscan la convivencia entre las partes.

El viernes, el jefe de la fracci¨®n parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), H¨¦ctor Rodr¨ªguez, solicit¨® en un escrito al Tribunal Supremo de Justicia que "corrija la omisi¨®n legislativa" y designe a dos de los rectores del Consejo Nacional Electoral, cuyos periodos vencen en diciembre. El bloqueo pol¨ªtico parece tan inamovible que desde ya el chavismo da por descontado que en la Asamblea Nacional no habr¨¢ acuerdo, y que ser¨¢n los magistrados de la Sala Electoral los que asuman las labores que corresponden a los parlamentarios.

El acuerdo entre las fuerzas, necesario para nombrar a los rectores, no es posible. Como parte de los consensos alcanzados en la mesa, el chavismo exige que la directiva del Parlamento incluya en el orden del d¨ªa la desincorporaci¨®n de tres diputados opositores del Estado de Amazonas (sur selv¨¢tico de Venezuela) juramentados en julio. Sobre ellos pende la prohibici¨®n de proclamaci¨®n dictada por el Supremo en atenci¨®n a un recurso de amparo por las supuestas irregularidades ocurridas en aquella regi¨®n durante las elecciones. La oposici¨®n cumpli¨® a su manera. La directiva ley¨® una carta enviada a la directiva por los tres asamble¨ªstas en la que solicitaban su baja. Esto no ha gustado al chavismo.

Todo comenz¨® en enero. La directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado socialdem¨®crata Henry Ramos Allup, se propuso desmontar la iconograf¨ªa chavista en el Palacio Federal Legislativo y todas aquellas normas impuestas por el r¨¦gimen para limitar la entrada de la prensa a las sesiones. Con el gesto, inmortalizado en un video que se hizo viral, Ramos Allup se procur¨® la inquina del chavismo. Adem¨¢s, supuso el comienzo de una batalla legal en la que la oposici¨®n ha salido claramente en desventaja. Todas las iniciativas legislativas opositores, que buscaban disputarle al Gobierno el respaldo de su militancia, son de inmediato bloqueadas por el Ejecutivo, que debe promulgarlas seg¨²n la Constituci¨®n, y en ¨²ltima instancia por el Supremo, que controla el r¨¦gimen.

La carta magna de Venezuela, aprobada en 1999, convierte al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a en el ¨¢rbitro definitivo en caso de colisi¨®n de poderes. Por esa raz¨®n, apenas se consum¨® la derrota, la legislatura anterior procur¨® mantener el control del Poder Judicial haciendo renunciar a magistrados con per¨ªodos pr¨®ximos a vencerse o ya vencidos para sustituirlos por fichas incondicionales. En aquellas sesiones de finales de 2015, en cuestionados procedimientos, nombraron a 12 personas, de las 32 que componen el m¨¢ximo tribunal, casi todas chavistas, que garantizan decisiones favorables al r¨¦gimen en caso de controversias.

En el limbo quedaron varias leyes que habr¨ªan podido cambiar el panorama pol¨ªtico: la ley de amnist¨ªa y reconciliaci¨®n (que permitir¨ªa liberar a los presos pol¨ªticos); la ley de reforma del Banco Central de Venezuela; la de otorgamiento de t¨ªtulos de propiedad a los adjudicatarios de la Misi¨®n Vivienda (el programa social fundado en 2010 para otorgar viviendas a damnificados); la reforma a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia o la ley de presupuesto de 2017. La Asamblea Nacional ha quedado como un foro de debate pol¨ªtico. Los magistrados han dictado 35 sentencias que minan sus atribuciones constitucionales.

Cuando el 28 de julio la oposici¨®n decidi¨® incorporar a tres diputados del Estado de Amazonas, cuya juramentaci¨®n hab¨ªa sido suspendida por el Supremo en enero al aceptar un recurso de amparo, el TSJ, el 1 de agosto, decidi¨® declarar al Parlamento en desacato. La medida ha terminado por liquidar las funciones contraloras del legislativo y ha detenido sus iniciativas. Tambi¨¦n parece haber frustrado las expectativas de cambio que se generaron hace un a?o.