El Supremo mexicano ordena al Gobierno revelar datos de espionaje telef¨®nico

La Suprema Corte de Justicia de M¨¦xico ha determinado que el Gobierno debe revelar el n¨²mero de personas y dispositivos que espi¨® durante 2014. La presidencia mexicana hab¨ªa impugnado la solicitud del Instituto Nacional de Acceso a la Informaci¨®n (INAI) con el argumento de que publicar detalles de los pinchazos telef¨®nicos vulnera la seguridad del Estado. Sin embargo, con 10 votos a favor y uno en contra, el Supremo ha establecido que los datos estad¨ªsticos no revelan los m¨¦todos que utiliza el Centro de Investigaci¨®n en Seguridad Nacional (Cisen) ni dan informaci¨®n sensible como el nombre de los intervenidos.

El caso inici¨® cuando la organizaci¨®n Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) pidi¨® a trav¨¦s del INAI conocer los datos de espionaje. El consejero jur¨ªdico de la presidencia, Humberto Castillejos, apel¨® la solicitud ante la Suprema Corte en agosto. La decisi¨®n marca un precedente en M¨¦xico y permitir¨¢ mayor transparencia en temas de vigilancia. El ¨®rgano de transparencia defiende que toda la informaci¨®n estad¨ªstica, sin importar la materia, es de car¨¢cter p¨²blico. No obstante, Luis Mar¨ªa Aguilar, presidente del Supremo, critic¨® estos argumentos y se?al¨® que s¨ª existen datos estad¨ªsticos sensibles, pero que cada caso debe ser estudiado por separado.

El Cisen ha incrementado sus operaciones de espionaje desde que Enrique Pe?a Nieto ascendi¨® a la presidencia en 2012. La administraci¨®n de Felipe Calder¨®n solicit¨® intervenir las llamadas telef¨®nicas de 340 ciudadanos durante seis a?os de gobierno. En contraste, s¨®lo durante el 2014 el Gobierno pidi¨® a jueces federales intervenir 747 comunicaciones privadas, cada una con una vigencia de 360 d¨ªas. Ahora la autoridad deber¨¢ decir cu¨¢ntas personas y dispositivos fueron espiados ese a?o gracias a la resoluci¨®n de la Corte.

A diferencia de otras instituciones p¨²blicas, el Cisen opera con cierta libertad alejado de la rendici¨®n de cuentas y transparencia. La Red en Defensa de los Derechos Digitales afirma que el 99% de las solicitudes de acceso a llamadas y datos de telecomunicaciones se hacen sin autorizaci¨®n judicial. ¡°La decisi¨®n de hoy es un paso muy importante para la transparencia y el derecho a la privacidad en M¨¦xico¡±, se?al¨® R3D en un comunicado.