La guerra sucia vuelve a sobrevolar Colombia

La llamada le salv¨® la vida que le descerrajaron a su marido. Marina Arias iba a ir en la moto junto a Erley Monroy. Un amigo transportador de leche le coment¨® que ten¨ªa un sitio en la cabina de su camioneta. ¡°Vete con ¨¦l, que va a llover¡±, le anim¨® su esposo. No hab¨ªan pasado ni cinco minutos desde que se desviaron del camino, cuando Arias recibi¨® otra llamada, esta vez de un joven de la zona: ¡°Don Erley est¨¢ tirado sobre la v¨ªa¡±. Cuando llegaron, su marido, de 54 a?os, yac¨ªa a¨²n con vida pero inconsciente. Le hab¨ªan disparado con un revolver a bocajarro, casi seguro desde otra moto. Uno de los tiros le dio en el brazo, el otro se le qued¨® incrustado en la cabeza. Muri¨® camino del hospital. Pocas horas, el pasado 18 de noviembre, en una zona relativamente cercana a la del crimen en San Vicente del Cagu¨¢n, unos encapuchados entraron en casa de Didier Losada y lo asesinaron en presencia de su mujer y su hijo. No hab¨ªa pasado ni un d¨ªa cuando, al salir del velorio de Monroy, Hugo Cu¨¦llar fue baleado. Algunas versiones apuntan a que se salv¨® de morir porque vio c¨®mo el sicario sacaba la pistola y alcanz¨® a lanzarse sobre ¨¦l. Todos eran l¨ªderes sociales.

¡°Erley ya se acab¨®, muri¨®, pero quedan miles de familias campesinas con muchos miedos¡±, reflexiona con aplomo Arias, parapetada tras un sombrero y unas enormes gafas de sol que no logran camuflar unos ojos vidriosos en este primer viernes de diciembre donde el sol no da tregua en San Vicente. Acaba de terminar una marcha en homenaje a su marido. Al municipio han llegado cuatro autobuses repletos de campesinos. Durante una hora caminan ante la mirada condescendiente de centenares de personas. El Ministerio del Interior, en base a los datos de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, estima que han muerto en lo que va de a?o cerca de 60 l¨ªderes sociales. Al menos una treintena m¨¢s ha sufrido atentados y casi 300 son v¨ªctimas de amenazas. Las cifras para algunas organizaciones son superiores. Solo Marcha Patri¨®tica, un movimiento de izquierda, calcula que en los ¨²ltimos cuatro a?os han muerto m¨¢s de 120 miembros de su formaci¨®n.

Estos ataques golpean de lleno el inicio de la implementaci¨®n de lo acordado entre el Gobierno y las FARC, especialmente uno de los puntos clave de las negociaciones: la reforma rural integral. ¡°Muchos han sido asesinados por ser l¨ªderes sociales que reclaman las tierras. Lo quieren impedir a base de matarlos y que la tierra quede en manos del 0,4% de la poblaci¨®n, que son los propietarios del 46% del territorio, seg¨²n el ¨²ltimo censo agropecuario¡±, asegura A¨ªda Avella, hist¨®rica l¨ªder de la Uni¨®n Patri¨®tica (UP), la formaci¨®n de izquierda que surgi¨® de las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur en los ochenta y que perdi¨® a m¨¢s de 3.000 integrantes, asesinados por grupos paramilitares, incluidos dos excandidatos presidenciales.

Monroy era defensor de una reserva campesina y uno de los l¨ªderes que se enfrent¨® a las empresas que quer¨ªan extraer pozos petroleros en la regi¨®n de La Macarena, entre los departamentos de Meta y Caquet¨¢. En su caso, no hab¨ªa recibido amenazas, pero en San Vicente, donde gobierna un alcalde del uribista Centro Democr¨¢tico a quienes muchos acusan de hacer se?alamientos sobre los l¨ªderes sociales, aparecen cada vez con m¨¢s asiduidad panfletos firmados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), supuestamente desmovilizadas a principios de este siglo, y otros movimientos de corte similar. La t¨®nica se repite en muchas zonas del pa¨ªs, especialmente en la costa caribe?a. Este repunte ha puesto en m¨¢xima alerta a las autoridades, que ya no pueden esconder su preocupaci¨®n por la sombra de una nueva guerra sucia sobre Colombia. Durante mucho tiempo se han negado a admitir la presencia de nuevos grupos paramilitares, a los que se refer¨ªan con el calificativo de bandas criminales, vinculadas al narcotr¨¢fico.

El reconocimiento de que a¨²n hay paramilitarismo en Colombia fue uno de los reclamos de las FARC al Gobierno durante las negociaciones de paz. Este mismo fin de semana, la guerrilla ha advertido de la presencia de grupos armados cerca de una de las zonas donde se desmovilizar¨¢n. ¡°Con la salida de las FARC, aparecen otros actores armados que buscan ocupar ese espacio¡±, adue?arse del territorio, crear p¨¢nico¡±, asegura la viuda de Monroy, profesora en San Vicente, feudo tradicional de la guerrilla.

Durante d¨¦cadas, en gran parte de Colombia el ¡®Estado¡¯ han sido las FARC. ¡°Necesitamos una nueva institucionalidad en los territorios que cree confianza. Nosotros no somos los gestores ni los responsables de estas afectaciones a la paz. Reclaman derechos colectivos que la Fiscal¨ªa no provee¡±, aseguraba esta semana el fiscal general, N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, a quien las organizaciones sociales critican por una supuesta pasividad a la hora de investigar los cr¨ªmenes. ¡°?Queremos m¨¢s detenciones o una cultura de la legalidad? Es urgente dar estabilidad a los acuerdos de paz para que llegue al territorio la institucionalidad¡±, se defend¨ªa.

El fiscal niega que haya un ¡°grado de sistematicidad, una mano negra, invisible, que est¨¦ afectando a los l¨ªderes de derechos humanos¡±, y argumenta que lo existe es una ¡°multicausalidad¡±, un t¨¦rmino demasiado enredado para quienes sufren la violencia, como A¨ªda Avella, quien vivi¨® durante a?os en el exilio: ¡°Est¨¢n empleando el mismo m¨¦todo, primero un asesinato en un departamento, luego en otro, y as¨ª no se nota mucho. Lo que no sabemos es c¨®mo va a ser la siguiente etapa¡±.

Avella insiste en que de nada sirve detener al sicario, el ¨²ltimo eslab¨®n de la cadena, si no se va m¨¢s all¨¢. ¡°Hay que investigar a los financiadores y autores intelectuales, que claramente son los terratenientes¡±. La Fiscal¨ªa se ha comprometido a ello. En su comparecencia en el Congreso, Mart¨ªnez asegur¨® que financiar a grupos paramilitares ser¨¢ tipificado como delito de lesa humanidad. Avella admite que hay una diferencia importante entre los ataques de este a?o y el genocidio de la UP. ¡°Ahora hay un sector del Ej¨¦rcito y de la Polic¨ªa que no apoya el paramilitarismo, sobre todo en la c¨²pula. El problema es los que vienen despu¨¦s, que colaboran o miran para otro lado¡±, insiste. Es otra llamada de atenci¨®n para evitar m¨¢s muertes como la de Erley Monroy en aquella v¨ªa de San Vicente del Cagu¨¢n, a escasos metros de un batall¨®n del Ej¨¦rcito.