La ley que buscaba frenar los robos de combustible en M¨¦xico no ha logrado disminuirlos

La ley que endurece las penas contra el robo de combustible en M¨¦xico no ha logrado frenar este il¨ªcito. A un a?o de que entr¨® en vigor la norma que buscaba acabar con el lastre que representa este delito para Petr¨®leos Mexicanos (Pemex), las tomas clandestinas aumentaron un 33% y las autoridades ministeriales s¨®lo lograron llevar 33 investigaciones ante un juez, sin que esto signifique que en el total de los casos los involucrados hayan sido condenados. En promedio cada dos horas se perfora alg¨²n ducto ilegalmente y el impacto econ¨®mico que se genera por el mercado il¨ªcito de hidrocarburos asciende a 40.000 millones de pesos al a?o (unos 2.000 millones de d¨®lares), seg¨²n estimaciones del legislativo mexicano.

La proliferaci¨®n de las actividades de la delincuencia organizada en la ¨²ltima d¨¦cada propici¨® un incremento significativo de tomas clandestinas. A diferencia de hace a?os, cuando el saqueo de los ductos estaba en manos de peque?os ladrones en ciertas regiones, ahora est¨¢ en manos de las grandes organizaciones criminales y se ha extendido a todo el pa¨ªs. La amplitud del sistema de ductos que tiene Petr¨®leos Mexicanos a lo largo del pa¨ªs (68.000 kil¨®metros) y la ubicaci¨®n de una mayor¨ªa de estos en zonas en despoblado es aprovechado para la sustracci¨®n il¨ªcita de hidrocarburos, a trav¨¦s de tomas clandestinas.

La sustracci¨®n, el transporte, el abastecimiento y la venta de los hidrocarburos de origen il¨ªcito no se encontraba tipificada como de gravedad en la legislaci¨®n mexicana. Ante la dificultad de capturar a las personas en flagrancia, el ¨ªndice de aprehensiones ha sido muy bajo en comparaci¨®n con el n¨²mero de delitos que se cometen. Adem¨¢s, en los pocos casos donde hay detenidos, los delincuentes obtienen su libertad con facilidad, lo que resulta sumamente atractivo para las bandas delincuenciales que han hecho de este il¨ªcito una de sus m¨¢s importantes fuentes de ingreso.

En enero del a?o pasado entr¨® en vigor la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en materia de Hidrocarburos, m¨¢s conocida como ley antiorde?a. La normatividad impone penas de 15 a 25 a?os al robo de gasolinas y al saqueo de oleoductos, un castigo muy superior al de una violaci¨®n que alcanza condenas de hasta 14 a?os en la legislaci¨®n. Tambi¨¦n castiga a quien compre, enajene, reciba, comercialice, resguarde, transporte, almacene o distribuya hidrocarburos sin consentimiento de contratistas, permisionarios o distribuidores.

La nueva ley, seg¨²n el dictamen, buscaba calificar estos delitos como graves para inhibir esta actividad y pretend¨ªa poner a disposici¨®n del ministerio p¨²blico de la federaci¨®n y de la autoridad judicial nuevas herramientas jur¨ªdicas a fin de que se pudiera investigar y sancionar con mayor eficacia a la delincuencia. Sin embargo, a un a?o de haber entrado en vigor, el objetivo no se ha cumplido. Las tomas clandestinas incrementaron en un 33% despu¨¦s de haber robustecido las penas. En el 2015 se detectaron 5.252 alteraciones en los ductos, mientras que en el 2016 la cifra increment¨® a casi 7.000. Durante el 2006, antes de que el expresidente Felipe Calder¨®n iniciara la guerra contra el narcotr¨¢fico y el robo de gasolina se convirtiera en una actividad de los grupos criminales, las autoridades localizaron 204 tomas clandestinas.

Pese a que hubo un incremento en las tomas, las investigaciones cayeron. Mientras que en el 2015, antes de que comenzara a funcionar la norma, la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR, Fiscal¨ªa) inici¨® 2.930 carpetas de investigaci¨®n por sustracci¨®n de hidrocarburos (8 al d¨ªa), en 2016 apenas se iniciaron 689 averiguaciones previas (2 al d¨ªa). Miriam Grunstein, acad¨¦mica del Centro de Investigaci¨®n y Docencias Econ¨®micas (CIDE), considera que el agravamiento en las penas no ha llevado a una disminuci¨®n en la actividad delincuencial porque no son las sanciones las que inhiben un delito, sino la eficacia del aparato de justicia para resolver los casos.

El a?o pasado de las 689 indagatorias, s¨®lo se consignaron 33 casos ante un juez, mientras que en el 2015 se hab¨ªan turnado 166 y en el 2014 un total de 255, seg¨²n informaci¨®n proporcionada por la fiscal¨ªa v¨ªa mecanismos de transparencia. El hecho de que el n¨²mero de consignaciones haya sido el m¨¢s bajo en los ¨²ltimos a?os, se puede deber a que?la delincuencia organizada se ha vuelto m¨¢s intimidatoria y esto ha inhibido las denuncias, considera la abogada petrolera. ¡°Son grupos poderos¨ªsimos que incluso est¨¢n coludidos con personal de Petr¨®leos Mexicanos, entonces a la gente le da mucho pavor hacer las denuncias¡±, dice Grunstein. Otra raz¨®n puede ser la ineficacia con la que opera la Fiscal¨ªa para investigar, procesar y condenar a un presunto responsable. "Son delitos que por esta impunidad que hay es muy improbable que se apliquen las penas y mas cuando hay servidores p¨²blicos involucrados", considera la especialista.

Para llevar a cabo la orde?a se requiere de gente capacitada y bien enterada de la operaci¨®n de los ductos, se explica en un diagn¨®stico de Pemex. ¡°El combustible se surte a diferentes horas y, previo a cada evento, se pasa agua por el tubo, por lo que se presume la participaci¨®n de personal especializado, con v¨ªnculos con la delincuencia organizada como informantes clave, quienes reportan la hora en que pasa el combustible¡±, se expone. Ra¨²l Ben¨ªtez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Aut¨®noma de M¨¦xico (UNAM), considera que la ley antiorde?a no ha funcionado porque la mayor¨ªa de las personas que realizan este il¨ªcito son empleados sindicalizados que conocen los procedimientos y usan el equipo de Pemex para hurtar sin ser descubiertos.

"El Gobierno casi no abre carpetas de investigaci¨®n porque falta voluntad pol¨ªtica", afirma. El robo de combustible no s¨®lo lo orquestan los grandes grupos criminales como los Zetas, sino que comprende una red de corrupci¨°n que involucra a funcionarios, empleados sindicalizados, pol¨ªticos y alcaldes, expone. "Es un problema de corrupci¨®n, donde est¨¢ metido el sindicato que tiene mucho poder. No cualquiera puede robar el combustible y no cualquiera puede vender el combustible", explica el acad¨¦mico.