El Supremo de Estados Unidos debate si se puede prohibir el acceso a Facebook a un agresor sexual
El tribunal analiza si una ley de Carolina del Norte vulnera el derecho a la libertad de expresi¨®n
El Tribunal Supremo de Estados Unidos debati¨® este lunes cu¨¢l debe ser el equilibrio entre la protecci¨®n de los menores y el derecho a la libertad de expresi¨®n en un caso sobre agresores sexuales e Internet. La m¨¢xima autoridad judicial del pa¨ªs analiz¨® si vulnera la Constituci¨®n una ley de Carolina del Norte, que proh¨ªbe que personas condenadas por agresi¨®n sexual participen en p¨¢ginas web, como redes sociales, a las que pueden tener acceso menores de edad. Cinco de los ocho jueces sugirieron que la norma es inconstitucional, pero el tribunal proseguir¨¢ sus deliberaciones.
El caso marcar¨¢ un precedente dado que una decena de Estados imponen restricciones a la presencia de agresores sexuales en Internet. Y abre el debate sobre la libertad en Internet en un momento en que las redes sociales suponen una parte esencial del d¨ªa a d¨ªa de muchas personas y en un pa¨ªs en que las libertades individuales son un mantra.
En 2008, a Lester Packingham Jr. le qued¨® vetado utilizar redes sociales, como Facebook, a las que pudieran acceder ni?os. El motivo es que Packingham, de 36 a?os, es una persona registrada como acosador sexual -una base de datos en la que debe estar inscrito durante 30 a?os- despu¨¦s de que fuera condenado en 2002 por abusar de una menor. Estuvo 10 meses encarcelado por, con 21 a?os, violar a una ni?a de 13 a?os, de la que, alega, desconoc¨ªa la edad.
Los nuevos problemas judiciales de Packingham empezaron en 2010. Incumpliendo su prohibici¨®n, escribi¨® un mensaje en Facebook para celebrar que no hab¨ªa sido multado por una infracci¨®n de tr¨¢fico. Era un mensaje anodino pero llam¨® la atenci¨®n de un polic¨ªa de Durham, que descubri¨® que lo hab¨ªa escrito Packingham utilizando un seud¨®nimo en Facebook. Fue imputado por un delito y condenado a libertad condicional.
¡°Ninguna multa. Ning¨²n coste judicial. Nada de nada. Gracias a Dios. Wow. Gracias, Jes¨²s¡±, escribi¨® Packingham en el mensaje de Facebook que ha derivado en una pugna legal en el Supremo.
Otras restricciones
Luisiana es el ¨²nico Estado que tiene una ley similar a la de Carolina del Norte pero solo afecta a personas condenadas por agresi¨®n sexual con un menor. Georgia y Kentucky tambi¨¦n imponen alg¨²n tipo de restricci¨®n al uso de redes sociales. Otros nueve de los 50 Estados obligan a los agresores sexuales a divulgar sus nombres y perfiles en redes sociales.
En paralelo, el Gobierno federal tiene una base de datos en Internet sobre personas que est¨¢n obligadas a estar registradas como agresores sexuales despu¨¦s de haber cumplido una sentencia por ello. En la base de datos, se puede consultar el nombre y lugar de residencia del agresor.
Seg¨²n las autoridades de Luisiana, la inmensa mayor¨ªa de los 800.000 agresores sexuales que hay en EE UU est¨¢n obligados a registrar sus nombres, direcciones y fotograf¨ªas en bases de datos.
El caso, promovido por la defensa del condenado que argumenta que se le viol¨® su derecho a la libre expresi¨®n, lleg¨® al Alto Tribunal despu¨¦s de que la m¨¢xima autoridad judicial de Carolina del Norte mantuviera intacta la ley en una decisi¨®n muy ajustada. La ley pretende impedir el acceso a p¨¢ginas web en las que se podr¨ªa obtener informaci¨®n sobre menores, como Facebook, pero los cr¨ªticos advirtieron que puede afectar cualquier p¨¢gina.
Algunos de los jueces del Supremo consideraron que es una prohibici¨®n demasiado amplia que puede vulnerar el derecho a la libertad de expresi¨®n. La juez Elena Kagan subray¨® que p¨¢ginas como Facebook y Twitter son tan populares que ¡°est¨¢n incrustadas en nuestra cultura¡±.
La defensa de Packingham esgrime que la ley es demasiado severa porque impide cualquier comentario en Internet de una persona registrada como un agresor sexual. Alegan, adem¨¢s, que no hay ninguna evidencia de que el hombre pretendiera comunicarse con menores en Facebook o de que escribiera un mensaje inapropiado. Tambi¨¦n subrayan que no tiene ninguna otra acusaci¨®n sexual.
El argumento de los abogados coincide con el de algunas organizaciones sociales, como la conservadora Cato Institute y la progresista American Civil Liberties Union, que aducen que el veto es inconstitucional porque puede impedir buscar trabajo o leer noticias en Internet.
Las autoridades de Carolina del Norte defienden su ley como una forma de protecci¨®n a menores y alegan que no es un veto completo al acceso a Internet sino que limita el momento, lugar y modo en que se pueden comunicar los condenados por acoso sexual.
El vice fiscal general de Carolina del Norte, Robert Montgomery, argument¨® que la norma impone limitaciones en el mundo virtual de la misma manera que se proh¨ªbe que los abusadores sexuales visiten zonas de recreo de ni?os, y esgrimi¨® que no se trata de un veto completo. ¡°Estas p¨¢ginas son parte de Internet, pero no son Internet entero¡±, dijo.
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