Los riesgos en la implementaci¨®n de la paz en Colombia

Conforme transcurren los d¨ªas tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) el pasado 24 de Noviembre, m¨¢s dif¨ªcil se torna el proceso de implementaci¨®n que debe hacer realidad lo acordado y de esta forma modernizar un pa¨ªs que apenas resurge tras 52 a?os de cruento conflicto armado interno. Es necesario un esfuerzo de ambas partes y de la comunidad internacional para evitar que el proceso de paz se estanque, con las nefastas consecuencias que ello tendr¨ªa.

Los retrasos en la construcci¨®n de las 26 Zonas Verdales Transitorias de Normalizaci¨®n (ZVTN) han sido el primer problema encontrado en el proceso de implementaci¨®n. Las ZVTN deb¨ªan estar construidas antes del 1 de diciembre 2016, d¨ªa D. Ese d¨ªa las FARC estaban concentradas en los puntos previos de concentraci¨®n designados. Accedieron a entrar en las ZVTN sin que se hubieran construido las infraestructuras m¨ªnimas acordadas: alojamientos, suministro el¨¦ctrico, servicios sanitarios-higi¨¦nicos, agua corriente y conectividad. A fecha de hoy es excepci¨®n la ZVTN que tenga construido al menos un 50% de las infraestructuras. He visitado seis de ellas. Solo en una hab¨ªa servicios sanitarios-higi¨¦nicos instalados. En ninguna hab¨ªa viviendas construidas. No hay atenci¨®n m¨¦dica m¨¢s all¨¢ de primeros auxilios, muchas veces prestados por la propia guerrilla.

En las ZVTN hay hijos de guerrilleras, algunos reci¨¦n nacidos, y hay decenas de guerrilleras embarazadas. A la vista de las demoras, las FARC acordaron con el Gobierno que pusieran a su disposici¨®n materiales de construcci¨®n para que ellos mismos construyeran. Este compromiso se est¨¢ cumpliendo solo parcialmente. No es que la guerrilla tenga problemas en vivir en malas condiciones, est¨¢n acostumbrados, pero si la primera obligaci¨®n del Gobierno en el cronograma de implementaci¨®n est¨¢ siendo cumplida tard¨ªa y deficientemente, se env¨ªa una p¨¦sima se?al sobre la capacidad real de las instituciones colombianas respecto al cumplimiento de lo acordado. Viene a la memoria la hist¨®rica tradici¨®n de los distintos gobiernos del pa¨ªs de incumplir los acuerdos de paz firmados, incumplimientos que en numerosas ocasiones incluyeron el posterior asesinato de los guerrilleros que hab¨ªan firmado los acuerdos.

En el acuerdo final se estableci¨® la aprobaci¨®n urgente de una Ley de Amnist¨ªa que amnistiara los delitos de rebeli¨®n y conexos conforme a las leyes en vigor en la fecha de firma del Acuerdo Final. A la firma del acuerdo de paz hab¨ªa aproximadamente 3.500 personas encarceladas por v¨ªnculos con las FARC EP. En torno a 700 pueden tener derecho a la amnist¨ªa establecida en la ley. El resto tienen derecho a ser excarcelados en distintas condiciones: libertad condicionada o traslado a ZVTN. Tambi¨¦n existen unos 5.000 miembros de la Fuerza P¨²blica potenciales beneficiados por la ley

El 30 de diciembre se aprob¨® la Ley de Amnist¨ªa, que contempla su aplicaci¨®n de oficio o a instancia del solicitante. Sin embargo los jueces no la han aplicado. A principios de febrero solo se hab¨ªan otorgado 8 amnist¨ªas y ninguna libertad condicionada. Los jueces alegaron que la ley era deficiente y que se necesitaban unas normas de procedimiento para aplicarla. El 17 de febrero se aprob¨® un Decreto presidencial que inclu¨ªa el procedimiento de aplicaci¨®n elaborado por los propios jueces colombianos. El pasado d¨ªa 6 de marzo, los jueces de ejecuci¨®n de penas, los competentes para aplicar la amnist¨ªa, se declararon en paro alegando falta de medios para aplicar la amnist¨ªa. A fecha de hoy se han aprobado algo menos de setenta amnist¨ªas a guerrilleros, cinco autorizaciones de traslado a ZVTN y ninguna libertada condicionada. No se tiene noticas de que se haya aprobado ninguna medida equivalente respecto a miembros de la Fuerza P¨²blica.

La negativa de los jueces colombianos a cumplir la ley de amnist¨ªa ¨C a salvo de las muy dignas excepciones indicadas¨C, adem¨¢s de ser in¨¦dita respecto a anteriores procesos de paz habidos en Colombia o en otros lugares del mundo, est¨¢ generando una situaci¨®n muy peligrosa entre las bases guerrilleras. Se incrementa la desconfianza ante las instituciones y el Gobierno que firm¨® el Acuerdo de Paz y por tanto crece la desconfianza sobre el cumplimiento de lo acordado. Puede provocar una situaci¨®n de desconfianza y desafecci¨®n respecto a los dirigentes de la guerrilla, al poder interpretar los guerrilleros que tambi¨¦n est¨¢n siendo enga?ados por estos, ya que hab¨ªan garantizado un tratamiento especial de justicia adem¨¢s de la amnist¨ªa. Esta situaci¨®n puede estimular las disidencias en el seno de las FARC EP, disidencias que hasta la actualidad est¨¢n siendo muy reducidas, menos de un 4%, cuando la media en los procesos de paz con grupos rebeldes ronda el 20%.

Las garant¨ªas de seguridad ¨Cl¨¦ase desmantelamiento del paramilitarismo- son uno de los m¨¢s importantes logros de este proceso de paz. No se olvide que el Acuerdo Final se alcanz¨® en un contexto en el que contin¨²a existiendo violencia de grupos paramilitares de extrema derecha, continua el enfrentamiento del Estado con otros alzados en armas ¨CELN- y contin¨²an existiendo importantes econom¨ªas il¨ªcitas. Todo ello hace m¨¢s meritorio el Acuerdo Final, que contiene fuertes compromisos para acabar con el paramilitarismo, fen¨®meno estructural en Colombia de larga data. El compromiso del Gobierno no es ¨²nicamente garantizar el monopolio leg¨ªtimo del Estado en el uso de la fuerza y de las armas, sino desmantelar las estructuras civiles que durante d¨¦cadas han organizado, financiado, instigado y aprovechado pol¨ªtica y econ¨®micamente a los grupos paramilitares. Una de las medidas m¨¢s importante es la creaci¨®n de una Unidad de Investigaci¨®n especializada para el desmantelamiento de organizaciones paramilitares, con competencia para desactivar las estructuras pol¨ªticas de apoyo a estos grupos y sus estructuras econ¨®micas de financiaci¨®n. La actual Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n (FGN), ignorando el acuerdo de paz alcanzado, intenta impedir la puesta en marcha de esta Unidad Especial, a la vez que intenta modificar el acuerdo de Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), aprovechando el proceso de implementaci¨®n legislativa actualmente en curso y que tambi¨¦n est¨¢ resultando sumamente complejo debido a la inestable mayor¨ªa parlamentaria que apoya al Gobierno del presidente Santos. Las propuestas que formula la FGN tienen siempre los mismos dos objetivos: sustraer a los civiles presuntos financiadores, organizadores o instigadores del paramilitarismo de la JEP y mantenerlos en la jurisdicci¨®n ordinaria -donde siempre han disfrutado y disfrutan de impunidad- y a la vez sustraer de la JEP el mayor n¨²mero posible de conductas realizadas por las FARC EP, intentando mantener la competencia de la jurisdicci¨®n ordinaria, y de la FGN, sobre ellas, lo que conculca lo establecido en el acuerdo parcial que result¨® m¨¢s dif¨ªcil de cerrar, el relativo a Victimas y Justicia. A la vez, la FGN no da resultados importantes en la investigaci¨®n y castigo de los cr¨ªmenes cometidos contra defensores de derechos humanos, dirigentes pol¨ªticos, sociales y campesinos que han venido apoyando el proceso de paz. En el a?o 2016 y lo que va del 2017 son m¨¢s de 130 los asesinados. Desde la firma del Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, son casi 80 las personas pertenecientes a los anteriores colectivos que han sido asesinadas. La FGN niega constantemente la existencia de un plan sistem¨¢tico para atacar el proceso de paz y a las personas que lo apoyan. Todo lo anterior deteriora seriamente la confianza a las FARC EP en el cumplimiento del acuerdo de Garant¨ªas de Seguridad, suponiendo grave indefensi¨®n respecto a la seguridad personal e integridad f¨ªsica que requiere cualquier guerrilla para concluir un proceso de dejaci¨®n de armas.

Actualmente no hay concreci¨®n ni puesta en marcha de las pol¨ªticas de reincorporaci¨®n pol¨ªtica y social de las FARC EP una vez abandonas las armas.Tras la realizaci¨®n del plebiscito del 2 de octubre que rechaz¨® el Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, se produjo un proceso de renegociaci¨®n en el que las FARC asumieron importantes modificaciones en el sistema de Justicia Especial para la Paz, mayores limitaciones en el r¨¦gimen de amnist¨ªa y sobre todo, reducciones de los programas de reincorporaci¨®n a la vida civil de los antiguos guerrilleros, en especial reducci¨®n de las cuant¨ªas econ¨®micas destinadas a estos programas, mezquina exigencia de los defensores del no. El total del presupuesto finalmente acordado para la reincorporaci¨®n econ¨®mica y social de las FARC EP, es equivalente al gasto de 10 d¨ªas de guerra.

A fecha de hoy existe un atraso sustancial en el dise?o de los programas de reincorporaci¨®n social y una peligrosa falta de recursos econ¨®micos. Ninguno de los programas de reincorporaci¨®n econ¨®mica y social ha comenzado a ponerse en marcha, a pesar de que apenas en tres meses, el 31 de mayo, est¨¢ previsto que concluya la existencia de las ZVTN, desaparezcan las FARC-EP, surja el nuevo partido pol¨ªtico sucesor de la anterior organizaci¨®n y de esta forma se d¨¦ el paso definitivo a la reincorporaci¨®n en la vida social. No es posible que esa fecha los guerrilleros se trasladen a sus hogares, porque estos no existen tras 52 a?os de guerra o d¨¦cadas de permanencia en las FARC EP. Salvo excepciones, no existen condiciones de seguridad para que los antiguos guerrilleros se trasladen a residir en los hogares de sus familiares, y ello en el caso de que sus familias, en su mayor¨ªa campesinos en precarias condiciones de vida, tuvieran a su disposici¨®n los medios materiales para acogerlos. Tampoco han sido definidos los programas de acceso al empleo, proyectos productivos, de desarrollo agrario o de sustituci¨®n de cultivos il¨ªcitos.

Esta situaci¨®n de indefinici¨®n de su futuro inmediato, tambi¨¦n provoca una importante angustia entre la guerrillerada, que puede estimular la desconfianza interna en el proceso de paz y por tanto las disidencias. Aprovechando esta situaci¨®n, distintos grupos criminales deseosos de contar gente experimentada en el manejo de armas, est¨¢n ofreciendo a los guerrilleros elevadas cantidades de dinero para cooptarlos.

Las Naciones Unidas viene alertando sobre el alto porcentaje de fracaso que han tenido los programas de reincorporaci¨®n a la vida social de los grupos guerrilleros que en las ultimas d¨¦cadas han efectuado dejaci¨®n de armas tras firmar acuerdos de paz. Estos fracasos tienen habitualmente como consecuencia el incremento de la violencia, de la delincuencia y de las econom¨ªas ilegales.

El proceso de dejaci¨®n de armas de las FARC-EP comenz¨® el d¨ªa 1 de marzo de 2017 (D+ 90) y concluir¨¢ el pr¨®ximo 31 de mayo (D+180). A pesar de las dificultades que viene atravesando el proceso de implementaci¨®n, las FARC-EP procedieron al inicio de la dejaci¨®n del 30% de sus armas en el D+90. Una segunda fase de dejaci¨®n de otro 30 % de las armas se iniciar¨¢ el 1 de abril y la fase de dejaci¨®n del restante 40% de armas se iniciar¨¢ el 1 de mayo, debiendo haber concluido todo el proceso el d¨ªa 31 de ese mes. El Acuerdo Final establece una serie de garant¨ªas para las FARC EP de ¨ªndole Jur¨ªdico, de Seguridad Personal, y de Seguridad Econ¨®mico y Social. Evidentemente el cumplimiento de lo acordado es una obligaci¨®n reciproca para los firmantes de cualquier acuerdo. Al igual que las FARC EP est¨¢n cumpliendo con el proceso de dejaci¨®n de armas, el Gobierno y las instituciones competentes deber¨ªan cumplir con los contenidos de seguridad jur¨ªdica que les incumben ¨Caplicaci¨®n de la amnist¨ªa y aprobaci¨®n en el Congreso de las leyes que pongan en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci¨®n y No repetici¨®n-, con los compromisos sobre seguridad personal ¨Cdesmantelamiento del paramilitarismo y detenci¨®n de los responsables de los cr¨ªmenes contra los defensores del proceso de paz que viene sucedi¨¦ndose-, as¨ª como al menos definir los programas de reincorporaci¨®n econ¨®mica y social que necesariamente deben ponerse en marcha antes del 31 de mayo. En caso contrario, el 1 de junio el proceso de paz se ver¨¢ arrastrado a una seria crisis de implementaci¨®n que en la pr¨¢ctica puede hacer fracasar todos los esfuerzos desplegados por ambas partes desde el inicio del proceso exploratorio en febrero de 2012.

La verificaci¨®n y acompa?amiento Internacional son en este momento una necesidad urgente para el proceso de paz. A fecha de hoy, el ¨²nico mecanismo de verificaci¨®n y monitoreo internacional del Acuerdo de Paz que funciona es el encargado de monitorear y verificar el proceso de Dejaci¨®n de Armas -el Mecanismo de Monitoreo y Verificaci¨®n de las Naciones Unidas, MMV, creado en enero 2016-, es decir, actualmente solo se est¨¢n monitoreando y verificando el cumplimiento de las obligaciones que incumben a las FARC EP. En el Acuerdo Final ¨²nicamente se contemplan mecanismos de verificaci¨®n de los puntos 3 ¡°Garant¨ªas de Seguridad¡± y 6 ¡°Reincorporaci¨®n a la vida civil¡±, tambi¨¦n a cargo de las NNUU. A fecha de hoy el Gobierno colombiano no ha concretado en la ONU la forma de puesta en marcha de este mecanismo. Se prev¨¦ en el Acuerdo Final un acompa?amiento internacional en la implementaci¨®n de todos los puntos acordados, pero todav¨ªa esos mecanismos internacionales de acompa?amiento a la implementaci¨®n no han sido puestos en marcha, a pesar de las sucesivas peticiones de las FARC EP.

Es evidente que en un acuerdo de paz que pone fin a 50 a?os de conflicto armado no resulta procedente que una de las partes pretenda que solo se verifiquen, monitoreen o acompa?e la implementaci¨®n respecto a las obligaciones que corresponde a la otra parte, en este caso respecto a la dejaci¨®n de armas de las FARC EP. Para garantizar la muy necesaria implementaci¨®n de todo lo acordado o al menos de lo m¨¢s importante, es imprescindible poner en marcha de forma inmediata todos los mecanismos de monitoreo, verificaci¨®n y acompa?amiento que contempla el acuerdo final de paz, y para ello es imprescindible la presencia activa en dichos mecanismos de la comunidad internacional. Tambi¨¦n ser¨ªa conveniente mayor agilidad en la implementaci¨®n y un claro respeto a lo acordado por parte de todas las instituciones implicadas, no ¨²nicamente por el Gobierno.

Enrique Santiago Romero es asesor de las FARC-EP en la Comisi¨®n de Seguimiento, Impulso y Verificaci¨®n de la Implementaci¨®n del Acuerdo Final (CSIVI)