Un porro ya no llevar¨¢ a la c¨¢rcel en T¨²nez

Seis a?os despu¨¦s de la revoluci¨®n que derroc¨® al tirano Ben Al¨ª, las autoridades de T¨²nez modificar¨¢n una de las leyes asociadas a la dictadura que mayores estragos causaron en la sociedad de este pa¨ªs magreb¨ª. La llamada Ley 52 establece una pena m¨ªnima de un a?o de c¨¢rcel para cualquier persona que consuma o se halle en posesi¨®n de cualquier tipo de droga, privando a los jueces de la potestad de reducir la condena en base a alg¨²n atenuante. Pr¨®ximamente, y por decisi¨®n de la presidencia del pa¨ªs, el simple consumo de un porro ya no llevar¨¢ autom¨¢ticamente a la c¨¢rcel.

Aprobada en 1992, la Ley 52 fue utilizada a menudo por el brutal r¨¦gimen de Ben Al¨ª, en vigor entre 1987 y 2010, para encarcelar a opositores o j¨®venes rebeldes, a menudo fabricando falsos procesos. Incluso despu¨¦s de la revoluci¨®n y de la instauraci¨®n de un sistema democr¨¢tico, se ha acusado a las fuerzas de seguridad de usar esta estrategia. ¡°Varios cantantes de rap, m¨²sica que constituye la principal expresi¨®n art¨ªstica contestataria de la juventud de los barrios populares, fueron condenados presuntamente por posesi¨®n de cannabis. Fue una venganza por sus canciones en las que critican a la policia¡±, explica Hind Meddeb, una periodista que realiz¨® un documental sobre el acoso sufrido por los raperos.

La Ley 52 fue utilizada a menudo por el brutal r¨¦gimen de Ben Al¨ª para encarcelar a opositores o j¨®venes rebeldes

Por esta raz¨®n, la derogaci¨®n de la Ley 52 es una vieja reivindicaci¨®n de la sociedad civil tunecina, lo que llev¨® a la presentaci¨®n de una propuesta de ley en el Parlamento que elimina la pena de c¨¢rcel la primera vez que alguien es procesado por consumo de estupefacientes, siempre y cuando est¨¦ dispuesto a someterse a un tratamiento de desintoxicaci¨®n. Es decir, el consumidor de drogas pasa a ser considerado un enfermo y no un delincuente. La mayor¨ªa de los condenados eran consumidores de zatla, como se llama a los porros en el dialecto local.

No obstante, la nueva legislaci¨®n lleva m¨¢s de un a?o bloqueada en el Congreso por desavenencias entre los partidos pol¨ªticos sobre su contenido. De ah¨ª, que el presidente Beji Ca?d Essebsi haya apostado por adoptar dos medidas de urgencia. En primer lugar, la presentaci¨®n urgente de una enmienda de ley en el Parlamento que otorga a los jueces la capacidad de reducir la condena, y que permite otorgar un indulto a partir del momento en el que se dicta la condena, y no a partir de un mes despu¨¦s de la sentencia, como suced¨ªa hasta ahora. En segundo lugar, el presidente convocar¨¢ la comisi¨®n que concede los indultos penitenciarios cada mes en lugar de cada tres meses para acelerar el proceso.

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¡°La decisi¨®n del presidente es un paso positivo hasta la aprobaci¨®n de la ley que recoge penas alternativas a la c¨¢rcel ¡­ ahora es necesario que el Estado construya la infraestructura necesaria, centros de acogida y de desintoxicaci¨®n¡±, sostiene Jamel Msallem, presidente de la Liga Tunecina de los Derechos Humanos, ganadora del premio Nobel de la Paz en 2015 por su papel en la transici¨®n democr¨¢tica del pa¨ªs y una de las entidades que se ha movilizado contra la controvertida norma.

¡°Es una ley que ha fracasado en sus objetivos. Hasta 120.000 personas han comparecido frente a los tribunales, algunas de ellas son estudiantes de secundaria. Los resultados han sido desastrosos, ya que m¨¢s que servir de elemento de disuasi¨®n, ha creado una escuela de criminalidad¡±, agrega Msallem, que recuerda que unas 6.000 personas, casi el 30% de la poblaci¨®n reclusa, ha sido sentenciada en base a la Ley 52. Adem¨¢s de dejar de fabricar traumas entre los adolescentes, un aspecto positivo de la modificaci¨®n legal es que permitir¨¢ aliviar la presi¨®n sobre las desbordadas c¨¢rceles del pa¨ªs, ya que algunas superan el 150% de su de capacidad.