La impunidad que lograron Uribe y Vargas Lleras en la justicia transicional colombiana

El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se hab¨ªa dise?ado para que el centro del mismo fuera la justicia y la reparaci¨®n integral a las v¨ªctimas. Se cre¨® un modelo de justicia, llamado Jurisdicci¨®n Especial para la Paz o JEP, para conocer todos los hechos que se hubieran cometido en el marco del conflicto armado. Militares, guerrilleros, civiles, en fin, todo aquel que hubiese participado directa o indirectamente en el conflicto armado tendr¨ªa que entrar en ese modelo.

Si bien el modelo contemplaba una amnist¨ªa lo m¨¢s amplia posible bajo los par¨¢metros de los acuerdos de Ginebra, tambi¨¦n se preve¨ªa, para los cr¨ªmenes internacionales o graves, la creaci¨®n de un Tribunal Especial para la Paz. As¨ª, las personas que dijeran la verdad, restauraran, pidieran perd¨®n y dieran garant¨ªas de no repetici¨®n tendr¨ªan una sanci¨®n efectiva a la libertad. Los que no colaboraran o lo hieran parcialmente tendr¨ªan c¨¢rcel.

La JEP estuvo lista en 2015. Desde ese momento el expresidente Uribe comenz¨® una campa?a en la cual, seg¨²n ¨¦l, este modelo de justicia traer¨ªa impunidad. Desde el lado del Gobierno, aunque de forma m¨¢s soterrada el vicepresidente Germ¨¢n Vargas Lleras, quien recientemente renunci¨® para ser candidato presidencial en 2018, hizo lo mismo. Para ellos, la paz era sin¨®nimo de impunidad. Durante la campa?a del plebiscito que se realiz¨® en octubre de ese a?o, el principal argumento con el cual ganaron fue el de la impunidad.

Para los expertos y los que se hab¨ªan le¨ªdo el acuerdo de paz, era todo lo contrario, era un modelo que traer¨ªa justica. Sin embargo, con los resultados del 2 de octubre, cuando gan¨® el no y comenz¨® una renegociaci¨®n de los acuerdos, se entendi¨® lo que realmente quer¨ªa el uribismo. Manejaban un doble discurso, ante la opini¨®n p¨²blica hablan de la impunidad de la JEP, pero en las propuestas de renegociaci¨®n solo quer¨ªan limitarla y garantizar total impunidad.

El conflicto armado colombiano produjo siete millones de desplazados, 215.000 homicidios, 32.000 secuestros y 80.000 desaparecidos. Se despojaron m¨¢s de seis millones de hect¨¢reas de tierra a peque?os campesinos. A diferencia de otros conflictos armados como el de la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo, donde los comandantes militares, guerrilleros y paramilitares se quedaron con las minas de colt¨¢n o tungsteno, en Colombia fueron terceros, como pol¨ªticos y empresarios rurales, los que se quedaron con esos millones de hect¨¢reas.

Por ejemplo, el expresidente de la Corte Constitucional colombiana, m¨¢ximo tribunal de justicia en este pa¨ªs, fue retirado de su cargo por haberse apropiado indebidamente de dos fincas que fueron despojadas. La multinacional Chiquita Brands fue condena en Estados Unidos por financiar grupos paramilitares y trasportar armas para esta estructura. En el Urab¨¢, zona donde operaba la multinacional, fueron despojadas miles de hect¨¢reas, que luego resultaron sembradas de banano y palma africana. Lo mismo ocurre con el Fondo Ganadero de C¨®rdoba. Ninguno de estos tres, ni los dem¨¢s pol¨ªticos y empresarios rurales han sido condenados en Colombia por haber utilizado criminales para apropiarse de la tierra de campesinos.

En las ¨²ltimas semanas se debati¨® en el Congreso de la Republica el Acto Legislativo para crear la JEP. Tanto Uribe como Vargas Lleras hicieron hasta lo imposible para limitarla. El uribismo cre¨® una campa?a entre los miembros de las Fuerzas Militares, principalmente pensionados. Se les instig¨® bajo el discurso que los iban a mandar a la c¨¢rcel. A la vez, se le orden¨®, al actual senador Iv¨¢n Duque, a quien se vincula al esc¨¢ndalo de Odrebech, una arremetida en medios de comunicaci¨®n. Por su lado, Vargas Lleras, implement¨® la estrategia del sabotaje legislativo. Al final, en ¨²ltimo debate, logro excluir de la JEP a los financiadores, sacar impune a todos los terceros que financiaron grupos criminales.

El uribismo logr¨® que la responsabilidad de mando para el caso de las Fuerzas Militares se juzgara a la luz del C¨®digo Penal Colombiano y se eliminaron las palabras Derecho Penal y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las ¨¦lites pol¨ªticas y econ¨®micas de Colombia lograron lo que quer¨ªan; la justicia solo para las FARC, en las Fuerzas Militares pagar¨¢n los soldados rasos, y empresarios y pol¨ªticos quedar¨¢n impunes.

Queda la esperanza de que en la Ley Estatutaria se logre algo de justicia, de que la Corte Constitucional nos haga el milagro o se puede esperar a la justicia internacional.