El reclamo de algunas madres de La Escombrera contra la JEP por haber revelado informaci¨®n de sus familiares desaparecidos

Encontrarlos no es suficiente. Algunas familias buscadoras de desaparecidos en el sector de La Escombrera, en Medell¨ªn, han levantado su voz de protesta por el comunicado de la Jurisdicci¨®n Especial de Paz (JEP) del pasado jueves, en el que se daba a conocer algunas caracter¨ªsticas de las dos v¨ªctimas que fueron identificadas por Medicina Legal despu¨¦s de casi seis meses de b¨²squeda forense. En una monta?a de escombros, tras escarbar hasta llegar a unos 15 metros de profundidad, forenses de la Unidad de B¨²squeda de Desaparecidos (UBPD) encontraron restos de cuerpos de personas. Las familias han denunciado que all¨ª fueron escondidos los cad¨¢veres de personas desaparecidas en medio del conflicto armado urbano de los a?os noventa y comienzos del 2000. El primer hallazgo, tras meses de pesquisas de las dos entidades creadas por del Acuerdo de Paz de 2016, y que abri¨® el camino a la ahora emblem¨¢tica frase de ¡®Las cuchas tienen raz¨®n¡¯, ocurri¨® el 18 de diciembre pasado.

Ese d¨ªa, la UBPD logr¨® exhumar los primeros dos cuerpos. Fue noticia nacional. Para esos mismos d¨ªas, la JEP, el tribunal de justicia transicional, convoc¨® a una rueda de prensa. Buscaba entregar al pa¨ªs los resultados de una de las b¨²squedas m¨¢s complejas por las caracter¨ªsticas del terreno, una monta?a en la que, por m¨¢s de 30 a?os, se han arrojado y recogido escombros de forma indiscriminada. Aunque la noticia fue bienvenida por las v¨ªctimas, en la ¨²ltima semana la tensi¨®n comenz¨® a sentirse entre las familias buscadoras. Se cruzaron llamadas, quejas y preocupaciones luego de que la entidad judicial, en un comunicado p¨²blico, se?alara que los j¨®venes identificados eran una mujer deportista de 20 a?os y un vendedor ambulante en situaci¨®n de discapacidad de 28 a?os.

Aunque no entregaron nombres, varias de las v¨ªctimas sintieron que se irrespet¨® su solicitud de expl¨ªcita no ser individualizadas ni referenciadas p¨²blicamente por asuntos de seguridad. La primera en levantar una protesta p¨²blica fue Mar¨ªa Victoria Fall¨®n, coordinadora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), y quien ha acompa?ado a las madres buscadoras de desaparecidos de la Comuna 13. Vocera de algunas familias denunci¨® en su cuenta de X a la JEP. Dijo que la entidad cruz¨® ¡°la l¨ªnea ¨¦tica pisando la ilegalidad¡± por cuenta del comunicado de prensa.

Fall¨®n explica, en una llamada telef¨®nica, que la gravedad del asunto yace en que la gente que vive en esa zona es f¨¢cilmente identificable. ¡°Gente de Comuna 13 nos llam¨® a decirnos que, efectivamente, ya se sab¨ªa qui¨¦nes eran las personas despu¨¦s del comunicado¡±. Dice enf¨¢ticamente que dos de las tres familias que acompa?a y asesora jur¨ªdicamente le han pedido que no se conozca la identidad de sus familiares, en caso de ser encontrados. ¡°Una de las familias me dijo que es muy duro que, tras de que le desaparecen a uno un ser querido, tambi¨¦n toque borrar de la memoria que fue encontrado porque todav¨ªa existe miedo¡±. Seg¨²n ella, la solicitud que hab¨ªan elevado ante la JEP y la UBPD era la de manejar los casos ¡°en la mayor intimidad posible¡±, antes de ser revelados.

Para Fall¨®n, quien durante m¨¢s de 25 a?os ha representado a las v¨ªctimas de casos de desaparici¨®n forzada, este delito reviste una complejidad particular, pues varios de los responsables no han sido judicializados ni responsabilizados por los hechos. Una fuente de la Unidad de B¨²squeda confirma que una de las familias de los cuerpos identificados ha pedido a esa entidad que no le haga la usual entrega de los restos. ¡°Nos pidi¨® a nosotros inhumarlo para que ellos no puedan ser identificados en medio de ese ritual, porque temen por su seguridad¡±, dice bajo la condici¨®n de anonimato, justamente para proteger a la familia. En esa misma llamada explica que la familia le ha contado que ha recibido tres llamadas intimidantes tras la publicaci¨®n del comunicado de la JEP.

Otra fuente de la Unidad de B¨²squeda confirma que la entidad ha recibido alertas de riesgo por la seguridad de los familiares. ¡°Son familias que siguen viviendo en la Comuna 13, en su mayor¨ªa, y en las que la situaci¨®n de conflicto no ha cesado¡±, cuenta. La Unidad ha enviado una comunicaci¨®n privada a la JEP en la que se aparta del comunicado. En la carta, que la fuente pidi¨® no citar textualmente, la instituci¨®n se?ala a la Jurisdicci¨®n de entregar detalles en exceso, y se?ala que las familias hab¨ªan pedido mantener la mayor confidencialidad de las identidades, que las afirmaciones en esos boletines no tienen soporte en los dict¨¢menes periciales de Medicina Legal y que las afirmaciones sobre los antecedentes judiciales de las v¨ªctimas identificadas son inapropiadas.

En respuesta a este caso, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha respondido a este diario que ¡°jam¨¢s ha habido intenci¨®n de afectar a las familias¡±. ¡°Para nosotros las v¨ªctimas y sus derechos son nuestra prioridad. Revisaremos si es necesario hacer ajustes en la materia¡±, explica. Menciona que desconoce de riesgos a la seguridad de las familias y explica que un magistrado, encargado del caso, se reuni¨® con las familias antes de publicar el comunicado, y se?ala todos esos temas [como la publicaci¨®n del comunicado] ¡°fueron analizados conjuntamente¡±. La UBPD tambi¨¦n ha emitido una respuesta sobre el tema: ¡°La Unidad de B¨²squeda de Personas dadas por Desaparecidas ha manejado toda la reserva confidencial y protecci¨®n de la informaci¨®n sobre la identidad de las v¨ªctimas que amerita este caso, al igual que el resto de acciones que se adelantan en el pa¨ªs, en concordancia con nuestro mandato humanitario y extrajudicial. Continuaremos en esta misma l¨ªnea, prevaleciendo los derechos de las familias, organizaciones y personas buscadoras¡±.