Solo el 13% de los militares mexicanos investigados por violar derechos humanos han sido sentenciados
La Secretar¨ªa de Defensa ha abierto en los ¨²ltimos 11 a?os 387 expedientes, de los cuales se han concluido 53
Los delitos cometidos por los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos han quedado pr¨¢cticamente sin castigo. Entre abril de 2007 y febrero de este a?o unos 387 efectivos de la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional (Sedena) han sido investigados a partir de?las recomendaciones que ha emitido la Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, solo el 13% (53) ha sido sentenciado. Los casos contenidos en los expedientes han sido por los delitos de homicidio, lesiones, tortura, violencia sexual, desaparici¨®n forzada, abuso de autoridad y detenci¨®n arbitraria, seg¨²n se desprende de la informaci¨®n elaborada por la Sedena bas¨¢ndose en datos de la CNDH.
La actuaci¨®n del Ej¨¦rcito mexicano en tareas de seguridad ha sido seriamente cuestionada desde el sexenio de Felipe Calder¨®n (2006-2012), cuando los militares fueron sacados a las calles para combatir al narcotr¨¢fico. Los organismos internacionales han denunciado como pr¨¢ctica ordinaria las torturas y los abusos. El papel que ha jugado el Ej¨¦rcito ha sido criticado por casos como el de Tlatlaya o el v¨ªdeo difundido por redes sociales en abril del a?o pasado, donde se ve c¨®mo dos militares y un polic¨ªa torturan a una mujer coloc¨¢ndole una bolsa de pl¨¢stico en la cabeza para asfixiarla. D¨ªas despu¨¦s, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, calific¨® el hecho como ¡°repugnante, lamentable y deplorable¡± y tuvo que salir a ofrecer una disculpa p¨²blica.?
A finales del a?o pasado se present¨® en el legislativo mexicano una propuesta para regular la actuaci¨®n de los soldados. La ley de seguridad interior busca reglamentar las tareas de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. Diversas organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la ley al considerar que podr¨ªa dar paso a la fuerza desmedida por parte de los soldados y se desatar¨ªa un aumento en las violaciones a los derechos humanos incrementando las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, los casos de tortura y de desaparici¨®n forzada.
En el sexenio de Felipe Calder¨®n Hinojosa las inconformidades ciudadanas en contra de la Sedena se incrementaron al registrar?7.441 quejas, seg¨²n informaci¨®n de la propia secretar¨ªa. En lo que va de la actual administraci¨®n se han presentado 2.585 quejas. En los ¨²ltimos dos sexenios, tanto de Calder¨®n Hinojosa como de Pe?a Nieto, la Comisi¨®n de Derechos Humanos ha dirigido a los altos mandos castrenses 125 recomendaciones que han desvelado las conductas il¨ªcitas de 387 militares. De ese total, 180 est¨¢n en calidad de indiciados, 128 han sido procesados, 8 absueltos y 18 se han dado a la fuga. Apenas 53 han recibido alg¨²n tipo de sentencia.
Un an¨¢lisis del centro Prodh a los expedientes emitidos por la CNDH a la Sedena arroja que en las recomendaciones ha habido 454 v¨ªctimas. En el 90% de los casos se documentaron graves violaciones a los derechos humanos. La entidad con mayor incidencia es Chihuahua (norte de M¨¦xico), que en el sexenio anterior fue una de las m¨¢s golpeadas por la violencia. Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, una asociaci¨®n que defiende los derechos humanos, afirma que en los ¨²ltimos diez a?os ha habido un incremento en los casos de violaciones por parte de los militares. Si antes de 2006 la CNDH emit¨ªa dos recomendaciones al a?o en contra de las fuerzas armadas, ahora emite entre 12 y 14.
La impunidad ha prevalecido en los casos que involucran al Ej¨¦rcito mexicano, afirma el activista. Uno de los motivos que explican por qu¨¦ solo el 13% de los soldados ha alcanzado una sentencia se debe a que antes del 2014 los militares acusados por civiles eran investigados por la propia justicia castrense. "Esto detonaba una falta de independencia de las autoridades a cargo de las investigaciones y terminaban en la impunidad", explica.
Aunque se crey¨® que la impunidad acabar¨ªa tras la reforma al C¨®digo de Justicia militar que obliga a que los miembros de las fuerzas armadas se?alados por alg¨²n delito sean investigados en tribunales civiles, no fue as¨ª. La impunidad sigue prevaleciendo, explica Aguirre, porque el Ej¨¦rcito sigue realizando las primeras diligencias en las indagatorias y tiende a encubrir los hechos. "Ha habido un incremento en las violaciones a derechos humanos, tenemos muchas averiguaciones previas por delitos, pero las sentencias siguen siendo sumamente exiguas frente al caudal de denuncias y quejas. Esto nos habla que en muchos de los casos no hay sanci¨®n para los responsables", expone.
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