Colombia y las FARC se dan dos meses m¨¢s para la aplicaci¨®n de los acuerdos

El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC se alarga. El calendario de aplicaci¨®n de los acuerdos, que hubiera tenido culminar esta semana al cumplirse 180 d¨ªas, ha quedado modificado por los retrasos log¨ªsticos de la transici¨®n de la guerrilla a la vida civil y la entrega de armas, que a¨²n no ha terminado. Las dos partes han acordado darse un nuevo plazo. La guerrilla tiene 20 d¨ªas m¨¢s para dejar el armamento en manos de la misi¨®n de Naciones Unidas desplegada en territorio colombiano. "Este tiempo adicional nos permitir¨¢ poner en marcha debidamente el proceso de reincorporaci¨®n", ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en una declaraci¨®n p¨²blica la noche del lunes, festivo en Colombia. "No es nada para terminar bien 53 a?os de enfrentamiento y violencia fratricida".

Las 26 zonas donde los excombatientes transitan a la vida civil desde el pasado enero se ampl¨ªan hasta agosto, es decir, 60 d¨ªas m¨¢s. "El 1 de agosto se convertir¨¢n en Espacios Territoriales de Capacitaci¨®n y Reincorporaci¨®n, en condiciones de plena normalidad institucional", se lee en un comunicado publicado posteriormente por la Comisi¨®n de Seguimiento del proceso en la que se sientan el Gobierno y las FARC. Estos lugares servir¨¢n para que los guerrilleros se sigan formando en diversos oficios, parar preparar proyectos productivos "en un modelo de reincorporaci¨®n comunitaria". Nuevas condiciones para las que amas partes tendr¨¢n que solicitar antes del 10 de julio al Consejo de Seguridad de la ONU que ampl¨ªe su misi¨®n en Colombia.

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Las razones del cambio en el calendario pactado durante cuatro a?os de conversaciones en La Habana se materializan sobre el terreno. La carretera que une Villavicencio, una ciudad a unas tres horas de Bogot¨¢, con el campamento en el que 600 excombatientes de las FARC se preparan para la vida civil recuerda a la guerra que termin¨® el pasado noviembre con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla. El Meta sigue siendo una de las regiones m¨¢s minadas del mundo. La insurgencia plag¨® estas tierras de explosivos para hacerse con el territorio. Ahora, trabajadores de la organizaci¨®n antiminas Halo Trust son el testigo de lo que queda de un conflicto de medio siglo.

Cuando los palos que demarcan la zona minada terminan, aparece la vereda de La Guajira. Una calle de tierra en el llano oriental colombiano, con menos de una decena de casitas a cada lado. Desde hace unos meses, los habitantes conviven con observadores de la ONU, miembros del Gobierno, la Polic¨ªa y de las FARC. Son los componentes del Mecanismo de Monitoreo y Verificaci¨®n responsables de que los guerrilleros del campamento cercano dejen las armas.

Los que durante 50 a?os se dispararon, ahora duermen bajo la misma carpa, a pocos cent¨ªmetros. Comparten el comedor y los ba?os port¨¢tiles. Se sientan en la misma mesa a decidir los temas del d¨ªa y a solucionar los incidentes que se encuentran en el camino a la paz. "Percib¨ª desde el primer momento un cierto grado de desconfianza del Gobierno como de las FARC", explica Juan Carlos Bertalo Peralta, miembro de la Armada y uno de los 18 observadores espa?oles desplegados en territorio colombiano. "Ha sido una barrera muy dif¨ªcil de superar. Hoy en d¨ªa convivimos con toda normalidad".

Pese a todo, el trabajo diario contin¨²a. Cristina S¨¢nchez Pedraza, inspectora jefe de la Polic¨ªa Nacional de Espa?a y observadora de Naciones Unidas se sienta cada ma?ana con el Gobierno y las FARC para mediar en los incidentes que trae aparejados este proceso. "Cuando sucede alg¨²n problema, entra Naciones Unidas, formando parte del tripartito. Lo que hacemos es tomar declaraci¨®n, hacer entrevistas a quien corresponda para tratar de saber qu¨¦ ha pasado en ese incidente", explica la polic¨ªa. "Hay d¨ªas que hay un poco de tensi¨®n, dependiendo del tema que estemos tratando. Pero es m¨¢s de lo que desde fuera podr¨ªa parecer. Hay muy buena voluntad de todas las partes de que esto siga hacia delante. Y esto es lo que predomina en todas las reuniones".

Durante la visita que EL PA?S realiz¨® a la sede de La Guajira ni los miembros del Ejecutivo ni los de las FARC quisieron acercarse a la grabadora. La excusa era la misma: "No tenemos permiso de los superiores". Aunque este diario realiz¨® las gestiones pertinentes, de nada sirvi¨® en una zona donde no se ha cumplido con el calendario marcado. El espacio donde el Mecanismo vive de manera temporal no est¨¢ acabado. El lugar donde centenares de guerrilleros deben prepararse para abandonar su vida de combatientes es exactamente igual al de su vida de combatientes. Es decir, no han llegado ni los materiales, ni las m¨¢quinas ni los trabajadores que deb¨ªan adecuar el campamento para recibir asistencia m¨¦dica y formaci¨®n. Tampoco hay zonas comunes para cocinar o para practicar deporte.

"Es evidente que ni en uno ni en dos ni en los meses que se acord¨® ya extender este per¨ªodo van a ser entregadas estas zonas", asegura Mat¨ªas Aldecoa, segundo responsable de las FARC en el Mecanismo. "El tema de la reincorporaci¨®n es muy complejo. Los guerrilleros vamos a dejar las armas, pero no tenemos d¨®nde vivir. No hay todav¨ªa una seguridad jur¨ªdica. Tampoco hay garant¨ªas de la seguridad personal, de protecci¨®n. Tampoco hay una garant¨ªa de la seguridad econ¨®mica, ?de qu¨¦ van a subsistir?".

"Somos conscientes de que ha habido algunos retrasos en la parte log¨ªstica. Pero en ninguna parte del acuerdo est¨¢ condicionada la entrega de armas a que los campamentos y las sedes est¨¦n listas", dice el contralmirante Orlando Romero Reyes, responsable del Gobierno ante el Mecanismo. Sus palabras se materializan sobre el terreno. En la zona de La Guajira no hay nada construido.

En un paseo por sus alrededores se pueden ver los fusiles de los guerrilleros con el c¨®digo de registro que la ONU ha usado para realizar un inventario que deja un saldo de unas 7.000 armas en los campamentos. Todo este material ser¨¢ depositado en contenedores que se est¨¢n instalando en las zonas veredales, como el que aparece a la salida del camino de tierra que conecta esta regi¨®n con la urbe m¨¢s cercana. Aunque el plazo para la entrega de los fusiles se ha ampliado 20 d¨ªas, estos almacenes permanecer¨¢n en las zonas hasta agosto.

La misi¨®n de Naciones Unidas tiene en su poder m¨¢s de 1.000 armas de miembros de las FARC que forman parte del mecanismo, de los guerrilleros que se capacitan para otorgar seguridad a la guerrilla, de aquellos que se dedicar¨¢n a hacer pedagog¨ªa de esta fase de la implementaci¨®n; y de los que trabajar¨¢n en tareas de desminado y erradicaci¨®n de cultivos il¨ªcitos como los de coca.

De manera paralela, la guerrilla y el Gobierno se preparan para llegar a 900 caletas, los zulos escondidos en la Colombia profunda donde se almacena el material pesado y explosivo. Ambas partes han elaborado un plan para la extracci¨®n y destrucci¨®n de este armamento: a partir del 1 de junio se establece un plazo de tres meses para conseguir este segundo objetivo. Si en este tiempo no se hubiera conseguido el desarme definitivo, "las caletas quedar¨¢n a disposici¨®n del Gobierno que contar¨¢ con la colaboraci¨®n de exintegrantes de las FARC para el desmantelamiento". Este trabajo no tiene una fecha l¨ªmite por el momento.