La fiscal general de Venezuela discrepa con el Gobierno sobre las muertes en las protestas

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega D¨ªaz, denunci¨® este mi¨¦rcoles m¨²ltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado durante el control de las protestas que desde el 1 de abril han tomado las calles de diversas ciudades y refut¨® las versiones del Gobierno sobre las muertes ocurridas en los enfrentamientos.

M¨¢s informaci¨®n

Dos muertos en la provincia natal de Ch¨¢vez al reanudarse las protestas en Venezuela

La titular del Ministerio P¨²blico asegur¨® que m¨¢s de la mitad de los lesionados durante los disturbios ¡ªunos 1.000, seg¨²n sus registros¡ª fueron provocados por los organismos de seguridad. La fiscal certific¨® que en los des¨®rdenes han muerto 55 personas, siete de ellas el lunes, solo en el Estado de Barinas (provincia natal de Hugo Ch¨¢vez). Tres de los fallecidos eran funcionarios del orden p¨²blico y el resto, civiles.

Ortega D¨ªaz dijo que 19 agentes han sido imputados por su presunta vinculaci¨®n con violaciones graves a los derechos humanos. Se detuvo en el relato de la investigaci¨®n sobre la muerte de Juan Pernalete, el 28 de abril en una manifestaci¨®n en la plaza Altamira, en el este de Caracas, que el Gobierno ha insistido en que se produjo por el disparo de un arma artesanal detonada por otro manifestante. La fiscal revel¨® que las investigaciones han determinado que Pernalete muri¨® por el impacto en el pecho de una bomba lacrim¨®gena lanzada por un oficial de la Guardia Nacional.

"La normativa nacional e internacional proh¨ªbe que las bombas lacrim¨®genas sean arrojadas directamente a las personas", enfatiz¨® la fiscal, que pidi¨® a los agentes que "act¨²en acorde con la normativa". Mencion¨® m¨²ltiples denuncias que su oficina ha recibido contra efectivos militares que participaron en saqueos.

La jefa del Ministerio P¨²blico exhort¨® a los actores pol¨ªticos a "evitar especulaciones sobre los m¨®viles de las muertes ocurridas por hechos de violencia", en alusi¨®n a las repetidas transmisiones a trav¨¦s de los medios oficiales de v¨ªdeos y supuestas pruebas periciales que de manera regular achacan las muertes de manifestantes a sus propios copartidarios. Ortega D¨ªaz reiter¨® que la Fiscal¨ªa es el ¨²nico ente encargado de establecer las responsabilidades en los hechos.

Tambi¨¦n hizo referencia a los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos. El Ministerio P¨²blico ha abierto 16 investigaciones sobre casos donde grupos civiles armados instigaron a la violencia. Por ¨²ltimo, Ortega D¨ªaz repudi¨® la pr¨¢ctica ya institucionalizada por el Gobierno de llevar a detenidos en las protestas ante autoridades de la justicia militar. "Las personas tienen derecho a ser juzgadas por sus jueces naturales", insisti¨®, y dijo que de siete investigaciones iniciadas por sometimiento a la justicia militar, ya se ha pedido la declinatoria de competencia en dos de ellas.

La fiscal conden¨® la violencia "venga de donde venga" y record¨® que las manifestaciones pac¨ªficas son un derecho "y el Estado debe garantizarlo". El Ministerio P¨²blico adelanta 1.479 investigaciones por los hechos de violencia desde el 1 de abril, 1.329 por delitos contra las personas y 150 por delitos contra la propiedad.

En un contexto de erosi¨®n del oficialismo, las declaraciones de Ortega D¨ªaz ¡ªen el cargo desde 2007¡ª adquieren especial relevancia. La fiscal luci¨® por mucho tiempo como una simple ejecutora de las operaciones de retaliaci¨®n pol¨ªtica ordenadas por el Ejecutivo.