Los asesinatos de l¨ªderes sociales no se detienen en Colombia

A Ezequiel Rangel le dispararon tres veces. Ten¨ªa 35 a?os, dos hijos y era l¨ªder de una asociaci¨®n campesina. Su nombre fue escrito la semana pasada en la lista de asesinatos de l¨ªderes en Colombia. Un doloroso conteo en un pa¨ªs que se supone ha empezado el camino hacia la paz. Nadie sabe exactamente cu¨¢ntos van. La indiferencia los golpea, incluso despu¨¦s de muertos. La Defensor¨ªa del Pueblo habla de 52 de enero a junio, la ONU registraba 41 hasta mayo. ¡°M¨¢s all¨¢ de los n¨²meros, el tema es que s¨ª hay una violencia focalizada y se agudiz¨® en algunas zonas con la salida de las FARC¡±, dice Carlos Guevara de Somos Defensores, que calcula 51 homicidios en los ¨²ltimos seis meses.

¡°El Estado deber¨ªa ser el responsable de documentar los casos. Los homicidios contra l¨ªderes comunitarios y campesinos han aumentado. La violencia se est¨¢ transformando despu¨¦s del desarme de la guerrilla¡±, explica Guevara. Colombia es testigo de un oscuro cap¨ªtulo que, como casi siempre, afecta a las regiones apartadas, a los vulnerables. ¡°El pa¨ªs no aguanta el asesinato de un l¨ªder social m¨¢s¡±, dijo hace unas semanas el Procurador, Fernando Carrillo Fl¨®rez. Ante la alerta, Naciones Unidas aprob¨® como una de sus funciones verificar las condiciones de los l¨ªderes de los exguerrilleros. Este a?o han aumentado en 33% los homicidios y en 35% las amenazas frente a 2016. ¡°La violencia hacia este sector de la poblaci¨®n es hist¨®rica, as¨ª como ha sido su invisibilidad¡±, reitera el vocero de Somos Defensores. Denuncia impunidad. Tantos muertos y solo cinco sentencias de la justicia.

Los asesinan en la noche y en la ma?ana. Casi siempre cerca de sus casas, a balazos, por sicarios. Las caracter¨ªsticas son similares, sin embargo, en Colombia, al menos oficialmente, no se habla todav¨ªa de que sea algo sistem¨¢tico. Despu¨¦s del exterminio de la Uni¨®n Patri¨®tica (UP), la formaci¨®n pol¨ªtica que naci¨® en los ochenta tras un proceso de paz, el pa¨ªs est¨¢ siendo testigo de estos asesinatos con el temor de que ocurra lo mismo. ¡°La gran mayor¨ªa de los homicidios y amenazas se han registrado en zonas donde antes estaban las FARC. La sociedad y el Estado tendr¨¢n que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir¡±, sostiene el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, que habla de 186 homicidios desde enero de 2016.

¡°Ac¨¢ no se han combatido de fondo los poderes reales en las regiones. Las FARC cumplieron y se retiraron, pero el Estado no lleg¨®¡±. Guevara se refiere a las econom¨ªas legales e ilegales que quedaron sin control con la salida de la guerrilla y al ¡°obst¨¢culo¡± que representan los l¨ªderes. ¡°Son una piedra en el zapato, no por ser de derecha o de izquierda sino por estar en el medio de quienes quieren tener el poder en el territorio¡±.

Seg¨²n la Fiscal¨ªa, hay al menos cien personas vinculadas a procesos legales y 71 privadas de la libertad, se?aladas como posibles autores materiales de los asesinatos. Aunque es un avance, los l¨ªderes cuestionan que no haya unidad en la forma c¨®mo se est¨¢n clasificando esas muertes. La Federaci¨®n internacional de derechos humanos ha mostrado preocupaci¨®n por ¡°la persistencia de elevados niveles de impunidad¡±. Falta justicia y acompa?amiento a las v¨ªctimas. ¡°No hay ninguna instituci¨®n del Estado que haga seguimiento a las familias de los l¨ªderes asesinados. Muchos son desplazados¡±, agrega Guevara.

A los l¨ªderes, que desde antes del proceso de paz lucharon por una salida pol¨ªtica al conflicto, los est¨¢n matando. Su trabajo para hacer algunos territorios menos violentos les est¨¢ costando la vida. A Alicia L¨®pez Guisado la asesinaron en un taxi, a Eider Cuet¨ªa hombres encapuchados le dispararon desde una moto, a Alvenio Rosero lo mataron en su propia casa, tambi¨¦n a balazos. ¡°Condeno de la manera m¨¢s en¨¦rgica todos los atentados de los que han sido v¨ªctimas l¨ªderes sociales. No vamos a dejar ning¨²n caso en la impunidad", ha asegurado el presidente Juan Manuel Santos, que vive su ¨²ltimo a?o de mandato. Los defensores de derechos humanos esperan que alcance a cumplir su promesa.